La semana pasada, el Juzgado de Investigación Preparatoria nacional ha atendido los pedidos de la Fiscalía Supraprovincial para la ampliación de los órdenes de prisión que pesan contra los principales investigados en el conocido caso “La Centralita”, razón por la cual convocó a sendas audiencias en donde se han debatido estas solicitudes en presencia de los abogados defensores de los inculpados.
La primera de estas medidas se dirigió contra el ex presidente regional César Álvarez Aguilar y luego se fueron extendiendo al ex alcalde de Chimbote, Luis Arroyo Rojas, a los ex Policías Hugo Mayo Cortés y José del Carmen Ramos, así como al otrora todopoderoso gerente regional Hernán Molina Trujillo.
La misma solicitud se hizo en los casos de los ex dirigentes del Sindicato de Construcción Civil, Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, quienes también se encuentran incursos en este proceso penal por delito de asociación ilícita para delinquir, lo que significa que todos los mencionados deberían pasar otros 12 meses más recluidos en tanto el Ministerio Público le otorga forma a su acusación y se realiza el Juicio oral.
El Juzgado analizó estos pedidos y determinó que por su complejidad, el gran número de investigados y la calidad de los delitos, en donde se evidencia la existencia de crimen organizado, se adecúa a los alcances de una ley que permite al Ministerio Público demandar una ampliación más a la que ya hizo del mandato de prisión con la finalidad de asegurar y garantizar el desarrollo del proceso.
Por ello es que durante la última semana el Juzgado atendió cada uno de estos pedidos y los aceptó de plano, ordenando que se amplíen las órdenes de prisión, coincidiendo con la fecha en la que caducaba el mandato que se dictó contra ellos hace ya tres años atrás.
En efecto, una de las razones que ha motivado a los magistrados del Ministerio Público a demandar esta ampliación de las órdenes de prisión es el plazo que se les ha vencido sin que hasta el momento exista ni siquiera una acusación contra la cúpula regional que encabezó César Álvarez Aguilar.
Justamente, solo César Álvarez y el ex alcalde Luis Arroyo Rojas quedaban con mandato de prisión por el caso del crimen de Ezequiel Nolasco, empero, los demás quedaban virtualmente en el aire y si la Fiscalía no demandaba una extensión de la orden de prisión todos saldrían libres por exceso de carcelería sin que exista un pronunciamiento de fondo respecto a las razones de su detención.
Precisamente, si a este grupo se les ha ampliado el mandato de carcelería, no ocurre lo mismo con el periodistas Nelson Vásquez Baca, el dirigente político Juan Calderón Altamirano y el locutor Johnny Espinoza Linares, para quienes el representante del Ministerio Público no ha solicitado se les amplíe el mandato de prisión por lo que, contrario sensu, deberán dejar el Penal de Cambio en donde se encuentran recluidos los dos primeros y su domicilio en donde se hallaba Espinoza Linares hasta la fecha cumpliendo el mandato de arresto domiciliario que se le concedió tras haber purgado algunos meses en el penal.
Como se recuerda este grupo de investigados fueron capturados en el marco del operativo “Génesis” de la Policía Nacional en Mayo del año 2014, cuando se puso al descubierto la organización delictiva que se había empedrado desde el gobierno regional de Ancash y que tenía como cabecilla al ex presidente regional César Álvarez Aguilar.
Esta es la conclusión a la que llegó la Policía luego de afianzar las pesquisas tras el alevoso asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos., hecho registrado el 14 de marzo de aquel año en la localidad de Huacho, en circunstancias que el otrora aliado del mismo Álvarez había hecho un alto para descansar en un viaje de retorno que realizaba a Chimbote junto a su abogado y el chofer de la unidad.
A partir de este crimen se derrumbó como un castillo de naipes el imperio que había forjado César Álvarez en el gobierno regional de Ancash, aquel organigrama político que tuvo como sede el bunker conocido como “La Centralita”, que funcionaba en la urbanización La Caleta y cuya intervención ha dado lugar a hechos que terminaron, como no podía ser de otra manera, en los estrados judiciales.
Sin embargo, a lo largo de estos tres años el Ministerio Público no ha conseguido hasta el momento plantear su requisitoria escrita y solicitar el debate oral para la demanda del inicio del juicio oral, esa fase procesal que en la legislación se conoce como “control de acusación”, algo que ya debería haberse efectuado en este sonado caso.
Sin embargo, se tiene que considerar que este Caso La centralita no se la dilatado solo por la inercia y la desidia de la Fiscalía, es evidente que el titular de la acción penal tiene gran parte de la responsabilidad, empero, no se pude soslayar que han sido los propios investigados los que han buscado la manera que esto se extienda cada vez más, como aquella vez que amenazaron a los Fiscales que estaban a cargo de esta pesquisa, y, la propia naturaleza del proceso llevó a demoras inmanejables, como la transferencia de jurisdicción que operó por razones de seguridad y que obligó a tener que llevar todo el expediente y todas las diligencias hasta la capital de la república.
De allí que existen fundadas razones como para que el Ministerio Público demande una ampliación de la orden de prisión y lo ha hecho con quienes considera forman parte de la cúpula de la organización criminal que se incubó en predios regionales con la única finalidad de sacarse de encima a todo aquel que se opusiera a sus propósitos, uno de los cuales fue, qué duda cabe, el ex consejero regional Ezequiel Nolasco, a quien intentaron matar en una oportunidad y luego lo asesinaron en Huacho.
Esto es más comprensible aun si se tiene en cuenta que existe una ley que autoriza a los representantes del Ministerio Público a echar mano de una última ampliación del mandato de prisión cuando así lo ameriten las circunstancias especiales de determinado proceso y, el caso La Centralita” es uno de ellos. Dicho todo esto, la ampliación de la orden de prisión fue medidas impostergables que permitirá al Ministerio Público a plantear debidamente los fundamentos de su acusación y exige que lo hagan pronto.