La Fiscalía Anticorrupción del Santa verificó la mañana de ayer el domicilio fiscal de la empresa Consorcio Casco Urbano en la Urbanización Casuarinas segunda etapa y comunicó dicha información al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria para que remita las cédulas de notificación en este inmueble y pueda continuar la audiencia para comprenderlo como tercero civilmente responsable por el caso “veredas del casco urbano- MPS” que se suspendió el último lunes 15, justamente por no haber emplazado adecuadamente a dicha empresa para que participe en la diligencia.
El Fiscal Mario Muñoz Villanueva y la perito Sheila Legendre Salazar se apersonaron al inmueble que figura como domicilio fiscal según el RUC anotado en la SUNAT y comprobaron que se trata de un inmueble de 4 pisos que consigna la dirección Manzana F2 lote 18 en la urbanización Casuarinas segunda etapa, procediendo a levantar el acta correspondiente, donde se confirma que la dirección consignada en SUNAT si existe y es allí donde se deben remitir las notificaciones para que participen en la audiencia pública.
Los representantes del Ministerio Público explicaron al “Diario de Chimbote” que al haberse verificado que la dirección fiscal de Consorcio Casco Urbano Chimbote III, que figura en SUNAT, si existe; se procederá a comunicar al despacho del Juez Eudosio Escalante Arroyo para que proceda a notificarlos y se pueda realizar sin ningún inconveniente legal la audiencia para que sean comprendidos como terceros civilmente responsables en la investigación de las veredas del casco urbano- MPS que ya ingresó a la fase de control de acusación.
La Fiscalía ha solicitado que Consorcio Casco Urbano y las empresas que la integran FABRIC y BEREA, sean consideradas como terceras civilmente responsables de los actos colusión de sus representantes legales en agravio del Estado y por ende también respondan por la reparación civil que pudiera determinarse en el supuesto caso que este proceso llegue a juicio con una sentencia condenatoria.
Por esa razón, el último viernes 15 de julio se realizó la audiencia pública para que sean comprendidos como terceros civilmente responsables, sin embargo, la misma no se pudo realizar en virtud que la cédula de notificación a la empresa Consorcio Casco Urbano III no había regresado con la certificación de recepción, en la medida que se había enviado a Lima, a una dirección antigua que figuraba como domicilio fiscal.
Tanto el representante de la Fiscalía como de la Procuraduría advirtieron en la misma audiencia que según la ficha RUC de la SUNAT, existía una dirección vigente y nueva en la manzana F2 lote 18 de la urbanización Casuarinas, razón por la cual solicitaron autorización al Juez Eudosio Escalante Arroyo para realizar una diligencia de inspección y verificación.
Esto fue lo que ocurrió ayer miércoles, con lo cual quedó definido que está dirección si es la correcta y es allí donde se les debe emplazar para que acudan a la audiencia donde se discutirá si se les comprende o no, como terceros civilmente responsables. Una vez que dilucide esta pretensión, el Juez Eudosio Escalante Arroyo estará en condiciones de programar la fecha de la audiencia de control de acusación para discutir si la investigación concluida por la Fiscalía pasa o no a juicio oral.
HECHOS IMPUTADOS
En la investigación por colusión en la adjudicación y ejecución de las obras de las veredas del casco urbano, la Fiscalía ha solicitado se le imponga 8 años de prisión efectiva a la exgerente municipal Roxana Palacios Alí en calidad de autora y 7 años y seis meses de prisión efectiva a las empresarias Luz Margot Oliveros Basauri y Teófila del Pilar Desposorio Chasín en calidad de cómplices primarios.
Además, la Fiscalía acusó formalmente al ingeniero residente de la obra, Juan Carlos Lima Leandres como cómplice primario, para quien pidió 7 años y seis meses de prisión efectiva; a su asistente Ing. Ricardo Elías Villafana Espichán como cómplice secundario y al arquitecto Jaime Alexis Marín Vílchez, en calidad de supervisor de la obra, para quienes solicitó se les imponga 6 años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento (archivo) de la investigación para los exfuncionarios ediles José Alberto Barreto Rojas, José Luis Luna Méndez y Efraín Froilán Arellano López, integrantes del comité especial que licitó la buena pro de la obra de mejoramiento de pistas y veredas del casco urbano, así como para el empresario Raúl Ángel Milla Villafana, representante legal de una de las empresas consorciadas ganadoras de la buena pro (FABRIC), pero quien solo habría participado para aportar experiencia y documentos que ayuden a obtener una mayor calificación en el proceso.
Fiscal Mario Muñoz y Perito Sheila Legendre Salazar ayer en inspección y verificación.