Editorial

INSTITUCIÓN EN CRÍSIS

El Ministerio Publico del Santa no deja de hacer noticia desde el año pasado aunque, infortunadamente, ellas no resulten las más positivas y halagadoras sino, todo lo contrario, ponen de manifiesto serias y graves deficiencias en su desempeño tanto administrativo como funcional.

Ello porque, al conocido escándalo registrado en el área administrativa y contable, en donde se detectó un millonario desfalco, se retoma el serio problema que representa el preocupante retraso en la labor de los fiscales anticorrupción en las carpetas de investigación que tienen a su cargo, situaciones que, a la larga, pueden promover la impunidad.

Este asunto, que ya se había vislumbrado el año pasado, se ha retomado porque las cifras de los procesos que tienen plazos vencidos sin pronunciamiento del Ministerio Público virtualmente se han duplicado, sin que se advierta una reacción o una estrategia por parte del Ministerio Público para revertir esta situación.

Y es que por información proporcionada por la misma institución, se ha podido conocer que de los 316 casos que han sido distribuidos entre los 17 fiscales anticorrupción existe a la fecha 163 carpetas que ya tienen los plazos vencidos, lo que representa más del 50% del volumen que trabajan los fiscales en materia de investigaciones preparatorias o preliminares.

Esto no puede ser, de ninguna manera, tomado a la ligera, pues aun cuando esta situación no genera apremio alguno, si queda sujeta a una petición de control de plazos por parte de los magistrados o de las partes involucradas que dejará al Ministerio Público entre la espada y la pared, lo obligará a tener que emitir pronunciamiento formulando la correspondiente acusación o solicitando el sobreseimiento cuando, por esa misma inoperancia que muestran en los juicios, no se haya podido recopilar las pruebas que sustenten los cargos delictivos.

Parece que este criterio no lo comparte la Presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera, quien lejos de hacer frente a la problemática y demandar a sus Fiscales un mayor celo en sus funciones., lo que hace es buscar una justificación al problema cuando ya estamos cansados de escuchar los lamentos de siempre.

Es una actitud similar a la que adoptara su antecesora el año pasado cuando se reveló por intermedio de nuestro medio de comunicación la existencia de carpetas que se hallaban con plazos vencidos, no solo por la petición de control de plazos que hizo el procurador anticorrupción sino por la decisión del Juez de apelar a esta misma figura ante la parsimonia de los fiscales para emitir un pronunciamiento.

Lo que es más grave, en aquella ocasión lejos de atenderse el problema se buscó identificar a quienes lo habían dado a conocer públicamente, la emprendieron contra el Procurador anticorrupción, quisieron perjudicarlo a través de posiciones necias como aquellos de “coadyuvar a la investigación” y finalmente, lo único que se consiguió es dividir la posición de los Fiscales y promover el éxodo de quienes mostraban mejor desempeño en esa instancia.

Hoy la Presidenta de la Junta de Fiscales aduce que la existencia de 163 carpetas con los plazos vecinos no debe generar preocupación alguna en la medida que se trata del 18% de carpetas que tienen las fiscalías anticorrupción y porque no existe peligro de prescripción de los delitos porque en casos de corrupción la ley ha duplicado los términos de la extinción de los delitos bajo esta modalidad.

Inclusive, para tratar de explicar esta situación ha señalado que ello obedece a la falta de condiciones ideales para el trabajo de los Fiscales, como que no cuentan ni con lapiceros y papel para desarrollar correctamente sus funciones, sus computadoras se paran malogrando y la falta de peritos no permite avanzar en las carpetas de investigación.

Sobre este aspecto, ha señalado que apenas cuentan con dos peritos, una de ingeniería civil y la otra en Contabilidad, pero deben atender las solicitudes de todas las Fiscalías, lo que representa una carga que no pueden atender en unos cuantos meses, lo que para ella justifica el trabajo lento de las fiscalías anticorrupción.,

Pero cuando la prensa le preguntó que existían otros casos de dilaciones irregulares, como el caso de una carpeta en la que el Fiscal ha concluido la pesquisa y solo debe entregar su dictamen acusatorio pero no lo hace desde hace cinco meses, es decir, que allí no existe falta de pericias, papel o lapicero pero la lentitud es la misma, la Fiscal Decana se negó a responder bajo el argumento que no responde por casos en particular. (¿?)

En realidad no se entiende lo que sucede en la Fiscalía, desde hace más de un año funcionarios del área administrativa y contable se levantaron en peso los recursos del Ministerio Publico sin que nadie se percate de ello, sin embargo, ahora nos dicen que no tienen presupuesto para comprar papel y lapiceros, lo que suena realmente contraproducente.

El año pasado el Fiscal de la Nación ha llegado hasta en tres o cuatro oportunidades a nuestra ciudad, una de ellas fue para destapar la olla de corrupción que existía en la oficina de administración, sin embargo, ¿no podrían las responsables del Ministerio Público del Santa  haberle reclamado al titular del pliego que en esta sede de Chimbote no tienen  ni para papel y lapiceros? 

Es que en realidad, si una institución no tiene recursos para adquirir papel y lapiceros a pesar que son insumos básicos en su trabajo, la verdad es que no sabemos que hacen tantos empleados encorbatados que deben representar una cuantiosa planilla para la institución.

No sabemos qué es lo que pasará con estas carpetas que cuentan con plazos vencidos, por lo menos la Fiscal decana no ha dicho que es lo que planean hacer al respecto, empero, siguen allí para beneplácito de los acusados que entienden que el paso del tiempo los favorece y con una procuraduría que no estaría dispuesta a generarse los mismos problemas que se registraron el año pasado cuando tuvieron la “osadía” de pedir el control de plazos en las carpetas pendientes. Es evidente que estamos ante una institución en crisis, cuyos responsables no quieren ver el problema más allá de sus ojos.