En el marco de un operativo inopinado realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, con participación de la Policía Ecológica y la representante de la Defensoría del Pueblo, se ha advertido que ninguna empresa pesquera del vecino distrito de Coishco cumple con las normas de protección medio ambiental y siguen arrojando de manera impune sus efluentes hacia el mar.
Con reveladoras fotografías captadas en las playas de Coishco, las autoridades han demostrado como las plantas pesqueras sacan sus tuberías y arrojan sus desperdicios al mar, el mismo que ya se encuentra contaminado y sigue siendo utilizado como sumidero de empresarios que se lucran con el perjuicio al medio ambiente.
Sin embargo, pese a las evidencias, en esta inspección no se ha podido identificar cuáles son las empresas pesqueras a las que pertenecen las tuberías que llegan al mar, pues los propios administradores de las plantas ubicadas frente a ellas alegan que esas tuberías no les pertenecen pero se niegan a responder cuál es el sistema de evacuación de sus desperdicios industriales.
Por ello es que han demandado que la dependencia competente para identificar a las empresas infractoras y decidir una sanción, como es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental (0EFA) tome cartas en el asunto y disponga las acciones administrativas y penales contra los responsables.
Y es que las autoridades son conscientes que la ley establece ahora que las empresas que descartan efluentes contaminados deben hacerlo a través de un sistema industrial que garantice que ellos de lancen mar afuera previo tratamiento de sus aguas residuales en plantas establecidas en la propia empresa, es lo que se conoce como PACPE interno y PACPE externo.
Ello quiere decir que además de una planta al interior de las pesqueras ellas deben estar conectadas a un emisor submarino que es el único que puede trasladar esos efluentes debidamente mejorados mar afuera, de tal suerte que no se siga atentando contra la vida submarina y se termine con la descomunal contaminación que las pesqueras han generado a lo largo de las últimas décadas.
Justamente, esto es lo que se ha venido reclamando en los últimos años en Chimbote y frente a ello surgió el proyecto emprendido por Aproferrol para la instalación del emisor submarino que ya está listo y en funcionamiento, empero, aunque parezca paradójico, existen empresas pesqueras que reniegan a su obligación de anexarse.
Estas últimas prefieren seguir lanzando sus inmundicias al mar que pagar los derechos que corresponden por integrarse a un sistema de evacuación industrial, por ello que en este mismo espacio hemos comentado las intervenciones que se han realizado a algunas malas empresas que prefieren seguir perjudicando al medio ambiente y otras que, con tal descaro, instalan conexiones clandestinas para arrojar sus efluentes al colector doméstico.
Lo que nadie había reparado es que las empresas pesqueras de Coishco no estaban comprendidas en este proyecto del emisor submarino, por lo menos nunca las escuchamos mencionar cuando se puso en marcha y cuando se ejecutó y, en todo caso, si están comprendidas se ubican dentro del mismo grupo de omisas al programa de protección ambiental que establece la ley y que las obliga a implementar un sistema de tratamiento de efluentes y eliminación de los mismos sin afectar el ecosistema local.
No le falta razón a la comisionada de la Defensoría del Pueblo cuando se pregunta por la presencia de la OEFA que es el organismo fiscalizador por antonomasia y que ya debería haber detectado la situación precaria en la que se encuentran las plantas pesqueras de Coishco que, a la sazón, no son pocas.
Esperemos que el Ministerio del Ambiente eche una mirada a Chimbote, no entendemos como este portafolio no ejecuta planes definidos de acción en ciudades como la nuestra que presentan los más altos niveles de polución en el país, esto no solo lo vemos ahora con las plantas de Coishco sino que se ha advertido hace ya mucho tiempo cuando nadie le puso la mano a las pesqueras cuando se venció el plazo que tenían para adherirse a un emisor submarino.
Si las pesqueras de Coishco siguen operando en estas condiciones es porque en nuestra provincia existe una impunidad manifiesta y funcionarios que se hacen de la vista gorda, tal como lo han comprobado la defensoría, la Fiscalía y la Policía ecológica.
FALLO DECISIVO
La Sala Penal de Apelaciones que tiene a su cargo el juicio que se le sigue al suspendido Gobernador Regional Enrique Vargas Barrenechea, ha postergado para este miércoles 31 su decisión respecto a la impugnación formulada por la defensa de la referida autoridad quien fue condenado a cinco años de pena efectiva al ser hallado responsable de la comisión de delitos contra la fe Pública en la modalidad de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento.
La decisión de los magistrados se adoptó luego de haber escuchado los fundamentos de la defensa y el Ministerio Público, sin que se hayan actuado nuevas pruebas o que se haya modificado el estado de cosas que se conocía hasta la fecha de expedirse sentencia.
Incluso, en el interior se han podido conocer las ponencias de abogados involucrados en el tema, como el abogado huaracino Gilmer Asis quien destacó la legalidad de la sentencia condenatoria y su drasticidad teniendo en cuenta que Vargas es procesado por un concurso de delitos y cuando ello ocurre las penas no se subsumen una sobre otra sino que, por el contrario, se suman y por ello las condenas resultan contundentes.
De allí que se espera que la Sala Penal haya analizado de manera conveniente este caso, más aun cuando se tomó los diez días hábiles de plazo que le confiere la ley y que debe tener en cuenta que está de por medio la estabilidad de la región que se ha encaminado después de tantos tropiezos que ha sufrido. Estaremos todos a la expectativa de lo que suceda.