Cuando las autoridades de Ancash hacen hasta lo indecible para encaminar la marcha de la Región y buscan la manera de balancear la notoria incapacidad de gestión del Gobernador provisional Enrique Vargas Barrenechea, sorpresivamente la semana pasada llegó la información que dio cuenta del dictamen de la representante del Ministerio Público que se pronuncia desfavorablemente a la condena que el año pasado lo llevó a la cárcel.
Se trata del dictamen fiscal N° 24-2017, del 6 de enero del año en curso, suscrito por la Fiscal Suprema Bersabeth Revilla Corrales, quien ha opinado porque se declare la nulidad de la sentencia que condenó a Waldo Ríos Salcedo por el delito de colusión desleal en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz y sugiere se le absuelva de los cargos imputados.
Contradictoriamente, en el mismo documento la titular de la Fiscalía Suprema Penal si considera que se debe confirmar la condena en favor de sus otros coimputados Rafael Eduardo Suito Sacovertiz y Rosario Félix Rondan Palma, quienes fueron condenados junto con el suspendido gobernador regional.
Tal como ya se ha informado, este dictamen de la Fiscal Suprema ya fue remitido a la Sala Penal Suprema Transitoria a cargo del Vocal Supremo César San Martín Castro, quien en los próximos días deben convocar a audiencia de informe oral (al tratarse de un reo en cárcel), en la que el Ministerio Público fundamentará su opinión fiscal y la defensa técnica de los imputados hagan lo propio para reiterar el pedido de Nulidad.
Obviamente, el abogado Nelson Rivera Moreyra consideró importante para sus intereses el dictamen de la Fiscalía Suprema que coincide en todos los aspectos con los argumentos que esgrimió en su recurso de nulidad, más aun cuando este proceso se ventila con el Código Procesal Penal anterior y siendo así, la Corte Suprema puede pronunciarse por la nulidad y a la vez la absolución del imputado, cuando considera que no existen pruebas, es lo que dijo a los periodistas visiblemente entusiasmado con el nuevo escenario legal que se presenta.
Sin embargo, si bien ese es el criterio de la defensa, para quienes hemos seguido de cerca este proceso hasta que concluyó con la sentencia condenatoria de la Sala Penal Liquidadora de Huaraz no puede dejar de llamar la atención el pronunciamiento del Ministerio Público y la celeridad que ha obtenido este caso habida cuenta que es de público conocimiento que los procesos que llegan a esa instancia final solo se resuelven después de 8 meses y hasta un año.
De allí que, si se tiene en cuenta que Waldo Ríos fue condenado el 28 de setiembre del año pasado, ello quiere decir que la Fiscalía Suprema ha emitido su dictamen apenas en tres meses, inclusive, en medio de una huelga judicial y del Ministerio Público que se supone paralizó miles de expedientes en todo el país, salvo, aparentemente, el que corresponde al suspendido gobernador regional.
No puede soslayarse el hecho que la prensa solo ha podido informar en mérito de los resúmenes que se publican en los portales del Poder Judicial, en donde solo se inserta el pronunciamiento final de cada instancia, empero, no se conoce cuál es el fundamento en el que se apoya, por ejemplo, la Fiscalía Suprema Penal para demandar la absolución de un reo que ha sido condenado a una severa pena de cinco años de cárcel efectiva.
Y no nos puede dejar de extrañar porque la condena se expidió luego de un larguísimo y complicado juicio oral en el que los medios de comunicación llegaron a conocer el testimonio de un proveedor identificado como Joaquín Santiago Romero, quien terminó confirmando los cargos que había formulado el Ministerio Público, cansado de las constantes notificaciones, los quiebres del juicio oral y las reiteradas diligencias, un buen día se presentó ante los magistrados y reveló que efectivamente había tenido que pagar coimas al suspendido gobernador regional para que se pueda concretar la venta de materiales eléctricos para las obras ejecutadas en la gestión municipal de Waldo Ríos.
Inclusive, en su testimonio se llegó a señalar que uno de los pagos lo había realizado “en la mano” al padre de Ríos Salcedo, en la vivienda de su propiedad que fue el lugar que le había indicado el entonces alcalde en donde debería llevar los diezmos, todo esto fue publicado en su momento en los portales huaracinos.
Pero en el contexto mismo del juicio no había duda que Waldo Ríos había tomado parte en un festín con los recursos de la Municipalidad de la cual fue alcalde y desde la cual aprovechó para utilizar recursos en su campaña para ser congresista, como finalmente lo fue e hizo un tremendo papelón al ser desafectado por haber pasado por la salita del SIN de Vladimiro Montesinos por lo cual fue condenado por la justicia.
En el proceso penal quedó probado que Waldo Ríos y los funcionarios ediles se coludieron para que proyectos de electrificación que fueron trabajados por un elemento de su entorno se adjudicaran a este mismo personaje que resultó siendo el proveedor favorecido, es decir, que no quedó dudas del concierto de voluntades para defraudar a la entidad municipal.
El hecho que Waldo Ríos alegue que era un ignorante y por ello delegaba funciones a sus gerentes y funcionarios, es solo un medio de defensa que el Ministerio Público no puede asumir como tal, menos aun cuando existe una declaración final del proveedor que confirma los pagos efectuados bajo la mesa.
Hay que tener en cuenta que ya la misma Salas Penal de la corte Suprema ha anulado una sentencia absolutoria que se dictó en este caso y es consciente que existen elementos probatorios que deberían evaluarse, como se hizo en el marco del ultimo juicio oral, y, si es que los magistrados hallaron fundamento suficiente como para expedir una condena de cinco años de cárcel efectiva, no hallamos la razón como para que la Fiscalía renuncie a su papel inquisidor y ni siquiera confirme los cargos por imperio de la ley.
Veremos qué es lo que dice la Sala Penal de la Corte Suprema, en sus manos no solo está la suerte del preso ex gobernador regional sino la suerte de Ancash que puede volver a sumirse en una crisis de gobernabilidad si se varía nuevamente el status legal de quienes, para infortunio de los ancashinos, llegaron a los cargos de vanguardia en la Región en las últimas elecciones regionales.