El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que realice una pronta indagación respecto de las decisiones judiciales adoptadas por el Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho y la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima Norte, a fin de evaluar si los jueces que la conforman incurrieron en inconducta funcional.
En oficio N° 4812-2016-SG-CS-PJ, la autoridad judicial le pide a la jefa de la OCMA, doctora Ana María Aranda Rodríguez, que proceda de acuerdo con sus atribuciones e informe a la brevedad sobre las medidas adoptadas.
El doctor Ticona Postigo manifestó que el órgano de control debe investigar a profundidad los casos referidos a los procesados Adriano Pozo Arias y Rony García Guzmán y si los magistrados incurrieron en responsabilidad funcional reciban una drástica sanción.
La acción del titular del Poder Judicial fue respaldada en sesión del Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que se realizó esta mañana.
En atención al requerimiento del doctor Ticona Postigo, la jueza suprema titular Aranda Rodríguez informó que la Unidad de Prevención Especial de la OCMA inició las investigaciones sobre el proceso penal de lesiones seguido por Cindy Contreras Bautista contra Pozo Arias, que se tramita ante el Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho.
Del mismo modo, reportó que se encargó a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Lima Norte que proceda conforme con sus atribuciones sobre el proceso que Lizet Socla Guillen siguió contra García Guzmán en la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima Norte.
El doctor Ticona Postigo precisó que en ambos casos se tratan de resoluciones judiciales no definitivas, por cuanto pueden ser apeladas ante la instancia superior que evaluará el caso y, en su momento, emitirá la resolución correspondiente.
Finalmente, exhortó a las autoridades y medios de comunicación a tratar el tema con ponderación, responsabilidad y respeto a la institucionalidad del Poder Judicial, como corresponde en un Estado constitucional de derecho.