Después de un largo proceso, el ex Policía Constantino Ramírez Bedón fue condenado a 19 años de prisión efectiva al ser hallado responsable de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de suministro de arma de juego y atentado contra documentos que sirven de prueba en un proceso.
La condena expedida por la Juez Unipersonal Patricia Peralta Gambini, guarda relación con el proceso penal que se inició contra el mencionado Policía, quien se desempeñó por varios años como responsable de los almacenes de la DISCAMEC, hoy conocida como SUMACEC, que es la dependencia que se encarga de administrar el armamento que es incautado en actividades ilícitas y delincuenciales.
Ocurre que el mencionado ex Policía no solo manejó a su regalada gana este registro de armas de fuego, sino que encontró un negocio redondo en el alquiler subrepticio de dichas armas a los delincuentes de la ciudad, de tal suerte que desde la misma policía se armaba a los maleantes que salían a delinquir a las calles.
Esto solo pudo ponerse al descubierto cuando, circunstancialmente, cuando el arma de propiedad de otro efectivo de la policía nacional fue hallada en poder del delincuente Wagner Vega Castillo, tras sostener un enfrentamiento a tiros con efectivos de la SEINCRI.
Se trataba de la pistola Taurus semiautomática cal. 9 mm parabellum, modelo PT-92-AF, con número de serie LO8380 de propiedad de Marco Gonzales Espinoza, quien se mostró sorprendido al conocer que el arma de fuego fue hallada en poder de un maleante cuando, se suponía, que se hallaba en custodia de la Comisaría de Buenos Aires, por una intervención a un tercero quien la tenía en prenda por un préstamo de dinero.
Fue nuestro medio el que puso al descubierto este hecho y pudo corroborar, de boca del propietario de la mencionada arma de fuego, que aquella fue decomisada a una persona a quien se la había empeñado y que, por ese hecho, fue internada en los almacenes de la entonces DISCAMEC, por lo que se extrañaba que haya sido extraída sin su consentimiento y menos aún a quien había sido entregada.
Por esta razón hizo el reclamo correspondiente y solo en ese momento pudo tomar conocimiento que en realidad el arma de fuego, una poderosa arma automática que era de su uso personal, había sido utilizada hasta en siete eventos delincuenciales según las pericias que había elaborado a Policía tras analizarla y homologarla con casos pendientes de solución.
Para darnos una idea, esa misma arna de fuego había sido utilizada por uno de los más avezados hampones que registra la historia de Chimbote, como fue Luis Alberto Sánchez Alva, más conocido en el mundo del hampa como “Chazán”, con la cual había asesinado a tres personas en el interior de un bar en un asentamiento del distrito de Nuevo Chimbote.
Efectivamente, “Chazan” era el líder de la banda de delincuentes a la que pertenecía Wagner Vega, lo que quiere decir que el arma había sido entregada a esta gavilla de maleantes y solo pudo conocerse este hecho a raíz del enfrentamiento armado que sostuvieron estos delincuentes con la Policía y en la cual fueron detenidos dos de sus integrantes, los cuales fueron puestos en libertad apenas unos días después luego de una nefasta actuación del Ministerio Público.
Sin embargo, para el agraviado en este caso, el Policía Marco Antonio Gonzales Espinoza, quedaba la duda por el destino de su arma de fuego, pues el último paradero en la cual la dejó fue en los almacenes de la entonces DISCAMEC por orden judicial acatada por la Comisaría de Buenos Aires, tal como constaban en un oficio dirigido por el comisario de entonces y que estaba en su poder.
¿Cómo podría haber llegado el arma a manos de delincuentes tan avezados? ¿Cómo pudo ser utilizada en siete eventos delictivos si se suponía que estaba en custodia de una entidad de la propia Policía? ¿No es acaso que dicha arma se entrega en custodia justamente para garantizar su correcto almacenamiento hasta que se deslinde su tenencia?
Las conclusiones eran evidentes, existen malos elementos de la Policía Nacional que estaban haciendo un negocio redondo alquilando las armas incautadas a la propia delincuencia de Chimbote, cuando se incautó el arma al delincuente Wagner Vega Castillo se registró un violento enfrentamiento armado en el que pudo ser asesinado algún efectivo de la Policía.
Esto quiere decir que los agentes policiales exponían sus vidas porque un compañero de armas, traicionando los principios de su institución, estaba alimentando con armas de fuego a la lacra delincuencial que luego los atacaba a ellos mismos.
De allí que no estábamos ante un simple caso de ocultamiento de armas o un desorden administrativo en el almacenamiento de las arnas que fueron objeto de incautación, aquí hablamos de una suerte de mafia que se enquistó dentro de la Policía para lucrarse a sabiendas que con ese accionar estaban impulsando el accionar delincuencial en la ciudad.
Por ello es que no sorprende la drástica condena expedida por la juez Patricia Peralta Gambini, el acusado Constantino Ramírez Bedón fue dado de baja de su institución y no era para menos, es evidente que estos hechos que han sido confirmados a nivel judicial, en su oportunidad fueron investigados y corroborados por los canales internos de la institución tutelar.
Hace algunos años atrás, un ex presidente de la república alentaba al congreso a promulgar leyes que representen el real castigo que se merecen ciertos agentes del delito y dentro de ellos hizo alusión al Policía que delinque aprovechando su condición de autoridad que, paradójicamente, debe luchar contra la delincuencia, por lo tanto, sugería que estos casos se sancionen con doble pena, una por haber perpetrado un acto delictivo propiamente dicho y el otro por traicionar los principios de su institución y utilizar su uniforme para delinquir. Su propuesta no prosperó, empero, si ha quedado claro que en estos casos se impone un contundente fallo para que otros Policía no tengan que recurrir a esta misma clase de acciones dolosas para ensuciar la imagen de su institución.