Las Fiscalías anticorrupción de Chimbote se ven apremiadas y angustiadas en este momento como consecuencia de la acumulación de carpetas fiscales y expedientes de investigaciones que no solo han sido dilatadas sino que se dejaron virtualmente abandonadas a su suerte y hoy la autoridad judicial les reclama casi al unísono que emitan pronunciamiento respecto a cada una de ellas.
Primero fue el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia, quien demandó ante el Juez anticorrupción que convoque a audiencias de control de plazos en medio centenar de carpetas fiscales que corresponden a investigaciones preliminares que se encuentran con plazos concluidos, algunas de ellas con uno, dos y hasta tres años sin que se haya expedido el pronunciamiento correspondiente.
Luego ha sido el propio Juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria quien ha emplazado mediante sendas resoluciones a las Fiscalías anticorrupción para que emitan pronunciamiento en los expedientes que contienen investigaciones preparatorias que, igualmente, se encuentran con plazos vencidos y el representante del Ministerio Público no ha formulado disposición alguna.
En este último caso el magistrado también ha accionado respecto a 50 expedientes pero ha dejado sentado que se trata de unas 80 pesquisas que se encuentran en esta situación, una cifra similar a las investigaciones preliminares a las que se refirió el Procurador.
Este preocupante escenario., ciertamente, vislumbra un deficiente accionar por parte de los representantes del Ministerio Público, no dice nada bien de la celeridad que su supone deben velar en cumplimiento del nuevo modelo procesal penal y deja sembrado en el ambiente una inquietante indolencia para llevar los juicios que ameritan que se tramiten conforme a lo que establece el procedimiento.
Sin embargo, la Presidenta de la Junta de Fiscales, Dra. Nancy Moreno, no ha querido reconocer la responsabilidad funcional que compete a sus Fiscales y ha manifestado la semana pasada que esto es consecuencia de la complejidad de cada uno de los casos, así como a la carencia de los recursos logísticos y humanos como para poder atender una carga procesal que sobrepasa las posibilidades de los magistrados, descartando que las investigaciones se encuentren “encarpetadas”.
Pero la Dra. Moreno Rivera no solo ha justificado el accionar de sus Fiscales, sino que apelando a la mediocridad de la que hacen gala los políticos, dejó de lado el mensaje y se preocupó del mensajero, la emprendió contra el procurador anticorrupción que fue el que hizo el pedido de control de plazos y lo acusó de no coadyuvar a las investigaciones convirtiéndolo en cómplice directo de la paralizaciones de esas carpetas fiscales.
“El Procurador es un representante del Estado y por lo tanto debe coadyuvar a las investigaciones, aportando los medios de prueba, solicitando que se actúe tal o cual acto de investigación, ellos son parte del proceso, es el agraviado. Cada quien tiene un rol, nosotros tenemos la carga de la prueba, pero también el Procurador debe coadyuvar a que las investigaciones sean eficientes” señaló la representante del Ministerio Público en Chimbote.
Cierto es que el procurador representa a los intereses del estado, es más representa en nuestra provincia al Sistema de Defensa Jurídica del estado, en consecuencia es el abogado que defiende en juicio los intereses del Estado peruano, empero, esta condición no le impone obligaciones como para impulsar o dirigir las investigaciones.
De allí que esta es tarea de un Fiscal, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba y como tal es quien debe llevar adelante las pesquisas cuidando que ellas respeten el debido proceso y los plazos que señalan las normas para cada uno de ellos.
Lamentablemente, el rol de los Fiscales especialmente en los casos anticorrupción ha sido decepcionante en los últimos meses, no solo en lo que se refiere a las dilaciones que se advierten ahora sino al desempeño en el juicio propiamente dicho, los jueces los han dejado muy mal parados, reiteradamente les han devuelto las carpetas para que subsanen omisiones, para que corrijan defectos y hasta les han advertido que si es que no proceden como señala la ley procesal los casos podrían ser archivados.
Basta recordar que una Juez se vio en la necesidad de subrogar a un fiscal y aun cuando su decisión fue revocada por la Sala Penal sus motivaciones eran correctas y por ello debió ser una Fiscalía quien separe al Fiscal porque no estaba observando una conducta procesal adecuada en el desarrollo del proceso.
Esto lo advertimos los medios de comunicación en reiteradas oportunidades y exhortamos a la Presidenta de la Junta de Fiscales que asuma los correctivas a efectos que, finalmente, no se perjudiquen las investigaciones, sin embargo, como ha ocurrido en esta ocasión solo recibimos respuestas altisonantes, malas caras y fastidio e incomodidad cuando lo que se buscaba es enrumbar la labor de los representantes del Ministerio Público.
Hoy el tiempo nos da la razón, por lo menos la Procuraduría y el Juez anticorrupción han puesto de manifiesto que el desempeño de los fiscales es errático, si bien es cierto existe complejidad en los procesos así como carencia de recursos humanos y logísticos, elloÂÂ puede dar lugar a una demora que estriba en algunas semanas y hasta meses, empero, cuando se observa que las dilaciones de las investigaciones y la paralización de las pesquisas son del orden de uno, dos y hasta tres años, eso ya es una deficiencia funcional.
Pretender atacar al funcionario que puso al descubierto esta situación es solo una muestra de mediocridad, la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera tiene la idea equivocada que demostrando la presunta ineficiencia del procurador podrá justificar el mal accionar de sus Fiscales, es como pretender tapar el sol con un dedo o como dice el conocido adagio popular, es como justificar con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”. Ojalá entienda que si las Fiscalías anticorrupción han sido puestas contra la pared es por absoluta responsabilidad de ellos y de nadie más.