Las conjeturas trazadas por el ex alcalde de Nuevo Chimbote para salir de la condición de prófugo de la justicia y poder hacer frente a los cargos delictivos que se le imputan en libertad, se esfumaron la semana pasada cuando los magistrados de la Primera Sala Penal confirmaron la resolución del Juez de primera instancia que declaró infundado su pedido de cese de prisión preventiva de 18 meses que pesa en su contra.
Ello porque el ex burgomaestre se puso a derecho y se entregó a la justicia después de mantenerse dos años en calidad de prófugo, precisamente, con esa finalidad, con el objetivo de obtener una medida complaciente por parte de la justicia y en su creencia que los cargos formulados en su contra se fueron desvaneciendo y perdiendo fuerza a lo largo de estos dos años.
Por ello es que Gasco salió de su escondite y mostró una faceta de colaboración que difícilmente se puede evaluar a esta altura, calculando que se iniciaba el juicio oral en su contra y los jueces estaban en condiciones de permitir que siga estas incidencias en libertad, fundamentalmente, porque su co investigado, el ex gerente municipal Rodolfo Barrantes Machaca, había merecido un beneficio similar y le otorgaron comparecencia restringida cuando comparten los mismos delitos y las mismas responsabilidades.
Aun cuando en derecho penal no existe la analogía, el ex burgomaestre apostó por una alternativa que resucitaba de doble filo, bien podría considerarse que su actitud de ponerse a disposición de la justicia y someterse a los dictados de los jueces podría beneficiarlo o bien podría merituarse su condición como la de un ciudadano evasivo que solo estaba esperando una oportunidad para salir mejor librado en este caso.
Lo cierto es que los jueces superiores de la Sala Penal no tuvieron en cuenta para nada la acción procesal del investigado y, por el contrario, evaluaron su pedido a partir de los delitos que se le imputan y los cargos que forman parte de la acusación del Ministerio Público, inclusive, con su pronunciamiento han dejado abierta la posibilidad que se le pueda variar el mandato de comparecencia al ex gerente municipal si la Fiscalía así lo considera y lo plantea con el fundamento de la resolución de la sala superior.
Ello porque los magistrados superiores han reparado en un hecho que, aparentemente, el juez que revisó la solicitud del co investigado Rodolfo Barrantes no lo hizo o no quiso advertirlo, y es que ambos están siendo procesados no por uno sino hasta por tres delitos que están vinculados entre sí, y cuando ello ocurre los operadores del derecho saben que se encuentran ante una figura que se conoce como concurso real de delitos.
La particularidad de este escenario procesal es que la prognosis de la pena no se hace en función a la pena que se prevé para el delito más grave, sino que se tiene que formular en función de la penalidad prevista para cada uno de los delitos y haciendo una sumatoria de los mismos, de tal suerte que de esta manera es imposible que el ex alcalde Juan Gasco Barreto pueda ser condenado a una pena menor de cuatro años de prisión.
Por estos fundamentos, la Sala Penal no ha aceptado el pedido de revocatoria de la orden de prisión y la aplicación de una medida de comparecencia restrictiva, con lo cual el ex alcalde tendrá que seguir las incidencias del juicio oral desde la celda que ocupa en el Penal de Cambio Puente y en donde debe permanecer hasta que le dicten sentencia o hasta que se cumplan los 18 meses de prisión preventiva que se han comenzado a computar recién desde el pasado mes de enero que se entregó a la justicia.
Lo más complicado para el ex burgomaestre es que el juicio oral en el que espera deslindar su responsabilidad y participación en los delitos investigados se encuentra virtualmente paralizado y a la espera que se resuelvan dos incidencias que quedaron pendientes y que deben resolverse antes de poner en marcha el proceso, una de las cuales está relacionada con la situación jurídica de los ex funcionarios que formaron parte del comité de adjudicaciones y quienes quedaron al margen del proceso al decretarse el sobreseimiento de los delitos que les imputan, empero, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y extraña que hasta la fecha no haya sido resuelta.
Los hechos que se juzgan contra el ex alcalde Gasco están relacionados con las acusaciones que hicieron empresarios que aseguran haber sido coaccionados a pagar diezmos y finalmente no se cumplieron los contratos, inclusive, en este caso existe un video que ha sido cuestionado por la defensa del ex alcalde y hasta se han recibido testimonios de colaboradores eficaces.
Estos cargos han sido los que dieron origen a otras investigaciones que se vienen realizando contra el mismo ex alcalde Juan Gasco y varios de sus familiares por delito de Lavado de activos, como consecuencia de información que ha sido proporcionada por los colaboradores y que presumiblemente se consolida con signos exteriores de riqueza con quienes han sido llamados por la Fiscalía.
Lo cierto es que el caso original, como podría llamarse a este que afronta el ex burgomaestre, se inició con muchos investigados y han quedado únicamente tres que han sido acusados y derivados a un Juzgado Unipersonal para que se inicie el juicio.
Probablemente, esta situación es la que ánimo al ex alcalde a ponerse a derecho, en el convencimiento que ya los cargos se habían diluido y estaba convencido que serían archivados, empero, revisando los archivos se ha constatado que los sobreseimientos se dieron en las personas que sindicaron al ex alcalde y los ex funcionarios que formaron parte del comité de adjudicaciones porque el juez considera que la colusión no se dio en la entrega de la buena pro sino en actos previos y posteriores.
De allí que habrá que seguir de cerca las incidencias de este proceso, por lo pronto, se sabe que al iniciarse el juicio oral se puede ver comprometida la situación del ex gerente Rodolfo Barrantes en la medida que la Sala Penal ha calificado que su comparecencia se otorgó erróneamente y no se revisó en instancia superior porque extrañamente la Fiscalía Superior se desistió de la impugnación formulada por la Fiscal Provincial.
Es evidente que el ex alcalde tendrá que confiar en la estrategia de su defensa, no ha podido superar la orden de prisión por un error de cálculo, ahora tendrá que buscar una absolución en el juicio oral, una tarea bastante complicada.