PSICOSOCIAL
El último fin de semana, nuevamente los allegados al ex presidente regional César Álvarez Aguilar comenzaron a regar la especie de la posible liberación del líder del movimiento amarillo, con la misma eficacia que lo hicieron en ocasiones anteriores al extremo que la gente hablaba en las calles que ya estaba con un pide afuera. Y es que se decía que habían planteado un pedido de cesación de prisión preventiva en el caso del crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte y de ser declarado procedente saldría a fines de mayo. Sin embargo, cuestionaron que la Sala Penal Nacional de pronto los haya notificado sorpresivamente de una audiencia de ampliación de la orden de prisión en el proceso penal que se le sigue al mismo Álvarez por el crimen de Ezequiel Nolasco, razón por la cual se decía que trataban de impedir que salga en libertad. Sin embargo, esto no es cierto, no el Ministerio Público había solicitado la ampliación de prisión y menos aún este es un pedido ilegal. Lo que ha sucedido es que la defensa de los deudos de Ezequiel Nolasco, por intermedio del abogado Marco Sánchez Ponte, presentaron el pedido hace ya más de dos semanas, amparándose en un dispositivo del código procesal penal que autoriza al juez a ampliar el plazo de la prisión si es necesario para dilucidar pruebas en el juicio oral. Entonces no existe sorpresa y menos ilegalidad alguna, nadie busca encerrar sin argumento alguno a ex presidente regional, por el contrario, los deudos tienen derecho a demandar que se cumplan los parámetros procesales que considera la ley, como en este caso la ampliación del periodo de prisión en tanto que no se concluye con el juicio oral, que es lo que sucede en el caso del crimen de Nolasco. Lo que extraña es que consideren virtualmente un hecho que se revocará la orden de prisión en el caso de “La Mamma” pues si la memoria no nos traiciona no ha sucedido nada extraordinario o favorable al ex gobernador regional como para que se justifique la modificación de la medida de prisión. Las cosas claras y el chocolate espeso.
BONO
El gobierno ha puesto en marcha el anunciado plan de reactivación del sector agrario que ha sido duramente golpeado por el “Niño Costero”. Se trata de la entrega del bono de mil nuevos soles por hectárea, programa que se ha puesto en marcha en Piura que ha sido la región más afectada por las lluvias y los desbordes. Luego lo hará en Lambayeque y así seguirá bajando pues también le corresponde a los agricultores de la provincia del santa. No sabemos a cuantos hombres de campo podrá beneficiar este bono pues se supone que primero el personal de las dependencias regionales debe haber verificado quienes deben acceder a este beneficio. Se afirma que solo se entregará a aquellos agricultores que perdieron por lo menos el 50% de su producción o cuyos cultivos hayan sido seriamente afectados por los desastres naturales y se entregará hasta un máximo de cuatro hectáreas. El ministerio de agricultura ha reservado una partida presupuestal para cubrir esta asistencia a través del fondo de asistencia agraria. Esperemos que no defrauden las expectativas de los agricultores de nuestra provincia pues los dirigentes han denunciado, sin ambages, que el ejecutivo los abandonó en nuestra jurisdicción. Ojalá que estas muestras de indiferencia no se adviertan nuevamente en la entrega del bono agrario.
ATORADA
El pasado jueves 04 de Mayo se dio lectura a la sentencia integra que condena al rector de la Universidad San Pedro y algunos abogados por el fraude conocido como “asesorías fantasmas”. Recién a partir de esta fecha los abogados tenían plazo de tres días para apelar y para fundamentar sus agravios, con lo cual el expediente se elevará a la Sala Penal de Apelaciones en donde se iniciará un procedimiento que terminará con la convocatoria a la audiencia única en la que se revisará el fallo. Pero este no será el único caso que revise la instancia superior, en estos días han llegado a ese nivel las apelaciones a las resoluciones que archivaron dos procesos a las autoridades de la misma Universidad San Pedro, uno por el delito de lavado de activos en el que están incursos no solo el rector sino los vicerrectores, y, el otro por la reelección del rector José María Huamán considerada ilegal, en la cual está también incurso el Registrador Público Miguel Sánchez Solórzano. La Sala Penal estará atorada con los casos de la Universidad San Pedro y todo indica que saldrán muchas novedades de todo esto.