La que pasó ha sido una semana bastante agitada para los ancashinos, y, especialmente para los chimbotanos, en la medida que dos hechos conmovieron y acapararon la atención en lo que se refiere a la lucha abierta y denodada contra la corrupción.
Y es que a la conocida condena del Gobernador Regional Waldo Ríos Salcedo, quien ha sido confinado en el penal de Huaraz por espacio de 5 años, se suma el duro golpe que ha asestado la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional a los traficantes de terrenos, tras desvirtuar a una banda de criminales conocidos como “Los Orellanitas”.
Se trata de una organización criminal que va más allá de una gavilla o banda de delincuentes, pues está integrada no solo por maleantes que apelan a la violencia y amenaza para conseguir sus objetivos, sino que la conforman profesionales del derecho y tramitadores que se coludieron para despojar de propiedades a terceros.
La intervención se cumplió en el marco de un megaoperativo que fue encabezado por los fiscales de crimen organizado, César Villegas Guerra y Lucia Vidal Castillo, quienes convocaron a cientos de efectivos policiales para incursionar en una serie de viviendas de sujetos que han sido involucrados en delitos de extorsión, falsificación de documentos, tráfico de terrenos, entre otros.
Un total de 15 personas fueron detenidas, doce de ellas en nuestra ciudad, dos en la capital de la república y uno en Huaraz, de un total de 21 sujetos sobre los cuales pesa una orden de detención preliminar de 15 días, por lo que aun se realizan seguimientos a efectos de capturar a los seis restantes.
El operativo contaba con orden judicial de detención expedida por el Juez anticorrupción Eudosio Escalante Arroyo pues forma parte de una prolija investigación que ha venido realizando la Fiscalía de Crimen Organizado de Chimbote desde hace poco más de dos años atrás, la misma que ha involucrado seguimientos, cruce de información, etc.
De acuerdo a la tesis fiscal los detenidos y sus cómplices prófugos se organizaron para despojar de casas y terrenos a sus posesionarios o dueños, gran parte de ellos pescadores o familiares de estos, para lo cual falsificaban documentos para aparentar la propiedad de terceros lo que era legalizado por abogados que actuaban como árbitros y una vez consumado ello los registraban a su nombre en Registros Públicos, concretando el despojo aparentemente legal de varios terrenos, inclusive, se investiga también el despojo de una embarcación pesquera.
La mayoría de estos predios y viviendas que han sido despojadas se ubican en la zona de Bellamar, pues allí se encuentran las propiedades que corresponden a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, entidad que ha sido liquidada y cuya condición ha sido aprovechada por esta casta de delincuentes que han apelado a los artificios que establece la ley para maquillar supuestas transferencias a efectos de despojar las propiedades a terceros.
Por ello es que en el marco de este operativo se incautaron documentos como libros de actas, escrituras de compra y venta, poderes, resoluciones del tribunal registral, contestaciones de la Caja del Pescador, recibos de notarías, un plano de la urbanización Bellamar, todos los cuales han sido utilizados en sus trapacerías y que se hallaban entre las pertenencias de los capturados.
También se han decomisado laptops, celulares, memorias USB, lectoras internas y externas de computadoras, memorias para celular y sellos, todo los cuales deben ser sometidos a un exhaustivo análisis y revisión a efectos de hallar nuevas evidencias de delitos pues esta gente almacenaba copiosa información relacionada al movimiento inmobiliario de Chimbote.
Esta organización criminal, hasta donde se sabe, estaba encabezada por un abogado que ha sido identificado como Edwin Michel Agurto Honores, quien manejaba este negocio en complicidad con unos diez letrados más, como tramitadores y captadores en la venta de propiedades, así como ha debido establecer grados de contubernio con Notarios y hasta funcionarios de la oficina de Registros Públicos en la medida que conseguían falsificar documentos y luego incorporarlos al sistema registral de Chimbote.
Justamente, este es un tema que, nos imaginamos, la Fiscalía de Crimen organizado aún debe estar investigando, pues si bien es cierto se conoce la modalidad que han utilizado estos delincuentes de “cuello y corbata”, pues apelaban a los “árbitros” para con seguir transferir propiedades ajenas y luego las inscribían en las partidas de la propiedad inmueble de los registros Públicos, incluso, en caso en donde existen anotaciones y reservas que debieron ser oportunamente advertidas por los responsables de estas dependencias.
A los miembros de esta organización criminal se les conoce como “Los Orellanitas” porque han echado mano de las maniobras delictivas que utilizaba una gran mafia que operaba en Lima y era encabezada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, quien purga carcelería tras ser hallado responsable de cientos de despojos de propiedades a través de esta misma modalidad.
Hay que saludar el enorme esfuerzo que ha realizado la Fiscalía de Crimen organizado y la propia Policía para desbaratar a esta banda criminal, se sabe que existe aún una pesquisa pendiente que debe incorporar a muchas otras personas y profesionales del derecho, así como empresarios que se dice que están involucrados en estas maniobras delictivas, de allí que aun tendremos más sorpresas por delante.
Lo importante es que se ha dado un importante paso en la lucha contra la criminalidad organizada, hay que tener en cuenta que en Chimbote el tráfico de terrenos ha cobrado mucha vigencia, no solo con las invasiones sino con la incursión de bandas delincuenciales en estos negocios. Ya se sabe que existen hasta abogados que han entregado sus conocimientos y sapiencia profesional al servicio del crimen organizado, razón mas que suficiente para que las autoridades judiciales adopten medidas drásticas y contundentes, que entiendan que la comunidad chimbotana quiere que serán duro con ellos, que los castiguen con todo el peso de la ley y comiencen a limpiar el camino de la ilegalidad e informalidad en el tratamiento de la propiedad pública y privada.