En una decisión unánime, los miembros de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Áncash, con sede en Huaraz, ratificaron la condena que, en primera instancia, dictó el Juez Unipersonal David Ramos Muñante y que envió al Penal de esa ciudad al suspendido Gobernador Enrique Vargas Barrenechea.
Aun cuando solo se ha podido conocer los lineamientos de la sentencia de vista, los magistrados superiores han advertido que los hechos denunciados inicialmente por el Jurado Nacional de Elecciones, han sido debidamente acreditados y por tanto la autoridad regional ha incurrido en delito contra la fe pública, en la modalidad de Falsedad Genérica y delito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de falsa declaración en proceso administrativo, los cuales concurren en un concurso real de delitos.
Por ello es que han ratificado la pena impuesta de cinco años de cárcel efectiva, la misma que se viene cumpliendo desde el pasado 10 de abril y solo han modificado la pena accesoria de inhabilitación que el Juez había fijado en tres años y ha sido reducida a un año, una mención es que es meramente declarativa en razón que una persona que está recluida en un penal no puede ejercer cargo público alguno.
En esencia lo que han advertido los magistrados es que los cargos que se formularan a partir de una observación realizada por la oficina de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, en relación a la información proporcionada por el entonces candidato Enrique Vargas Barrenechea, resultaron ser falsos.
Esta información está relacionada con su actividad y con los títulos y honores que dijo tener el candidato a la vicepresidencia del Movimiento “Puro Áncash”, Enrique Vargas, en cuyo documento señaló que contaba con estudios de chef internacional en un instituto de gastronomía de Chile, lo que ciertamente le da un mayor roce a sus méritos personales en función a una candidatura y es capaz de sorprender a cualquiera
Sin embargo, cuando el órgano fiscalizador del JNE hizo un cruce de información y solicitó al vecino país que confirme a través de sus dependencias del sector educativo que aquellos datos corresponden a lo que señaló el candidato, recibieron un noticia sorpresiva al precisarse que no estaba registrado en ninguna carrera de ese país y que hasta el instituto mencionado no existía.
Estábamos ante un hecho sumamente delicado, una falsa declaración que insertada en una hoja de vida tiene la característica de una declaración jurada, es decir, una información que se entrega bajo juramento y cuya responsabilidad tiene graves connotaciones penales, pues en caso de ser falsa derivaría en una denuncia penal.
Esto lo sabe cualquier hijo de vecino, por ello es que las leyes de simplificación administrativa le otorgaron a esta declaración jurada un rango de veracidad tal que abusar de ella representa una grave infracción penal.
Por ello es que el Jurado Nacional de Elecciones trasladó este caso al Ministerio Público y pidió se profundice las pesquisas, todo lo cual ocurrió cuando ya Enrique Vargas había asumido la gobernación de manera provisional en la medida que el ganador de las elecciones, Waldo Ríos Salcedo, estaba inhabilitado por no haber cancelado la reparación civil de una condena que recibió hacer algunos años atrás y hasta en tanto no lo haga no sería rehabilitado para ejercer el cargo público.
Lo demás es historia conocida, ya se sabe cómo es que se inició este proceso penal y como adquirió ribetes contundentes cuando se calificó una figura de concurso real de delitos, es decir, la existencia de dos o más lesiones de bienes jurídicos tutelados con un mismo hecho, lo que quería decir que las penas se suman y no se refunden.
Y es que este extremo es el que preocupaba a ciertas personas que advertían que cinco años de cárcel efectiva es demasiado para quien ha incurrido en este delito teniendo en cuenta que se ha conocido de otros casos en los cuales no solo se han establecido penas menores sino que han quedado impunes, mencionándose, por ejemplo, el caso de los congresistas que suelen protegerse ante estas figuras delictivas.
Sin embargo, lo que no han compulsado quienes piensan de esta manera es que estamos ante una figura agravada por la calidad del agente, la falsedad en la información contenida en la hoja de vida no ha sido cometida por cualquier hijo de vecino sino por una autoridad de alta jerarquía para la ley como es un gobernador regional.
Por ello es que los jueces superiores no han advertido mayor cuestionamiento a este extremo y han sancionado la ratificación de una drástica pena que para muchos, entre los que nos consideramos, era inminente que se convalide en la medida que los cuestionamientos de la defensa técnica no incidieron en lo absoluto en el fondo del asunto y prefirieron demandar nulidad de la condena por cuestiones de índole procesal.
Esto es lo que no ha podido dejar de llamar la atención en quienes hemos analizado y comentado la sentencia condenatoria impuesta al suspendido gobernador regional, es decir, la endeble defensa que se ha realizado en torno al delito que se le estaba imputando y es que nadie podrá negar que el acusado jamás presentó una prueba en contrario a lo que sostenía el Ministerio Público, el hoy encarcelado Enrique Vargas no presentó un solo documento que demuestre a la autoridad que su declaración jurada era cierta y estaba arreglada a ley, por el contrario, las pruebas y fundamentos de la Fiscalía hicieron su trabajo en solitario ante la autoridad judicial.
Lo más grave es que a la hora undécima la familia del encarcelado Vargas Barrenechea decidió cambiar al abogado de la defensa y se escuchó la exposición de un letrado que mantuvo ese cariz de inquisidor de fórmulas procesales pero jamás sostuvo que el sentenciado no había cometido delito.
De allí que a muy pocos ha sorprendido que la Salas Superior haya ratificado la condena a pena efectiva que se impuso el pasado mes de abril al suspendido Gobernador Enrique Vargas, por el contrario, se ha puesto de manifiesto una coherencia judicial que dice bien de la manera como deberían expedirse siempre los fallos judiciales como éste que, indudablemente, está dejando sentado un importante precedente jurídico para que mañana o más tarde los políticos no desafíen a la ley falseando una declaración jurada.