Cuando la comunidad chimbotana estaba a la espera que el Ministerio Público adopte alguna medida respecto su ex administrador Gino Reyes Roggero, con relación al escandaloso desfalco que se puso al descubierto en dicha dependencia, de pronto la Policía lo capturó y lo llevó a los calabozos de la División de Investigación criminal, atendiendo a una orden judicial.
La captura de Gino Reyes se produjo en la sede del Ministerio Público, cuando salía de trabajar y se aprestaba a marcar su tarjeta de asistencia al concluir una jornada laboral como de costumbre, llevándose una sorpresa al hallarse con efectivos policiales que blandían una orden de aprehensión en su contra.
Esta orden de arresto fue gestionada por el fiscal Felipe Elías Silva, quien está a cargo de la investigación relacionada con el desfalco de las arcas del Ministerio Público y quien recurrió el Juez con la finalidad de echarle el guante al funcionario antes que pudiera fugarse como las circunstancias lo advierten.
En efecto, ese mismo día el ex Administrador Gino Reyes pensaba salir de vacaciones, había solicitado a la gerencia de personal que le otorguen el descanso vacacional que tenía pendiente y por ello marcaba su tarjeta por última vez.
El Fiscal que lo investiga ha entendido esta situación como un posible escenario de fuga, como una situación que pone en serio riesgo la macha de la investigación en la medida que su co investigado Fernando Sotelo Valenzuela, solicitó vacaciones desde hace dos meses y de esta manera se ha alejado de los requerimientos del Fiscal.
Esto era mucho más sospechoso aun en la medida que ya el Ministerio Público había avanzado lo suficiente como para dar por concluida la investigación preliminar y estaba en condiciones de iniciar una investigación preparatoria en la cual tiene las atribuciones para solicitar al juez las medidas restrictivas que se imponen a quienes son proclives de perturbar ºla actividad probatoria.
Por ello el Fiscal solicitó y obtuvo una orden de detención preliminar por parte del Juez anticorrupción que consideró “a priori” que con las evidencias que cuenta en su poder es suficiente para considerar la comisión delictiva y la presunta participación del investigado, por lo que se imponía su aprehensión.
Eso es lo que se ha concretado la semana pasada gracias a la medida restrictiva de detención preliminar otorgada por el Juez anticorrupción a efectos de garantizar la presencia del investigado en la pesquisa que ha ingresado a su fase estelar y que ha permitido corroborar muchos de los hechos denunciados inicialmente.
Justamente, en este mismo espacio editorial, hace ya unas dos o tres semanas atrás, nos preguntábamos ¿Qué es lo que está esperando el Fiscal?, ello a propósito de las diligencias que estaba actuando el magistrado en diversas empresas proveedoras de servicio con la finalidad de cotejar si las facturas y pagos sustentados en el rubro de gastos de la fiscalía corresponden a los comprobantes de pago que ellos emiten.
Precisamente en esta revisión de documentos, el fiscal recibió el testimonio de muchos propietarios de empresas prestadoras de servicio en el sentido que ni siquiera conocían la sede del Ministerio Público de Chimbote, en varios casos negaron que la factura que tiene la fiscalía haya sido expedida por ellos, en algunos casos las clonaron, en otros casos han falsificado documentos y en otros han vendido facturas en blanco, todo lo cual ha permitido establecer que los servicios que se cancelaron fueron fantasmas.
Todas estas evidencias han trascendido públicamente y es posible que existan muchas otras que aún no pueden ser de conocimiento de la prensa y de la opinión pública en general pero que han consolidado en el Ministerio Público la comisión de los delitos investigados y permiten adelantar la presunta responsabilidad de cada uno de los investigados hasta este momento.
Por ello es que sorprendió que no se tome alguna medida a pesar que éramos conscientes que el representante del Ministerio Público aun contaba con los plazos para poder seguir investigando, lo que lo llevó a que la semana pasada comience a dictar los apremios legales y empezó por el investigado principal en este caso el ex administrador Gino Reyes Roggero.
Cuando escribimos este comentario, aun se encontraba realizándose la audiencia en la cual se debería establecer la medida de prisión por nueve meses solicitada por la Fiscalía luego de haberse expedido la disposición que ordena continuar la investigación preparatoria, dando por concluida la pesquisa preliminar con un cargamento de pruebas que pesarán mucho en la decisión que adopte el magistrado.
Cierto es que a pesar de la presunta tranquilidad del ex administrador frente a esta pesquisa, en la medida que se mantenía trabajando sin inconveniente alguno en la misma entidad pese a las pruebas que venían actuándose, todo indicaba que el colofón de este caso era, indudablemente, el encarcelamiento de los dos principales responsables de este desfalco, empero, al parecer Gino Reyes no pensaba lo mismo.
Esto se colige del repentino resquebrajamiento en su salud cuando era investigado en el plazo de 72 horas solicitado por la fiscalía, en cuyo lapso se estimaba la recepción de su manifestación frente a los cargos que pesaban en su contra, diligencia que no se pudo realizar porque se debió trasladar al investigado a una clínica local en la medida que presentaba un cuadro cardiaco que requería ser estabilizado.
Las imágenes mostraron a un ex administrador abatido y desmoralizado, cargado en hombros entre su abogado y un efectivo policial para que lo revise el médico legista que es quien recomendó la intervención de un cardiólogo ante el cuadro de descompensación que presentaba.ÂÂ
Aun cuando no conocemos la medida que dictará el juez de la causa, no hay que ser ducho en materia jurídica para convenir que todo lo que le viene ocurriendo al ex administrador estaba cantado, se veía venir la medida de detención y confiemos que, finalmente, la fiscalía deslinde no solo la responsabilidad de quienes han manejado los recursos de la entidad con designios tan dolosos como los que hemos conocido, sino que determine si detrás de ellos existieron otros que permitieron este derroche.