Está inhabilitada para ejercer cargos públicos:
Abogada María Graciela Domínguez Gómez se comió resolución judicial y no informó sentencia condenatoria en su contra.
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado peruano, que tiene como finalidad capacitar, actualizar, certificar y acreditar a los aspirantes y a los propios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas sus instancias, propiciando su formación ética y jurídica, su conciencia creadora y la permanente reflexión sobre el rol que les compete asumir al servicio de la administración de justicia en el proceso de desarrollo del país.
Sin embargo, todo este concepto institucional que tiene como misión y parte de sus fortalezas; se ha ido al suelo en la ciudad de Chimbote donde funciona una sede desconcentrada para desarrollar los programas de formación de aspirantes (PROFA) de los abogados que aspiran a convertirse en magistrados; por la única y sencilla razón de haber incorporado como coordinadora académica y administrativa en Chimbote, a una abogada condenada por la justicia por el delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Se trata de la abogada María Graciela Domínguez Gómez, condenada penalmente el pasado 08 de julio de 2016 a dos 2 años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo período de prueba de 2 años, además de 1 año de inhabilitación consistente en incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, tras ser hallada culpable del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Dominguez Gomez recurrió en última instancia a la Corte Suprema de la Republica vía recurso de casación, sin embargo, el último 6 de marzo, se declaró inadmisible su pretensión y la condena penal en su contra, quedo ejecutoriada en instancia definitiva.
Además de ello, Domínguez Gomez, condenada junto a su coimputada Emilia Teodora Achutegui Giraldo con la misma pena; tuvo que pagar 4 mil soles de reparación civil, dinero que depositaron apresuradamente en los últimos días, según fuentes del Poder Judicial.
A pesar de estos antecedentes y apelando únicamente a la amistad que tiene con el abogado Richard Villavicencio Saldaña, fue designada como abogada coordinadora de los programas de formación de aspirantes y otros programas que se dicten en favor de magistrados en la sede desconcentrada de la Academia de la Magistratura- Chimbote.
¿Una persona condenada por delito doloso en agravio del Estado, puede participar y desempeñar la coordinación de una entidad que tiene una crucial participación en la formación ética y académica de los aspirantes a jueces y de aquellos magistrados quienes buscan un ascenso?. La respuesta la tiene el Dr. Josué Pariona Pastrana, presidente de la Academia de la Magistratura.
LOS HECHOS
Las imputadas María Graciela Domínguez Gómez y Emilia Teodora Achutegui Giraldo, fueron declarada culpables del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado y la Municipalidad Distrital de Buena Vista en la provincia de Casma.
Ocurre que Dominguez Gómez se desempeñó como asesora legal externa de la Municipalidad de Buena Vista en Casma y a la vez se adjudicó la buena pro de la elaboración del Manual de Organización de Funciones (MOF) y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), sin embargo, al advertir la ilegalidad de su participación, optó por simular un nuevo proceso de ese tipo y se adjudicó la ejecución de los servicios a Emilia Teodora Achutegui Giraldo, quien no realizó ningún trabajo.
Es decir, se hizo doble proceso y finalmente también hubo doble pago, pese a que en realidad, Emilia Teodora Achutegui Giraldo, nunca trabajó, sino en concertación con María Graciela Dominguez Gomez, prestó su nombre para cobrar por un trabajo que no hizo.