Tres exfuncionarios quedaron excluidos en dos hechos:
Caso podría caerse. Duras críticas tuvo ayer el Juez de Investigación Preparatoria Eudocio Escalante Arroyo a la Fiscal Anticorrupción Angélica Bayes Antúnez, al aceptarle el pedido de sobreseimiento (archivo) formulado contra los tres integrantes del Comité de Adjudicaciones y dejar virtualmente en el aire, el presunto delito de colusión, atribuido ahora únicamente al alcalde Juan Gasco Barreto, a su ex gerente municipal Rodolfo Barrantes Reyes y a los empresarios Julio Borja Wong, Juan Justín Galarza Valdivia y Florinda Ramírez Chavez.
Escalante Arroyo cuestionó el pedido del Ministerio Público porque si los integrantes del comité de adjudicaciones si hicieron bien su trabajo y llevaron adelante un proceso de selección sin ninguna ilegalidad, entonces cómo se explicaría el accionar ilícito de los extraneus (empresarios), quienes habrían hecho las cosas bien para lograr las adjudicaciones.
El propio magistrado, reconoció ayer durante el debate de la audiencia de control de acusación del “caso Gasco” que el Ministerio Público es el que impulsa la investigación y establece los elementos de convicción de su acusación, razón por la cual, muy a pesar de sus diferencias, tuvo que declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento (archivo) en contra de los imputados Carlos Balarezo Rueda, Marco Mestanza Arroyo y Eliseo Alva Flores por las obras ejecutadas por Menor Cuantía de Villa María y Los Portales.
Además, el magistrado declaró infundada la oposición formulada por el Procurador Anticorrupción Richard Asmat Urcia al pedido de sobreseimiento, porque dijo que disponer un nuevo plazo de investigación atentaba contra el principio del plazo razonable de la investigación.
Con esta decisión, Carlos Balarezo Rueda, Marco Arroyo Mestanza y Eliseo Alva Flores quedaron fuera de la investigación en los cuestionamientos por las obras ejecutadas, quedando únicamente pendiente su participación en la presunta colusión de la Licitación Pública de Villa María, que al final fue declarado nula y donde no se habría afectado al erario público.
Sin embargo, el Procurador Richard Asmat Urcia apeló la resolución y será la Sala Penal de Apelaciones la que se pronuncie en segunda y definitiva instancia para que los tres imputados continúen siendo investigados.
Quien no las tuvo todas consigo fue el extesorero CPC Jacinto Emiliano Cántaro Apolinario; para quien el Juez Eudocio Escalante Arroyo mostró su desacuerdo con el pedido de archivo y discrepando con el pedido de la Fiscal Angelica Bayes, elevó a la Fiscalía Superior para que revise dicha petición.
Tras esta decisión, el Juez suspendió la audiencia y dijo que reprogramará la misma vía despacho, una vez que evalúe la admisibilidad del recurso de apelación formulado por la Procuraduría Anticorrupción del Santa.
Una vez que se reprograme, se discutirá el requerimiento acusatorio de la Fiscalía y se hará el control formal y sustancial de la misma, donde se determinará si el caso se archiva o pasa a juicio oral.
Tal como van las cosas, todo hace indicar que esta investigación no tiene mayor norte, pues la presunta colusión entre el exalcalde, el ex gerente, los ex integrantes del comité y los empresarios, permanece como imputación en una licitación pública que se declaró nula y en los otros dos casos, solo habría existido concertación entre el exalcalde, el exgerente y los empresarios, pero no de parte de los miembros del comité de adjudicaciones, quienes a la postre, son los que dirigen bajo autonomía el proceso de selección y si se supone que hicieron bien las cosas, cómo se puede hablar de irregularidades atribuibles únicamente a los extraneus (en este caso los postores que ganaron la buen pro).
En este estadio, recién se discutirá además, las medidas coercitivas que pesan contra los imputados, principalmente del exalcalde Juan Gasco Barreto, quien mantiene orden de prisión preventiva por 18 meses, por ello es que se encuentra prófugo de la justicia hasta la fecha.