Política

ACTUALIDAD Y POLITICA …. ACTUALIDAD Y POLITICA ….

EN CAPILLA

Tal como ocurre en Chimbote, los funcionarios y ex funcionarios públicos que han llegado al banquillo de los acusados ya no saben que hacer para dilatar los procesos y una de sus maniobras preferidas es obligar a los abogados a “enfermarse” para que se posterguen las audiencias. Esto es algo que el Poder Judicial debe comenzar a evaluar para que se adopten medidas firmes contra las leguleyadas, tal como ha ocurrido en Huaraz, en donde el pasado viernes se frustró la continuación del juicio oral que se sigue contra el gobernador regional Waldo Ríos Salcedo, por la compra sobrevalorizada de materiales eléctricos en la época en que fue alcalde y en donde, de pronto, ha dirigido un revelador testimonio que lo hace tambalear en el cargo. Justamente, con la ausencia del abogado de uno de sus co-investigados, el gobernador consiguió que se frustre la continuación del interrogatorio del proveedor Joaquín Santiago Romero, quien en audiencias anteriores ha ratificado que entregó personalmente diezmos a Waldo Ríos Salcedo, incluso, lo hizo algunas veces a su padre para poder garantizar que se le adjudiquen la provisión de servicios. El testimonio de este proveedor es una verdadera bomba, los aúlicos de Waldo Ríos lo atacan diciendo que es parte de una maniobra de sus enemigos porque sale a denunciar después de 17 años, empero, el Ministerio Público sabe que tiene una prueba privilegiada entre manos, por ello ha adelantado que en la audiencia que debe continuar el día de hoy martes planteará a la Sala Penal Liquidadora, que tramita este caso, que el testimonio de Joaquín Santiago se remita a la fiscalía anticorrupción a efectos que se someta a una pesquisa con las reglas del nuevo código procesal penal, que se someta a los plazos más cortos que prevé ese juzgamiento. Lo cierto es que si este testimonio pasa a un nuevo procedimiento se podrá solicitar la prisión preventiva de Waldo Ríos, mientras que en el juicio de la sala una posible sentencia será impugnada y deberá remitirse a la Corte Suprema que demora unos 6 a 8 meses para pronunciarse. Lo cierto es que “por angas o por mangas”, el gobernador Waldo Ríos está nuevamente en capilla.

INSEGURIDAD

Visiblemente incómodo, el Jefe de la división Policial, Coronel Juan Martínez Arroyo, rechazó anteayer las suspicacias que se han generado como consecuencia que se perpetrara un robo de equipos de un Laboratorio Clínico que se encuentra ubicado a solo media cuadra de la sede policial, precisando que si estos robos se producen es por responsabilidad de los propios propietarios que no disponen de medidas de seguridad adecuadas para sus establecimientos y la dejen muy fácil a la delincuencia. “Nosotros no podemos poner a un Policía en cada establecimiento” dijo en tono contrariado. En realidad no sabemos quién pretende que coloque un policía en cada inmueble, solo un perfecto estúpido puede pensar de esta manera, empero, lo que se cuestiona en este caso a la Policía es que a pocos metros de su sede principal, de su base central en Chimbote, en donde se supone existen efectivos en custodia permanente, se registre un robo de equipos sin que nadie se haya percatado absolutamente de nada. Aquí lo que está en juego es la acción de la delincuencia, su actitud desafiante que nos notifica a todos los Chimbotanos que les importa un bledo la Policía, que ellos pueden robar en la casa vecina de una comisaría y no pasa nada. Ese peligroso mensaje es que ha generado la reacción de muchas personas para cuestionar que se registre un robo tan cerca a la sede policial, nadie pretende que se coloque policías en todos los inmuebles de Chimbote pero que por lo menos que no se permita que la delincuencia rebase moralmente a nuestra institución tutelar. Este hecho, aun cuando el coronel no quiera reconocerlo, lo único que consigue es afianzar el clima de inseguridad que se vive en Chimbote.

SANCION

A propósito de la División Policial hay quienes se preguntan hasta cuando se mantendrá en esta condición de tener una jefatura accidental por la sanción que se le impusiera a su titular el Coronel Miguel Acuña Gallo. Ello porque al anunciarse la remoción del mencionado Jefe Policial se dijo que se trataba de una medida temporal, era juna separación de 15 días mientras era investigado en torno a un acto indisciplinario generado de quejas por parte de otros oficiales de dependencias de Chimbote, empero, eso ocurrió el 23 de Mayo, ya ha transcurrido más de un mes y hasta el momento no se sabe si realmente volverá o es que la sanción fue definitiva. Esperemos que hayan noticias sobre esto para que se consiga la estabilidad en la conducción de la institución tutelar en Chimbote.