Ayer en caso de crimen de Nolasco:
Sala Penal Nacional dejó al voto pedido de sobreseimiento para cinco investigados de caso Nolasco.
Escucharon y decidirán en las próximas horas. El colegiado “A” de la Sala Penal Nacional dejó al voto la decisión de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima que propusor archivar los cargos de homicidio calificado contra cinco personas del entorno de César Álvarez Aguilar, en el sonado caso del crimen de Ezequiel Nolasco Campos.
Los abogados de Víctor Julio López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, Jorge Luis Burgos Guanilo, Alberto Manuel Palacios Flores y Moisés Pretell Pereda oralizaron ante los magistrados René Eduardo Martínez Castro (presidente), Jhonny Hans Contreras Cuzcano y Otto Santiago Verapinto Márquez y pidieron que se archive el delito de homicidio en su contra, tal como lo ha solicitado en su dictamen el Fiscal Superior Jorge Chávez Cotrina.
En la audiencia de ayer, también participó el abogado Benji Espinoza Ramos, quien asumió la defensa técnica del ex presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, quien sorpresivamente también hizo uso de la palabra, aún cuando la audiencia era únicamente para decidir sobre el extremo del sobreseimiento formulado por el Ministerio Público.
Los magistrados determinarán en los siguientes días, el archivo del delito de homicidio en cuanto a los investigados Víctor Julio López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, Jorge Luis Burgos Guanilo, Alberto Manuel Palacios Flores y Moisés Pretell Pereda; quienes a su vez, fueron acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir con penas entre 12 y 10 años.
El archivo de la investigación por homicidio en contra de estos cinco imputados se da por descontado, pues el titular de la acción penal, no solo ha solicitado ello, sino que además, ayer no participó en la vista de la causa, lo que deja en evidencia que el extremo de sobreseimiento debe declararse fundado.
Fiorela Nolasco Blas, hija del asesinado ex consejero regional participó ayer de la audiencia, así como el abogado Marco Sánchez Ponte, quien figura como agraviado en el proceso.
Sobre el dictamen acusatorio que realizó la Fiscalía Superior de Crimen Organizado contra 30 personas (siete por homicidio calificado y las 30 por asociación ilícita para delinquir), solo resta que el colegiado “A” de la Sala Penal Nacional fije la fecha de inicio de juicio oral.
En esta acusación, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión efectiva que van desde los 35, 32, 12 y 10 años.