Editorial

UNA AMPLIACIÓN MÁS

Cuando se pensaba que en el curso de estos meses el Fiscal Supraprovincial que tiene a su cargo la carpeta del caso “La centralita” estaría emitiendo su requerimiento acusatorio contra los investigados para los efectos de someterlo al control de acusación que determine su transito al juicio oral, sorpresivamente se pudo conocer que este despacho fiscal ha dispuesto ampliar la pesquisa para comprender el delito de colusión agravada.

El Fiscal Elmer Chirre ha decidido comprender al ex presidente regional César Álvarez Aguilar y otros más como presuntos autores también del delito de Colusión, razón por la cual ha dispuesto la realización de diligencias adicionales en un plazo que prolongará un poco más esta pesquisa.

El magistrado ha tomado esta decisión al acopia pruebas de un fraude relacionado con la contratación de servicios audiovisuales que finalmente no se ejecutaron pero por los cuales se embolsicaron nada menos que 120 mil soles por intermedio del asesor de cabecera de César Álvarez, el ex Jefe de imagen Jorge Burgos Guanilo

Esta necesaria ampliación se dicta cuando mucha gente, alentada por una ligereza de la defensa técnica, piensa que el ex titular de Ancash saldrá libre el próximo mes de Mayo, cuando se cumplan los 36 meses de prisión preventiva que se le dictó tanto en el caso “La centralita” como en el caso del crimen de Ezequiel Nolasco.

Sin embargo, esto no es así, comenzando por el hecho que los plazos de prisión son totalmente ajenos a los de una investigación, habría que señalar que el ex presidente regional César Álvarez tiene además de las ordenes de prisión de los dos casos mencionados, un tercer mandato de reclusión por 18 meses más en el caso del crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte, la considerada como testigo clave que fue ultimada para silenciarla y no permitir que con su testimonio revele entretelones de los crímenes políticos perpetrados en nuestra jurisdicción.

Esto quiere decir que aun cuando se venza el plazo de prisión señalado, el ex presidente regional se mantendrá encarcelado, empero, en el caso emblemático de La centralita, el ex titular no es el único investigado, existen otras 64 personas que también se encuentran sujetas a plazos de prisión que aun estarán vigentes y otras que cumplirán los términos señalados y podrían demandar su liberación por exceso de carcelería.

De allí que resulta realmente preocupante que la Fiscalía a cargo de este caso emblemático disponga a estas alturas la ampliación del proceso cuando estamos ad portas de concluir con los plazos de las pesquisas y urge que se tome una decisión respecto a los investigados y en función a las pruebas recopiladas hasta el momento.

Lamentablemente, en materia de plazos y de eficacia el Ministerio Público no puede hacer alarde de buenos resultados, por el contrario, es una institución que se ha caracterizado por la parsimonia en sus actuaciones y por la dilación en sus disposiciones y para muestra hace solo falta un botón.

En el caso del ex Fiscal Superior Decano del Santa, Hugo Dante Farro Murillo, quien se encuentra sujeto a la misma investigación del caso La centralita pero sometido a un proceso especial por el rango que ostentaba cuando se cometieron los delitos que se le imputan, no fue acusado dentro de los 18 meses de prisión  que se le dictaron y tampoco el fiscal a cargo solicitó una ampliación del plazo de aprehensión teniendo en cuenta que estábamos ante un caso complejo, lo que dio lugar a que el abogado del ex magistrado, ni corto ni perezoso, solicitara su libertad por exceso de carcelería, lo cual fue finalmente sancionado por la instancia correspondiente.

Esto no debe ocurrir en el caso principal de “La Centralita”, no solo porque se apuntala la impunidad de esta manera, sino porque se tiene que hacer justicia con quienes han sido objeto de graves acusaciones y de medidas persecutorias que los llevaron a los presidios o los sometieron a la clandestinidad.

Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial ya deben deslindar la responsabilidad de cada uno de los investigados, que lo hagan en mérito a las pruebas que han recopilado hasta el momento pero que se decida de una buena vez, ya han transcurrido seis años desde que se denunciara el caso La centralita y no es justo que hasta la fecha no exista una sola decisión respecto a los 64 encausados.

A LA FUERZA

Acompañado de catedráticos y funcionarios de la entidad universitaria, el rector de la Universidad Nacional del Santa, Sixto Díaz Tello, anunció la vigencia de una nueva malla curricular para la escuela de Medicina Humana, con lo cual satisfacen una de las principales demandas de los estudiantes.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad universitaria explicó que para poder elaborar este nuevo documento se ha convocado a especialistas en el tema y catedráticos de las principales facultades de la especialidad en las Universidades de renombre a nivel nacional, por lo que garantizaba la idoneidad de la nueva currícula.

Este anuncio se concreta luego que los estudiantes de la Escuela de Medicina se vieran precisados a realizar una prolongada protesta en la cual no solo menudearon los plantones, sino que promovieron una huelga negándose a concurrir a clases hasta que el rector los escuche y atienda su pedido.

Inclusive, estas acciones firmes y contundentes dieron lugar a una reacción hepática por parte de la máxima autoridad universitaria que amenazó a los estudiantes con expulsarlos y hasta con recesar el ciclo de estudios, en una actitud destemplada que generó no solo el rechazo de los alumnos sino de la comunidad en su conjunto.

El rector es una autoridad que debe mantener siempre la cordura y la ponderación, no tiene por qué amenazar a un estudiante. Al fin y al cabo, ahora se ha visto precisado a elaborar una nueva malla curricular a la fuerza, pero entendiendo que ello solo corresponde a los derechos y las justas aspiraciones de los estudiantes. Esperemos que esto no vuelva a repetirse.