Solo acusa a ex funcionarios “comandos”
• En requerimiento acusatorio, Fiscal Carlos Roncal Cancino considera que no hubo colusión sino ánimo de ex funcionarios de favorecerse para beneficio propio.
El colmo. Para el Fiscal Provincial Anticorrupción, Carlos Manuel Roncal Cancino, en los escandalosos actos de corrupción en la licitación y ejecución de la reconstrucción del Colegio “Augusto Salazar Bondy” por más de 7 millones de soles, no hubo colusión entre ex funcionarios y la empresa contratista; sino únicamente una voluntad de aprovechamiento de los recursos públicos por parte de quienes dirigían la Sub Región El Pacífico.
Así lo determine el requerimiento mixto que ha formulado el mencionado magistrado ante el Poder Judicial respecto a los hechos investigados por las irregularidades en el Colegio “Augusto Salazar Bondy”, donde ha dispuesto archivar el delito de colusión que incluía a los representantes de la empresa contratistas y formulando únicamente cargos por el delito de negociación incompatible de cargo, en contra de un grupo de exfuncionarios de la Sub Región El Pacífico.
Según el requerimiento mixto al que ha tenido acceso el “Diario de Chimbote”, el Fiscal Carlos Manuel Roncal Cancino solicitó el sobreseimiento (archivo) del delito de colusión en contra de los investigados César Álvarez Aguilar, Verónica Pamela Bermudez Rodríguez, William Teddy Bejarano Rivera, Cecilia del Rocío Alfaro García, Oscar Edward Salgado Olivo, Carlos Mantilla Jacobo, Jessica Janet Palacios Alí, José Requena Cornejo (estos dos últimos supervisores de la obra) y la representante de la empresa Consorcio Buenos Aires, Fay Estela Ortega Torres de Carrillo.
Para justificar el archivo del delito de colusión, la Fiscalía indicó que no se ha podido recabar durante la etapa de investigación preparatoria elementos de convicción que evidencien un grado de certeza que los ex funcionarios hayan intervenido indirecta o directamente para beneficiar a la empresa que ejecutó la obra y a la empresa que supervisó la misma. Además indicó que la empresa cobró el 77.95% del valor de la obra y el avance físico fue de 75.51%, según peritaje, lo que evidencia si cumplió con su responsabilidad y que el hecho que la obra no se acabó, fue por falta de pago de la Sub Región El Pacífico que no tenía el presupuesto asignado para culminar la misma.
El representante del Ministerio Público, únicamente ha formulado cargos en contra de los ex funcionarios Juan Carlos Gallo Zegarra, Verónica Pamela Bermudez Rodríguez, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García en calidad de autores del delito de negociación incompatible de cargo en agravio del Estado.
Para estos cinco imputados ha solicitado una pena de 5 años de prisión efectiva, argumentado que tramitaron todo el procedimiento administrativo de licitación con una celeridad inusitada, con documentos internos sin sellos de recepción, tramitados en horas y sin contar con la asignación presupuestaria que garantice la existencia de fondos para ejecutar la obra.
Para la Fiscalía, estos funcionarios no debieron convocar a la licitación porque la documentación estaba incompleta y no reunía los requisitos y exigencias de ley; todo lo cual fue aprobado por la entonces gerente Pamela Bermudez y posteriormente avalado por su sucesor Juan Carlos Gallo Zegarra.