En la última semana tres personajes ligados a la función pública, dos de ellos ya alejados de dicha actividad y uno en funciones, han merecido resoluciones judiciales que ordena su internamiento en un recinto penitenciario, de los cuales dos han sido recluidos en penales de Chimbote y Huaraz y el tercero se encuentra con un pie en el presidio en la medida que la Juez ha suspendido la ejecución de su condena hasta que ella fuera revisada por la instancia superior en vía de apelación.
Y es que al caso más sonado y emblemático como es el relacionado con el gobernador provisional que ya se encuentra internado en el penal de Huaraz, se habían sucedido otros dos casos que involucran a ex funcionarios que son perseguidos por la justicia por los delitos que les descubrieron cuando desempeñaron cargos en la Municipalidad Provincial del Santa y la Municipalidad Distrital de Samanco.
El primer caso es el que involucra al ex Jefe de la Oficina de Desarrollo Vial de la Municipalidad Provincial del Santa, Leonidas Saravia Páucar, quien formó parte del staff de funcionarios en la gestión del ex alcalde Luis Arroyo Rojas, quien también se encuentra comprendido en este proceso penal y ha recibido una pena condicional.
El juicio está relacionado con el cobro ilegal de una suma de dinero que se impuso a los transportistas de la localidad a cambio de pasarse por alto la obligación de la revisión técnica, una inspección que no está sujeta a ninguna clase de negociaciones pero que el año 2011 se estableció de manera ilegal con la anuencia del dirigente de los transportistas Líder Saavedra Paredes, quien se prestó a este juego.
Justamente, Saavedra Paredes y el exalcalde Luis Arroyo Rojas han sido sentenciados a cuatro años de pena condicional al ser hallados responsables de este conciliábulo, empero, el ex Jefe de Desarrollo Vial Leónidas Saravia recibió una pena de cuatro años y 8 meses de prisión efectiva, por la responsabilidad que le cabe en este acuerdo subterráneo y doloso.
Este proceso penal no es nuevo, por el contrario, se remonta a muchos años atrás, cuando algunos transportistas denunciaron su disconformidad por el pago que realizaban a su gremio sin que exista un registro de la obligación que le estaban imponiendo, en otras palabras, por entonces no se quejaban por el pago de un derecho sino porque este no ingresaba a las arcas del municipio y les parecía sospechoso que se tenga que efectuar en su sede sindical en donde solo les entregaban un recibo.
Sin embargo, el trasfondo de este pago no era legal, el responsable de la dependencia de Transportes en el Municipio Provincial del Santa no podía establecer un acuerdo en el que esté de por medio la exoneración de la revisión técnica, habida cuenta que este es un procedimiento obligatorio y establecido por una ley como garantía de seguridad para el transporte en general, como una suerte de velar para que no circulen vehículos en mal estado por las calles de Chimbote.
Sin embargo, los funcionarios ediles se atrevieron a zanjar un acuerdo ilícito de estas características, seguramente recaudaron ingentes cantidades de dinero cuyo destino se desconoce, por ello es que el Ministerio Público se vio precisado a intervenir recogiendo las denuncias de los transportistas e iniciando una pesquisa que tomó su tiempo, que se prolongó en el calendario pero, a pesar que los ex funcionarios dejaron el cargo hace más de cinco años, siguió su curso para llegar a las instancias judiciales.
Ahora, la sentencia final ha dejado al ex funcionario Leonidas Páucar con un pie en el penal de Cambio Puente, solo puede aspirar a que la Sala Penal anule la sentencia o la revoque en parte para imponerle una pena menor, empero, tal como se ha apreciado en el curso del juicio oral las pruebas son contundentes, los descargos de los involucrados no fueron lo suficientemente consistentes como para desvirtuar los cargos delictivos, por ello es que la justicia ha sido implacable para quienes aprovechando un cargo y posición hicieron escarnio de la ley y resultaron favoreciéndose mutuamente con un aporte que, a nivel de todos los transportistas, fue una fuerte suma de dinero.
El otro caso es el que protagonizó el ex gerente municipal de la Municipalidad del Poblado Menor de Cambio Puente., Edgar Arturo Marroquín Debernardi, quien el pasado mes de febrero fue condenado por la Sala Penal Liquidadora de la Corte del Santa a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva al ser hallado responsable del delito de colusión y peculado perpetrado cuando se desempeñaba como empleado edil.
Los hechos relacionados a este segundo caso corresponden a la primera gestión municipal de Cambio Puente, cargo que recayó en el ex alcalde Julio Saona Giraldo, quien decepcionó a todos sus vecinos con una gestión plagada de hechos turbios como el relacionado con los cobros coactivos realizados a través de la empresa Making, cuyo propietario también ha sido condenado a siete años de cárcel por el festín de dinero que generaron.
En este mismo caso está también en condición de prófugo de la justicia el ex alcalde Julio Saona a quien la justicia le ha impuesto once años de cárcel por la comisión de los delitos que son acumulables en la medida que responden a un concurso real de delitos.
Marroquín se hallaba prófugo hasta que fue ubicado por la Policía y trasladado al Penal de Cambio Puente en donde deberá cumplir la pena que se la impuesto, sin embargo, como el caso del ex Jefe de Desarrollo Vial, Leonidas Saravia, esto no es sino consecuencia de las acciones irregulares e ilícitas que se concretan en el manejo de los recursos públicos a través de acciones intencionales y concertadas.
Son tres funcionarios públicos, uno de ellos en funciones., los que han sido castigados por la justicia en estos días, eso nos dice muy bien de la función que viene cumpliendo la administración de justicia que, con antelación ha dictado otros fallos ejemplares como el caso de la desratización o del abogado Luis Arroyo Guevara, ex patrocinador de César Álvarez Aguilar a quien también confirmó una condena de cinco años de prisión y se encuentra en la misma condición de prófugos de la justicia.
Sabemos que la justicia tiene en ciernes otros casos de ex funcionarios públicos que deben concluir en los próximos meses, esperemos que mantenga la ecuanimidad y firmeza con la que vienen fallando estos casos, la ciudadanía necesita de un mensaje claro y contundente del compromiso judicial que existe en la lucha contra la corrupción.