Consecuencias de decisiones equivocadas. El sonado caso de las irregularidades en la obra de las veredas del casco urbano ya pasó a juicio oral, sin embargo, para que se tramite todo el expediente a los Juzgados Unipersonales que desarrollan la fase de enjuiciamiento, se requiere concluir con la fase de admisión de medios probatorios, sin embargo, la misma no se pudo realizar ayer por ausencia del Fiscal.
Aunque parezca increíble, la audiencia de control de acusación no pudo concluir ayer, porque el Fiscal Robert Rojas Ascón no se hizo presente y ni siquiera justificó su inasistencia. El Fiscal que tenía a su cargo esta investigación era Mario Muñoz Villanueva, sin embargo, se aprobó su cambio a su plaza de origen en Cabana, sin ningún tipo de esfuerzo para que se mantenga en el mismo, por parte de la entonces Fiscal Decana, Nancy Moreno Rivera.
Ayer, mientras el Juez Eudosio Escalamte Arroyo, el abogado José Gomero de la Procuraduría y la defensa técnica de los imputados, esperaban que llegue el Fiscal, se dieron con la ingrata sorpresa que no apareció nadie en representación del Ministerio Público y se tuvo que reprogramar la audiencia para el jueves 12 de enero a las 4 de la tarde.
Como se sabe, el pasado lunes 28 de noviembre, tras una maratónica audiencia de más de cuatro horas, la Fiscalía Anticorrupción del Santa consiguió que el Juez de Investigación Preparatoria declare fundado en parte su requerimiento acusatorio y ordene pasar a la etapa de enjuiciamiento las irregularidades en el sonado caso de las veredas del casco urbano, ejecutadas en la gestión municipal del exalcalde Luis Arroyo Rojas.
Los investigados que pasarán a juicio oral son la exgerenta municipal Roxana Palacios Alí, Teófila del Pilar Desposorio Chasín, apoderada de la empresa BEREA Contratista Generales y los ingenieros que dirigieron y supervisaron la ejecución de la obra, Juan Carlos Lima Leandres, Ricardo Elías Villafana Espichán y Jaime Alexis Marín Vilchez.
La Fiscalía ha solicitado se le imponga 4 años y 10 meses de prisión efectiva a la exgerente municipal Roxana Palacios Alí en calidad de autora. Además, ha solicitado 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Teófila del Pilar Desposorio Chasín y el ingeniero Juan Carlos Lima Leandres en calidad de cómplice primario así como 4 años y 3 meses de prisión efectiva para el ingeniero Ricardo Elías Villafana Espichán y el arquitecto Jaime Alexis Marín Vílchez, todos ellos en calidad de cómplices primarios.
Sorpresivamente, el Juez Eudosio Escalante Arroyo declaró fundado el sobreseimiento (archivo) formulado por la defensa técnica de la imputada Luz Oliveros Basauri, representante legal de Consorcio Casco Urbano que ejecutó los trabajos y la excluyó de las investigaciones.
Según la teoría del caso, los actos colusorios en la obra de mejoramiento de veredas del casco urbano en el año 2012 se iniciaron en la etapa de la ejecución contractual, donde hubo celeridad para el pago de valorizaciones por 4 millones 800 mil soles, entre otras irregularidades como la presentación de documentos fraguados y declaraciones falsas de los profesionales que ejecutaban los trabajos y quienes no cumplían con las exigencias técnicas de las bases del proceso, según control posterior.