Ayer con apoyo policial:
Algunas familias se retiraron pacificamente ayer. Otros, tuvieron que ver sus ranchos quemados.
Coherente con la prédica de no permitir más invasiones en la ciudad, la Municipalidad Provincial del Santa y la División Policial de Chimbote desalojaron ayer al amanecer a más de 300 invasores que habían ocupado terrenos de la comuna chimbotana ubicado cerca del barrio San Pedro.
Para llevar a cabo este operativo se contó con más de 150 efectivos policiales, entre ellos agentes de la DINOES que permanecen en la ciudad, 100 policías municipales y 16 agentes de Seguridad Ciudadana de Chimbote.
Funcionarios ediles de la Procuraduría Municipal y la Gerencia de Desarrollo Urbano recorrieron lote por lote advirtiendo a los ocupantes del desalojo, encontrando vivencia en algunos ranchos, aunque la mayoría estaban deshabitados.
El desalojo con el uso de la fuerza se inició después que los invasores rechazaron el pedido de los funcionarios municipales antes mencionados de retirarse pacíficamente. La policía municipal, acompañados de maquinaria pesada iniciaron la destrucción de los ranchos de esteras y totoras en medio de protestas de los dueños.
El Gerente de Desarrollo Urbano, Manuel Alvarado señaló al respecto que se viene cumpliendo la disposición municipal para acabar con el tráfico de terrenos y las invasiones, pues aquellas familias que realmente necesitan de una vivienda deben acercarse a la municipalidad para iniciar sus trámites y acceder a un terreno de manera formal.
“Desde el reordenamiento del pueblo Jesús de Nazareth el terreno estaba libre de invasiones y ahora resulta que supuestos dirigentes aducen tener hasta dos años de vivencia, lo cual no es cierto”, precisó el funcionario desmintiendo a los invasores.
El Jefe de la División Policial Chimbote, Coronel PNP Juan Martínez Arroyo, enfatizó que el operativo fue un golpe contra el tráfico de terrenos, pues del total de viviendas desalojadas de los terrenos municipales, tan sólo el 10% vive y el resto son terrenos baldíos.
Este desalojo se ejecutó en cumplimiento de los acuerdos del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) para combatir el tráfico de terrenos y erradicar las invasiones.