Prórroga indispensable. El Fiscal Anticorrupción Walberto Rodríguez Champi solicitó una prórroga por el plazo de 8 meses para seguir investigando las irregularidades cometidas en las licitaciones públicas de las obras de “Mejoramiento de la Avenida Industrial” y “Ampliación del Sistema de Electrificación Rural del centro poblado de Cascajal”.
Tras el pedido, el Juez de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, programó para mañana lunes 17 a las 11.30 de la mañana la audiencia de prórroga de investigación preparatoria compleja, donde se escuchará los argumentos del representante del Ministerio Público y la oposición de la defensa técnica de los imputados, antes de tomar una decisión.
El Fiscal Rodríguez Champi ha justificado el pedido de prórroga en el plazo de investigación ante la necesidad de culminar con una serie de diligencias, antes de emitir pronunciamiento. Recordó que en esta carpeta fiscal se investigan dos procesos de selección, hay un gran número de imputados y se requiere recabar abundante información de la propia Sub Región El Pacífico y del gobierno regional de Ancash.
La Fiscalía Anticorrupción del Santa sostiene que en el caso de la Obra “Mejoramiento de la Avenida Industrial, Malecón Grau y Prolongación Av. Bolognesi” valorizada en 37 millones 64 mil 421 nuevos soles, se otorgó la buena pro a “Consorcio Avenida Industrial” representada por Juan Carlos Aguilar Alva, el pasado 18 de mayo del 2010, luego de declarar nulo un primer proceso para modificar el procedimiento de licitación y otorgarle la buena pro de manera irregular con una serie de vicios.
Por estas irregularidades serán investigados César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas, los ex funcionarios de la Sub Región El Pacífico, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, Cecilia del Rocío Alfaro García, Oscar Edwar Salgado Olivo, como presuntos autores y el empresario Juan Carlos Aguilar Alva con sus empresas Triple R Constructores, J & E Ingenieros y AFENA Contratistas, en calidad de cómplice primario.
Uno de los elementos de convicción que ha recopilado la Fiscalía es el peritaje técnico practicado a la obra que determinó un pago de adicionales de obra y deductivos en el presupuesto, que no se ciñeron a las exigencias de la Ley de Contrataciones del Estado, generando un incremento entre el presupuesto inicial de la obra y lo que se pagó finalmente al contratista, de 1 millón 506 mil 966.03 soles.
Además, se ha considerado la sindicación del colaborador eficaz Nº 09- 2014 (caso La Centralita) quien ha revelado que Juan Carlos Aguilar Alva habría pagado un diezmo de 4 millones de soles para obtener la buena pro de esta obra.
Sin embargo, respecto a esta misma obra, se investiga otro hecho de presunta connotación delictiva y tiene que ver con la licitación previa, que inicialmente fue adjudicada a Consorcio Alfa, representado por Esteban Anatolio Rodríguez Romero (ya fallecido), pero que presentó como garantía una carta fianza de COOPEX y cuando se le pidió que la cambiara no cumplió con dicho trámite y se declaró desierta.
En esta adjudicación, finalmente frustrada, también hubo pago de diezmos, entregados por Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, conocido como Manucci (hijo del fallecido), quien según un colaborador eficaz habría entregado la suma de 250 mil soles a César Álvarez y Luis Arroyo Rojas, dinero que finalmente le fue devuelto en parte, quedando un saldo de 80 mil soles.
Por estos actos de corrupción, son investigados César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas, Enrico Castañeda Casanova, Yony Benites Saldaña, Óscar Salgado Olivo y Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, indica la carpeta fiscal.
Por otro lado, en el caso de la obra de Menor Cuantía Nº 113- 2009, “Mejoramiento del sistema de electrificación rural del centro poblado de Cascajal” valorizado en 3 millones 499 mil 854 nuevos soles, con fecha 18 de junio del año 2009, se habría favorecido con la buena pro a Consorcio Montegrande I, representado por Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales en base a una serie de irregularidades, tanto en la etapa de licitación (presentación a destiempo de una carta fianza) como en la misma fase de ejecución.
Por estas irregularidades son investigados César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas, los exfuncionarios Jorge Meléndez Iberico, Yony Rhoel Benites Saldaña, Óscar Edward Salgado Olivo como presuntos autores y el empresario Gonzalo Alfredo Trujillo Rosales como cómplice primario.