Caso ya está en Lima:
De manera definitiva, el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Nuevo Sistema Anticorrupción a cargo del magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena tendrá a su cargo el control de acusación de la investigación por las irregularidades detectadas en la “construcción de la carretera Callejón de Huaylas (Carhuaz)-Chacas-San Luis”, que ejecutaron las constructoras Odebrecht-Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, durante la gestión de César Álvarez Aguilar.
Esto ha quedado plenamente establecido, tras una comunicación dirigida por la jueza superior coordinadora del Nuevo Sistema Anticorrupción a la Dra. Melicia Brito Mallqui, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en la que se zanja de manera definitiva que el control de la acusación formulada por el Ministerio Público de Ancash se realizará en Lima.
“Ya hemos sido informados formalmente el último lunes, que el caso Odebretch será visto en Lima,, inclusive se estima que la audiencia de control de acusación sería en la segunda quincena de junio” explicó ayer la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ancash quien estuvo en Chimbote en actividades oficiales en la sede de la Corte de Justicia del Santa.
Según la acusación del Ministerio Público que basa sus indicios en un revelador informe de la Contraloría General de la República, se habría beneficiado de manera indebida a la empresa Odebretch con el pago de 27,1 millones de soles, durante la gestión de César Álvarez en el Gobierno Regional de Áncash.
El pago en exceso se realizó a través de adelantos de material de obra, incluso antes de firmarse el contrato, ampliaciones del plazo de construcción, hasta el 12 de enero del 2015, y sobrevalorizaciones.
Esta obra vial empezó a construirse el 22 de diciembre de 2010 con un presupuesto de 404 millones 826 mil soles y al terminar la misma, el 12 de setiembre de 2013, se había gastado 559 millones 322 mil 708 soles, lo que supuso un 38.16 por ciento de gasto adicional.
Según la Contraloría, de dichos adicionales, hubo un pago indebido e ilícito de 27,1 millones de soles. Para justificar estos pagos en exceso se amplió el plazo de construcción hasta el 14 de enero de 2015, pese a que la carretera terminó de construirse en setiembre de 2013.
El informe de la contraloría señala responsabilidad en los funcionarios del gobierno regional, empezando por su presidente, César Álvarez Aguilar, y la empresa supervisora, el consorcio Huaylas, integrado por Motlima Consultores y Consultores del Oriente.
Para la Contraloría, los funcionarios públicos que favorecieron indebidamente a Odebrecht en Áncash fueron César Álvarez Aguilar, como presidente regional; German Martínez Cisneros, gerente regional de infraestructura; Luis Díaz Vilca, subgerente de supervisión y liquidación.
También, Ivonne Bayona Guio, subgerente de estudios; Lorenzo de la Cruz Sánchez, inspector provisional de obra y subgerente de supervisión y liquidación de obra; Moisés Ángeles Obregón, subgerente de supervisión y liquidación de obra.
Igualmente, Leoncio Mauricio Chu, gerente regional de administración; Ángel Rondán Ramírez, subgerente de administración financiera; y Roger Carranza Quiñónez, encargado del área de fiscalización.
Por la empresa supervisora, el Consorcio Huaylas, representado por María Basurco Núñez de Frey, acusan al ingeniero supervisor Mario Peralta Gibaja. La supervisión de obra tuvo un costo de 19 millones 649 mil 999 soles.
CASO AMBULANCIAS
Por otro lado, la titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash dijo que la segunda investigación que ha sido derivada a los nuevos Juzgados del Nuevo Sistema Anticorrupción es el caso de las ambulancias sobrevaloradas, la misma que también está en la etapa de control de acusación, por lo tanto, los elementos de convicción de la Fiscalía serán discutidas con la defensa técnica de los imputados ante un Juez de control, quien determinará finalmente si el caso pasa o no a juicio oral.