Fiscalía los involucra en red de corrupción:
• Han detectado hasta el momento nueve minutas de compra venta que fueron tramitados fuera de los despachos notariales, pero certificados por Notarios.
• Dieron fe pública a documentos que se tramitaron ilegalmente y que debieron ser observados por el Notario.
Disposición fiscal que amplía investigación e incluye a tres Notarios en caso “Orellanitas”.
Más investigados. La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado del Santa amplió la investigación preliminar por el caso “Los Orellanitas” en contra de tres Notarios Públicos de la Región Ancash, entre ellos, Gustavo Magán Mareovich de Nuevo Chimbote y Vilma Fidela Salvador Huamán de Huaraz, cuñada del ex congresista y también Notario en dicha ciudad, Freddy Otárola Peñaranda.
La disposición fiscal de fecha 21 de setiembre, notificada el último viernes a las partes procesales, también incluye al Notario Público de Huaraz, Régulo Victorino Valerio Salvador que labora en la ciudad de Huaraz; los mismos que serán investigados por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Falsedad Ideológica; tras considerar que habrían formado parte de la organización criminal que se apropió de una serie de inmuebles bajo la modalidad de arbitrajes y procedimientos irregulares.
A estos tres nuevos imputados se sumará la abogada Elva Betsi Marín Rivera; quien será investigada preliminarmente por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Fraude Procesal, según dispuso el Fiscal Christian Adolfo Valdivieso Grados, quien junto a su colega César Pacífico Villegas Guerra (coordinador), están a cargo de estas pesquisas.
Los tres Notarios Públicos han sido comprendidos en la investigación en virtud a la declaración de los testigos Ferrer Alberto Valverde Rodríguez, Julia Maribel Taboada Vicente, Flor de María Rodríguez Espejo y Jean Carlos Morales Hernández; todos ellos abogados de profesión, quienes han indicado que firmaron una serie de minutas de compra venta fuera del despacho de las mencionadas Notarias, llevados por los cabecillas de dicha organización y sin que contengan las firmas y huellas de las partes.
Es decir, firmaron fuera de los despachos notariales, minutas totalmente irregulares que no contenían las firmas de las partes y donde se consumaba el despojo de una serie de propiedades en contra de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y en favor de terceros que se prestaron a las oscuras maniobras sistemáticas de la organización denominada “Los Orellanitas”.
De estas nueve minutas de compra venta, hasta ahora descubiertas, una de ellas se tramitó en la Notaria de Régulo Valerio Salvador, tres en la Notaria de Vilma Salvador Huamán y cinco en la Notaría de Gustavo Magán Mareovich.
“Los hechos vertidos por los testigos presentarían serios indicios de una posible confrontación con la legalidad respecto a la actuación de los señores notarios públicos, quienes no habrían realizado el control debido, dando fe pública a las acciones irregulares realizadas por la organización criminal que ilegalmente habrían simulado procesos arbitrales para hacerse de terrenos de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador y de una embarcación Pesquera, contraviniendo con sus actuaciones en forma reiterada la normatividad penal y notarial” señala la disposición fiscal.
Añade que los Notarios investigados habrían abdicado a sus funciones de efectuar una verificación rigurosa de las partes que celebraban actos jurídicos, en el entendido que los abogados han señalado haber firmado las minutas de compra venta fuera del despacho notarial así como nunca observaron que estuvieran presentes las partes interesadas, coligiéndose que los Notarios Públicos habrían formado parte de la organización criminal que se investiga, toda vez que sin su error no se hubiera completado el plan delictivo que era la inscripción en registros públicos de los inmuebles que la organización se apropió sistemáticamente “ añade la Fiscalía de Criminalidad Organizada.
En el caso de la abogada Elva Betsi Marín Rivera, pasó de testigo a investigada, luego de advertirse en su declaración que actuó como abogada del investigado Jorge Luis Braco Veliz y que inició un trámite de proceso arbitral en el centro de arbitraje ubicado en la avenida Santa Cruz Nº 2430 del distrito de Miraflores en Lima (hasta donde viajó dos veces) y que la dirección que le consignó su patrocinado como domicilio real era la avenida Pardo Nº 430 de la misma jurisdicción.
La Fiscalía ha probado aquellos ambos domicilios son inexistentes y que en realidad todo el trámite fue simulado y se hizo en complicidad con los cabecillas de dicha organización criminal investigada.