El nuevo juicio oral en el caso de la desratización y fumigación en la Sub Región El Pacífico por fin pudo instalarse ayer, a pesar del intento de uno de los imputados de suspenderlo, bajo lo coartada de que no había venido su abogado, sin embargo, una rápida acción de los miembros de la Sala Penal de Apelaciones, permitió que se supere dicho impase.
Por esa razón, ayer en el curso de la audiencia, se escuchó la acusación reformulada que realizó el Ministerio Público que ha solicitado para todos los imputados una pena privativa de la libertad de 15 años por la presunta comisión del delito de colusión, pero además, otras acusaciones paralelas, para algunos de los imputados, por los delitos de peculado y falsificación de documentos en general en la modalidad de falsedad ideológica.
Además, los abogados de los imputados presentaron sus nuevas pruebas y plantearon una serie de recursos de excepción de improcedencia de acción, los mismos que empezarán a discutirse como cuestión previa, antes de ingresar a la etapa propiamente dicha de enjuiciamiento, donde se exhibirán nuevas documentales, diversos testimonios y se realizará el contradictorio entre las partes procesales.
Previamente, el imputado Wilmer Alcántara Huertas comunicó al colegiado que su abogado Jhon Jara no había acudido a la audiencia, y, por lo tanto no podía quedar sin defensa técnica, solicitando que se reprograme la misma hasta que señale nuevo letrado. Este pedido fue rechazado por la Sala Penal Liquidadora, quienes subrogaron al abogado y lo multaron con una Unidad de Referencia Procesal (390 soles), además de convocar a una abogada de la Defensoría Pública para que participe en la instalación del juicio oral.
La Fiscal Superior Carla Zuloaga quien tuvo como interconsulta a su colega Carmen Trujillo Marcelo, leyó su nueva acusación fiscal que compromete a los exfuncionarios de la Sub Región El Pacífico, Luis Arroyo Rojas, Luis Caipo Paredes, Jorge Meléndez Iberico, Yony Benites Saldaña, Marco Vásquez Anticona, Óscar Salgado Olivo, Erodito Quirino Salinas Alayo y Miguel León Estrada como autores del delito de colusión.
Además acusó a los empresarios Tomás Edinson Naucapoma Reyes, Wilmer León Portatalino, Santiago Humberto Reyes Ascenjo y Wilder Alcántara Huertas como cómplices primarios del delito de colusión; solicitando para estos doce imputados se les imponga a cada uno de ellos, quince años de pena privativa de la libertad.
Asimismo, la Fiscalía acusó a Luis Arroyo Rojas, Luis Caipo Paredes, Yony Benites Saldaña y Marco Vásquez Anticona como autores del delito de peculado y a los empresarios Tomás Edinson Naucapoma Reyes, Wilmer León Portatalino, Santiago Humberto Reyes Ascenjo y Wilder Alcántara Huerta como cómplices primarios de este mismo delito, so,licitando que se les imponga una sanción de 6 años ese pena privativa de la libertad.
Por último, se acusó a Erodito Quirino Salinas Alayo y Miguel Ángel León Estrada de la presunta comisión del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de falsedad ideológica y se solicitó una pena de 6 años de prisión efectiva. En el caso de Santiago Reyes Ascenjo, su defensa técnica solicitó la prescripción del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y fue declarado fundado por el colegiado.
La Fiscalía ha solicitado una reparación civil de 250 mil soles, sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción del Santa mantuvo su criterio de exigir una reparación de 5 millones de soles; lo cual se dilucidará en el curso del juicio oral.
Entre las nuevas pruebas presentadas por los abogados figura la presentación de un peritaje de parte en la que supuestamente se demostrará que no se generó perjuicio al erario regional. Igualmente se solicitó que cite colmo testigos a la exdirectora del Hospital La Caleta, Juana Arroyo Bazán, al secretario del COPROSEC, de donde habría salido el pedido para que se disponga la fumigación, entre otras pruebas.
Este juicio oral proseguirá el viernes 22 de julio a las 9 de la mañana debiendo concurrir todos los imputados bajo apercibimiento de declararlos reo contumaz y revocarse su comparecencia con restricciones por mandato de detención, tal como sucede actualmente con Erodito Salinas Alayo, quien es el único que permanece prófugo de la justicia, pues se le revocó la comparecencia que tenía por no cumplir las reglas de conducta.
Se investiga a estos exfuncionarios de la Sub Región El Pacífico de haberse coludido con un grupo de empresarios para direccionar un millonario proceso de fumigación y desratización, que según Contraloría, no se ejecutó tal como está previsto, generando un perjuicio de más de 3 millones de soles en agravio del Estado.