Por decisión del Gobierno:
Razia en la Defensoría Pública. La Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia comunicó el cese de sus funciones de 400 defensores públicos y trabajadores en todo el país, dentro de los cuales figuran 14 defensores públicos y una administrativa en la oficina de Chimbote.
Según la comunicación escrita notificada al personal cesado, solo cumplirán su contrato hasta el lunes 31 de octubre y dejarán sus plazas, que posiblemente sean ocupadas por personal nuevo que convoque la nueva administración de esta Dirección General de la Defensa Pública.
Los 14 defensores públicos cesados son Rosana Rojas Álvarez, Nelly Vera Saavedra, Richard Sarmiento García, Rosa Viviana Cavero Corcuera, Félix Dextre Díaz, Rogelio Zúñiga Huerta, Sandra Fanny Gaytan Miñano, Jorge Luis Yep Araujo, Edwin Yomona Yomona, Susy Lorena Montero León, Dennis Paredes Obeso, Manuel Rojas Saldívar, Omar Medina de la Cruz y José Carbajo Beltrán.
Mientras tanto, en el plano administrativo hicieron lo propio con la servidora contratada Linda Budinich Echevarría.
Nuestro Diario, buscó la mañana de ayer a Nelia Ramírez León, actual jefa encargada de la Defensa Pública del Santa (tras la renuncia de Manuel Toledo Calero quien ahora se desempeña como asesor de la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz), sin embargo, estuvo de comisión de servicios en Huarmey.
Sin embargo, la desazón y sorpresa en el interior de la Defensoría Pública del Santa fue evidente, pues nadie esperaba que rescindan los contratos, más aún, si no se advierte alguna causal trascendente que justifique la medida. Algunos consideran que estas vacantes darán paso a la contratación de nuevos abogados, allegados al actual régimen de gobierno central.
Los casos que venían conociendo estos defensores en sus respectivas jurisdicciones (hay defensores que venían trabajando en Chimbote, Nuevo Chimbote, Pallasca y Huarmey) serán asumidos por sus colegas que aún permanecen en sus cargos, hasta que se vuelvan a cubrir dichas plazas.