Hace unos dos años atrás la Fiscal Superior Nancy Moreno Rivera recibió una ofrenda floral fúnebre con una amenaza por las pesquisas que realizaba en contra de la red de corrupción en Ancash y curiosamente la misma modalidad fue utilizada para amedrentar a Juan Calderón Altamirano, ex aliado del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar y quien por entonces inició una serie de revelaciones y denuncias relacionadas con los manejos turbios del gobierno regional de Ancash.
Se trataba de una maniobra intimidatoria propia de una mafia que se movía de manera calculadora por entonces, buscaba la manera de mediatizar a quienes tenían la intención de descubrirlos y denunciarlos, el objetivo era silenciar a quienes se mostraban dispuestos a desvirtuar su aparato corrompido.
Justamente, con la caída de aquella red criminal, como la describió la comisión Áncash que investigó los casos de corrupción en el congreso de la república, esa modalidad intimidatoria desapareció, ya no se vieron otras acciones de presión y persecución como en aquella época que fue la más oscura de la política en Áncash, sin embargo, la semana pasada, a pocos días de concluir el año se retomó sorpresivamente esta práctica delictiva que todos pensábamos que era cosa del pasado.
La víctima fue el abogado John Robert Moscol Aldana, quien recibió en su domicilio una ofrenda floral que llevaba una tarjeta en la que se podía leer: “asesor legal QEPD (que en paz descanse) y DDG (de Dios goce)”; evidenciándose de esta manera una amenaza como consecuencia de las acciones que ha emprendido en el ejercicio de la defensa legal.
John Moscol Aldana narró ante la Policía que el día lunes 26 de diciembre, cuando salía de su vivienda en la urbanización David Dasso de Nuevo Chimbote al promediar las 11 de la noche, encontró una ofrenda floral con un mensaje a lapicero sobre un papel en el que se leía asesor legal QEPD y DDG, ante lo cual, en forma inmediata acudió a la Comisaría de Villa María parta sentar la denuncia respectiva.
No es la primera amenaza que recibe el mencionado letrado, justamente, antes de las fiestas navideñas reveló ante la prensa que venía recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto que llegaban a su bandeja de su equipo celular, sin que se pueda identificar al autor de las mismas.
Tras este hecho el letrado reconoció que su familia está atemorizada y la Policía ya investiga si alguna cámara de seguridad de la zona ha podido captar a los delincuentes que dejaron dicha ofrenda con el tono amenazante, pues es importante tener una pista que permita llegar a los verdaderos autores intelectuales de este hecho.
Sin embargo, hay un hecho que las autoridades policiales deben tomar como punto de partida de sus pesquisas y es que en sus declaraciones el abogado ha manifestado que estas constantes amenazas de muerte que ha venido recibiendo se han iniciado luego de presentar la denuncia penal en contra del exalcalde y un grupo de exfuncionarios del Municipio de Quillo por una obra valorizada en varios millones de soles y que fue auditada por la Contraloría General de la República.
Esto es cierto, fue nuestro medio de comunicación el primero que recibió la denuncia formulada por el asesor legal de la Municipalidad de Quillo John Moscol por las graves irregularidades detectadas en la licitación pública “Ampliación y Mejoramiento del sistema básico integral de la zona urbana de Quillo”, valorizado en 5 millones de soles, que se ejecutó en la gestión del exalcalde Luis Palomino Palacios.
Esta denuncia la formalizó ante el Ministerio Público el mes de noviembre junto con el alcalde Fernando Casio Consolación y en esa ocasión el primero en recibir amenazas a través de mensajes de texto en el teléfono celular fue el mencionado burgomaestre, quien en esa fecha hizo la denuncia respectiva en la Policía de Chimbote.
Sin embargo, a mediados de diciembre la Fiscal Anticorrupción del Santa, Karina Ruby Núñez Romero acogió la denuncia del Municipio de Quillo y tras advertir evidencias suficientes dispuso el inicio de una investigación preliminar de 60 días por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del estado.
Esta decisión fue adoptada en virtud al contundente informe Nº 509- 2016 de la Contraloría General de la República, que fue la instancia de fiscalización que detectó las irregularidades y por ello se sindicó como presuntos responsables al exalcalde Luis Palomino Palacios y los ingenieros a cargo del proyecto, tanto en su ejecución como la supervisión de las anomalías presentadas.
Según la denuncia penal, el expediente técnico de la obra establecía que se iba a captar agua de cinco puntos diferentes de manera superficial del río Sechín, sin embargo, tras una inspección técnica y un peritaje civil se comprobó que únicamente se ejecutaron dos puntos, los cuales presentan además, serias fallas, mientras que las otras tres captaciones no se ejecutaron porque ya existían, es decir, quisieron hacer pasar como inversión nueva tres captaciones que ya existían antes de licitarse la obra, un presunto acto de corrupción por donde se le mire.
Por ello es que se entiende como ahora el abogado John Moscol Aldana es objeto de esta clase de amedrentamientos, quieren sacarlo de la defensa de la Municipalidad de Quillo porque ha llevado a poner a los ex gobernantes al borde del banquillo de los acusados, la denuncia es sumamente grave en la medida que compromete el patrimonio de uno de los pueblos que hasta hace algún tiempo fue considerado como el más pobre del país.
Esperemos que la Policía consiga las imágenes de las cámaras de seguridad que pueda identificar a quienes dejaron el arreglo floral, es evidente que con su identificación se llegará a los verdaderos autores intelectuales, no se puede permitir que los actos de moralización y de persecución a la corrupción se vean acosados y asediados de esta pusilánime manera, urge hallar a los culpables de las amenazas que se suscitan contra los funcionarios ediles de Quillo.