SENTENCIA
Los ex funcionarios y empresarios que fueron condenados anteayer martes en la Sala Penal Liquidadora se mostraron sorprendidos y hasta reclamaban a sus abogados por que los estaban enmarrocando y trasladando al Penal de Cambio Puente. Ello porque llegaron a la audiencia solo para cumplir con la formalidad de la notificación y en el entendido que la sentencia se dictaría todavía el martes 20, como lo había adelantado la misma Sala. Sin embargo, los jueces superiores no señalaron que se citaba para el día 20 para dictar sentencia, lo que hicieron fue proyectar el curso de las audiencias, hace tres semanas atrás y, de acuerdo a las etapas que estaban pendientes proyectaron realizar tres audiencias más, una para culminar los interrogatorios a testigos, la siguiente para la lectura de piezas y alegatos de clausura y la tercera, que sería el martes 20, para leer la sentencia final. Sin embargo, eso era solo una proyección, lo que sucedió es que avanzaron y los alegatos concluyeron cuando estaban en condiciones de dictar la sentencia anteayer martes y así lo hicieron. Eso no tiene nada de ilegal, por el contrario, en una administración de justicia en donde los propios abogados reclaman y hasta se quejan porque hay mucha dilación en los trámites judiciales, no pueden estar cuestionando el hecho que los vocales de la Sala decidieran dictar su fallo el último martes. Por lo demás, es necesario que los órganos judiciales tomen las medidas necesarias para garantizar la presencia de los procesados, pues cuando se suele notificar para sentencia y el acusado percibe que tiene todas las de perder y podría terminar tras las rejas, lo que hace es ausentarse y eso atenta contra la buena marcha de la administración de justicia. Lo destacable que es que la Sala ha podido compulsar que en este caso de la desratización todos estuvieron involucrados, incluso, aquellos dos que quisieron pasar piola como supuestos colaboradores y evitar la canasta enlodando al ex gerente de la sub región, sin embargo, terminaron con las “patas de los caballos”, pues su propios coacusados terminaron desmintiéndolos y desenmascarándolos. Creemos que por esa sola pretensión merecían penas mayores.
EXPUESTO
Hace unos días el Jefe de la División Policial de Chimbate, coronel Juan Martínez Arroyo, declaró a los medios que a pesar que en el caso del gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Santa, Omar Tamayo Quiliche, se ha denunciado un hecho de extorsión que no es típico en la medida que no le exigen dinero sino otra clase de exigencias bajo amenaza de muerte, de todas maneras iban a investigar ese hecho porque de por medio existen conflictos de índole laboral que obliga a proteger al funcionario. Tal parece que sus efectivos no leyeron sus declaraciones o no tienen la misma percepción que el máximo jefe policial, pues ayer el mismo funcionario edil señalaba mortificado que los ciudadanos están expuestos ante la delincuencia pues finalmente ninguna entidad le quiso recibir su denuncia y sigue recibiendo las amenazas de desconocidos que pretenden atentar contra su vida, al parecer, por haber puesto orden dentro de la municipalidad. El funcionario explicaba que en la SEINCRI le dijeron que no podían recibirle la denuncia porque no le exigían dinero y no había extorsión, por lo que le aconsejaron que vaya a la fiscalía de Prevención del delito. En esta dependencia le dijeron que no podían recibir su denuncia porque no sindicaba a persona alguna. Regresó entonces a la Comisaria de Santa en donde le negaron recepcionar la denuncia porque este era un caso para la gobernación y lo que tenía que pedir era garantías personales. Esto quiere decir que cualquier persona está a seguir acosado y hostilizado por desconocidos y la Policía ni la Fiscalía mueven un solo dedo para investigar quienes tienen amenazado de muerte al funcionario. Nosotros preguntamos al Coronel Martínez ¿Qué pasaría si el funcionario sufre un atentado? ¿Quién sería el responsable por haberlo dejado expuesto como blanco para la delincuencia. La verdad es que nos sorprende sobremanera todo esto.
COMANDO
El ex presidente regional César Álvarez Aguilar no pierde la costumbre de sacarle la vuelta a la ley y los recursos del estado, pues en Huaraz le están reclamando que pague los aranceles de la defensa pública de la que ha hecho uso. Ocurre que en la sede regional no ha acreditado a abogados, ha recurrido a la defensoría pública pero después de tomar los servicios de un letrado no ha cancelado los derechos por este servicio y el responsable de esta dependencia le viene reclamando. Dicen que ha alegado que carece de recursos pero en Huaraz saben que el encarcelado ex presidente regional hace uso de abogados de bufetes exclusivos en la capital de la república, por ello han precedido a iniciar acciones coactivas para cobrar lo que está adeudando. Vaya, vaya.