En caso de cobro de cupos:
• Declara fundado tutela de derechos, pero le advierte que su pesquisa carece de estrategia de investigación.
• Califica trabajo de Fiscal como indagaciones vagas y empíricas. Otro caso de corrupción que se puede caer.
Juez Eudosio Escalante Arroyo emplazó a Fiscal Añanca a mejorar su trabajo.
Desnudando una vez más las falencias de una Fiscalía Especializada, sin Fiscales especializados (suena irónico y contradictorio, pero es una cruda realidad); el Juez Eudosio Escalante Arroyo volvió a reprender y llamar la atención al Fiscal Laureano Añanca Chumbe, exigiéndole un plan estratégico de investigación y no unas indagaciones empíricas e intuitivas que no conllevan a nada.
Este lamentable episodio se observó la mañana de ayer, luego que el juez de control Eudosio Escalante Arroyo declarara fundado una tutela de derecho en favor de un suboficial de la Policia, investigado por lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir y le otorgara un plazo de 15 días para que cumpla con ampliar su disposición fiscal para atribuirle conducta específica al suboficial PNP, José Santillan Saavedra, haciéndose extensivo para el resto de imputados.
Durante el debate y tras encontrar inconsistencias y graves contradicciones entre su premisa de investigación y los delitos que persigue; el Juez emplazó al Fiscal Laureano Añanca Chumbe a precisar que conductas específicas persigue a los investigados en su teoría de investigación.
“Estamos ante acusaciones vagas, lamento advertir que usted señor Fiscal carece de estrategia de investigación y lo que viene desarrollando en estos momentos es una indagación empírica e intuitiva” señaló de manera frontal Eudosio Escalante ante el Fiscal Laureano Añanca Chumbe, quien se limitó a reiterar que en su disposición fiscal se habían señalado los elementos de convicción y los delitos que se persiguen.
Sin embargo, el juez Eudosio Escalante prosiguió desnudando las falencias de la acusación fiscal y sostuvo que Laureano Añanca no había cumplido con precisar cuál es el verbo rector que le imputaba a Santillan Saavedra en el delito de lavado de activos.
Añadió que la Fiscalía tampoco ha cumplido con identificar la estructura y la organización que de manera permanente, habría estado suministrando información a un grupo de personas sobre operativos policiales antidrogas.
Fueron varios los pasajes de la audiencia en la que el Fiscal Laureano Añanca Chumbe se vio desnudado en sus errores de su investigación, sin embargo, por más que trató de justificar sus postulaciones, era nuevamente corregido, como cuando postuló como verbo rector de lavado de activos el ocultamiento de bienes y el Juez le recordaba que esa condición no se le puede atribuir al autor del delito, que sería Santillan Saavedra, sino a los cómplices.
En un plazo de15 días, el Fiscal Añanca Chumbe deberá ampliar su disposición fiscal señalando la conducta específica dolosa que le imputa a los investigados.
En ese mismo periodo, debe presentar además su plan estratégico de investigación, “ya no vamos a permitir que los fiscales especializados vengan con acusaciones vagas, empíricas e intuitivas que no conducen al esclarecimiento de los hechos” dijo finalmente el magistrado.
En esta carpeta fiscal, son investigados los sub oficiales de la Policía Nacional, José Antonio Santillán Saavedra, Víctor Andrés Uceda Irribarren, Santos Felipe Zavaleta García, Ronald César Verna Cabrera, Salvador Gustavo Mantilla Salcedo y Ángela Brizaida Isabel Díaz Novoa; a quienes se les acusa de los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Asociación Ilícita para Delinquir.
La misma investigación incluye al mismo José Antonio Santillán Saavedra y a su hijo Frank Diego Santillán Benites por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, así como a Juan Edmundo Marcelo Diestra, alias “Yango o Vapor”; Juan Rivadeneyra Vásquez, alias “Chato Juan”; Wilmer Pablo Rivadeneyra Villacorta, alias “Cholo” y Carlos López Morales, alias “Cojo Calín”, estos últimos dedicados a la microcomercialización de drogas en la zona conocida como “La Antena”, por el delito de Cohecho Pasivo Genérico.
Según la Fiscalia, este grupo de seis efectivos policiales se habrían dedicado al cobro de “cupos” a microcomercializadores de drogas, a cambio de brindarles información sobre posibles operativos e intervenciones policiales;así como también a actividades y desplazamientos del personal del grupo de inteligencia regional.