Como consecuencia de la huelga de los trabajadores judiciales, los ex regidores del municipio distrital de samanco que están investigados por el doble crimen del alcalde Francisco Ariza y el abogado Henry Aldea, vieron frustrada la posibilidad que se revise el mandato de prisión preventiva que los mantiene encerrados en diferentes penales del país y puedan disfrutar de la navidad en libertad.
Esto ocurrió la semana pasada en el marco de una audiencia que la prensa pensaba que no se iba a realizar por la posición irreductible de los huelguistas, quienes han radicalizado su medida de lucha y se atrevieron a no permitir el ingreso de los magistrados al extremo que debieron realizarse dos audiencias en la vía pública.
Sin embargo, ante las exhortaciones de la Defensoría del Pueblo y las advertencias respecto a las responsabilidades administrativas y penales que ello importa, los servidores permitieron que ingresen los abogados de las partes en los juicios denominados emblemáticos, más aun cuando este caso de samanco es uno que se tramita con reo en cárcel.
Lo cierto es que llegado el día hora de la audiencia estaban todas las partes procesales presentes, el juez, el fiscal, los abogados y el procurador, sin embargo, se necesita la intervención de los investigados y cuando están en cárcel se les conecta a través de video conferencia desde el establecimiento penal en donde se encuentran.
Lamentablemente, en el caso de los ex regidores, dos de los cuales están en los penales de Santa Monica y Lurigancho y una tercera en Cambio Puente, no estaban conectados por lo que el Juez, preocupado por la suerte de estos procesados llegó a comunicarse vía celular con el coordinador de las señales de video del poder judicial en Lima, quien le respondió que no podía enlazar a ningún investigado porque ellos se encontraban en huelga y no estaban accediendo a pedido alguno de ningún distrito judicial.
Sin esta intervención era imposible continuar con la diligencia por lo que el juez Roma Cruz optó por postergarla y señalar fecha cuando se levante la huelga de los trabajadores judiciales, la cual aún continúa.
Quienes se quedaron con la miel en los labios fueron los abogados defensores de los investigados, pues aseguraban que estaban decididos a persuadir al Juez que es posible revocar la medida de prisión preventiva y que se continúe el juicio con una orden restrictiva de comparecencia, por cuanto la responsabilidad de sus patrocinados no está debidamente corroborada.
Insistieron para ello en la declaración que ha prestado el sicario Marcos Andrés Vásquez Julca, más conocido como “Chileno”, quien ha señalado ante las autoridades judiciales que los autores intelectuales no son lo que considera la Policía y no menciona a los ex regidores, por lo tanto para ellos no existe prueba que los incrimine.
Sin embargo, lo que no ha tomado en cuenta la defensa técnica de los ex regidores es que la versión que ha proporcionado Vásquez Julca dista mucho de la que prestó ante la Policía y deja entrever que ahora busca la manera de encubrir a sus co-investigados, especialmente en lo que se refiere a su amigo Carlos Bazán Castro y el ex alcalde Jaime Casana Escobedo.
Ya se ha manifestado que esta nueva declaración lo que trataba no solo es de confundir a la justicia sino que busca que desviar la atención de los juzgadores para llevar la pesquisa en una dirección diferente, inclusive, para ello se presentó a una testigo en reserva quien era una ex pareja del mismo “Chileno” y dio a conocer una versión similar como tratando de reforzar lo que diría el antes mencionado.
Sin embargo, en ese interín y ante la existencia de un testimonio vago y dubitativo de la mencionada testigo en reserva, tanto el Fiscal como la Policía la citaron para llevar a cabo un nuevo interrogatorio y pueda esclarecer una serie de puntos que no han quedado claros en su ponencia.
Fue entonces que, acorralada por las preguntas, la mujer terminó por reconocer que nada de lo que había dicho era cierto o parte de una experiencia personal que podía compartir con la justicia, por el contrario, su testimonio fue dirigido por el abogado que la patrocinaba quien respondería a las intenciones de “Chileno”.
Con esta declaración el pedido de cese de prisión de los ex regidores virtualmente se ha caído pues se mantienen las evidencias que llevaron a los jueces a determinar su prisión por su presunta vinculación en este alevoso doble asesinato que conmocionó a la población chimbotana y aun ha dejado muchas heridas abiertas.
Hay que tener en cuenta que los ex regidores habían quedado mal parados desde un principio pues fueron ellos el rostro visible del complot y la conspiración que padecía el asesinado alcalde Francisco Ariza, eran ellos los que estaba digitados por un ex alcalde hambriento de poder y de manejar los intereses del Municipio como Jaime Casana, por lo tanto, sus propias acciones previas al crimen los incriminaban.
Además a esto se suma las versiones de los colaboradores eficaces que se han sumado a este proceso, quienes admiten que los ex concejales sí estaban al tanto de la planificación del atentado contra Ariza y su abogado y que formaban parte de un plan para tomar el municipio de samanco luego que se deshicieran del alcalde, por lo que existiendo aun indicios de su vinculación con este crimen es evidente que tendrán que seguir esperando que las pesquisas concluyan para poder intentar acceder a algún pedido de libertad si es que la justicia lo considera pertinente.
Lo bueno es que ya el fiscal de esta causa ha señalado que las pesquisas han terminado y que en estos días debe estar formulando su requisitoria escrita para poder pasar a la fase de control de acusación, mucho antes que concluya el plazo de investigación otorgado por la instancia superior y lo cual aún no se ha concretado por la huelga que se realiza tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. El último pedido de cese de prisión de los ex regidores de Samanco ha sido una diligencia muerta no solo por la huelga sino porque en el fondo sus motivaciones han sido ya desvirtuadas en juicio.