Corte Suprema así lo ordena:
Otro juicio más para César Álvarez Aguilar. El expresidente regional de Ancash será investigado por la escandalosa sobrevalorización del expediente técnico SISA del Proyecto Especial CHINECAS, por el cual se pagó más de 5 millones de soles, según lo resolvió en última instancia, la Corte Suprema de la República.
Ello, tras declararse fundado, en reñida votación de 4-3, el recurso de casación formulado por el Ministerio Público y que revocaron las resoluciones de primera y segunda instancia en la Corte Superior de Justicia del Santa que excluyeron a César Álvarez Aguilar de estas investigaciones, bajo la figura de la excepción de improcedencia de acción (los hechos imputados no constituyen delito).
Esta casación fue dirimida por el Juez Supremo Hugo Príncipe Trujillo el pasado 4 de noviembre, sin embargo, ayer viernes 11 recién se hizo público con la lectura de sentencia programada para las 8.30 de la mañana, en la cual, este magistrado se adhirió a la ponencia de sus colegas César Hinostroza Pariachi, José Neyra Flores y David Loli Bonilla, quienes también han considerado que los hechos que le atribuyen al expresidente regional, se deben dilucidar en la fase de control de acusación y no mediante un recurso de excepción de improcedencia de acción.
Estos cuatro Jueces Supremos han revocado ayer las resoluciones del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal de Apelaciones en el año 2013, quienes resolvieron a favor de César Álvarez Aguilar un recurso de excepción de improcedencia de acción, con lo cual lo excluyeron de las investigaciones.
Para estos Jueces Supremos, que han sentado doctrina jurisprudencial, los más altos funcionarios no deben, ni pueden ser excluidos automáticamente de las investigaciones en su contra por el simple hecho de encontrarse en la más alta esfera de la decisión administrativa, pues ello conllevaría a implementar un marco de impunidad.
“En el presente caso, debe hacerse una suficiente valoración fáctico y jurídica de los hechos que garanticen una correcta decisión jurisdiccional, que en definitiva escapa a las competencias jurisdiccionales que se debaten en la vía de excepción de improcedencia de la acción, por lo que no debe ampararse la exclusión del proceso de Álvarez Aguilar a través de este medio de defensa planteado” señala la ejecutoria suprema, colgada desde ayer en el portal del sistema integrado de expedientes jurisdiccionales del Poder Judicial.
Los jueces supremos Hugo Príncipe Trujillo, César Hinostroza Pariachi, José Neyra Flores y David Loli Bonilla también advierten que las funciones del imputado César Álvarez Aguilar como presidente del gobierno regional de Ancash y presidente del proyecto especial CHINECAS, sí lo colocan en la posición de garantizar la correcta administración de los bienes estatales y por ende en el desarrollo del proceso de investigación, recién se podría determinar si le alcanza o no algún tipo de responsabilidad penal en la presunta comisión del delito de peculado.
En esta casación, los vocales supremos Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana y Duberlí Rodríguez Tinedo discreparon con sus colegas y votaron para que se declare infundado el recurso y se mantenga firme la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia del Santa que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción en favor de Álvarez Aguilar.
En este proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de peculado, la Fiscalía Anticorrupción del Santa solicitó 4 años más 10 meses de cárcel para el actual decano del Colegio de Ingenieros y ex gerente del Proyecto Especial CHINECAS, Ing. Hugo Rojas Rubio.
También tienen pedido de prisión efectiva, los exfuncionarios de CHINECAS, Ing. Carlos Peralta Ruiz (4 años y 10 meses como coautor) y Víctor Francisco Córdova Gonzales (4 años 8 meses en calidad de cómplice primario). En el caso del representante de Consorcio SISA, Edmundo Wilmer Cornejo Muñoz (extraneus), la Fiscalía solicitó 3 años de prisión efectiva.
A todos ellos se les acusa de haberse coludido para elaborar bases direccionadas a favor del contratista y pueda obtener, en medio de irregularidades, la buena pro para la elaboración del perfil a nivel de expediente técnico del proyecto CHINECAS reformulado, pagando más de 5 millones de nuevos soles.
QUÉ PASARÁ CON CÉSAR ÁLVAREZ
Resuelta la casación, corresponde ahora que la Fiscalía Anticorrupción del Santa fije un plazo adicional de investigación preparatoria únicamente en contra de César Álvarez Aguilar, que podría ser de tres a cuatro meses, para que se cumpla con el debido proceso y el investigado tenga derecho a defenderse y a contradecir los peritajes y pruebas actuadas.
Una vez vencido este plazo, la Fiscalía deberá pronunciarse sobre si acusa o debe sobreseerse (archiva) la causa en contra de César Álvarez Aguilar, lo cual se resuelve en audiencia pública, antes de pasar o no a la fase de juicio oral, donde ya lo esperan el resto de imputados.