El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en contra del abogado Luis Espinoza Garcés, sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal “Los Orellanitas”.
La decisión judicial tuvo como argumento principal el hecho que Luis Espinoza Garcés tiene la condición de reo contumaz por no presentarse a juicio oral en otro proceso penal y además, afronta un promedio de 10 investigaciones adicionales, casi todas referidas a fraude procesal para beneficiarse con terrenos de terceros.
El Juez Eudosio Escalante Arroyo declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva fundamentado por la Fiscal de Crimen Organizado Lucia Vidal Castillo y tras amparar sus argumentos, ordenó su inmediata captura a nivel nacional e internacional.
Luis Espinoza Garcés es considerado como uno de los investigados claves en la presunta organización denominada “Los Orellanitas” pues ideó los procesos amañados y turbios para generar supuestos derechos de terceros sobre terrenos de la Caja del Pescador, consiguiendo finalmente despojarlos a esta última entidad.
La Fiscalía de Crimen Organizado del Santa formalizó investigación preparatoria contra 38 personas, de las cuales a 34 sindicó como integrantes de la organización criminal “Los Orellanitas” que defraudó y se apropió de manera fraudulenta de 19 de terrenos de la Caja del Pescador en la urbanización Bellamar y una embarcación pesquera.
Los otros cuatro investigados serán los 4 Notarios de Ancash, uno de Casma, dos de Huaraz y uno de Nuevo Chimbote, a quienes se les investigará en esta carpeta fiscal únicamente por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.
Sin embargo, la gran novedad es que la Fiscalía de Crimen Organizado incluyó el delito de lavado de activos en contra de los cabecillas de la organización, pues se ha logrado evidenciar la existencia de depósitos de dinero, bienes y muebles que habrían sido adquiridos con los recursos obtenidos en función a estas defraudaciones.
Otros delitos atribuidos a los investigados, indistintamente, son utilización de documentos privados, falsificación de documentos privados (falsedad material) y fraude procesal.