El Juez del sexto juzgado de investigación preparatoria, especializado en delitos de crimen organizado, Eudosio Escalante Arroyo, dispuso el pasado fin de semana la medida de prisión preventiva de 36 meses para los 16 integrantes de la banda “Los Secos de Chimbote”, quienes fueron investigados por espacio de 15 días por la Policía y el Ministerio Público.
Como es de dominio público, esta banda de peperas, asaltantes y extorsionadores, fue desmembrada en el marco de un operativo madrugador en el que efectivos de la policía nacional y fiscales llegados de otras jurisdicciones, allanaron una serie de viviendas y detuvieron a varias personas que estaban vinculadas con los asaltos a transportistas y con las denominadas “peperas” que son mujerzuelas que engatusan a los parroquianos y les colocan alguna droga en el vaso para sumirlos en un profundo sueño mientras los desvalijan de sus pertenencias.
La organización delictiva estaba dirigida por el delincuente identificado como Danny Flores Cano.(a) “Gordo Danny” y en ella se pudo establecer la vinculación de un ex miembros de la Policía Nacional, así como de seis mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo y se prestaban para drogar a sus víctimas.
Por el número de detenidos y la gama de delitos que el Ministerio Público imputaba a cada uno de ellos, el Poder Judicial dispuso una detención preliminar de todos ellos por espacio de 15 días, a efectos de otorgarle el tiempo necesario a la Policía y la Fiscalía a efectos que puedan seleccionar y recopilar debidamente las evidencias y los indicios que deberían dar lugar a una medida restrictiva para cada uno de ellos.
Justamente, esto es lo que se ha analizado el último fin de semana, cuando el Juez Eudosio Escalante convocó a la audiencia de prisión preventiva, es decir, aquella que se realiza a pedido del Fiscal Provincial que tras las pesquisas realizadas y al disponer el inicio de una investigaciónÂÂ preparatoria, señala la necesidad de disponer el encarcelamiento de quienes han sido investigados o de alguno de ellos.
El magistrado se tomó el tiempo necesario y prolongó la audiencia un día más a efectos de exponer detalladamente la evaluación de los hechos y las pruebas de cargo y descargo, entrevistó a cada uno de los investigados, evaluó a los testigos y merituó las pruebas que la Fiscalía recopiló para definir la situación jurídica de cada uno de ellos.
Y es que existía la necesidad de deslindar las responsabilidades de cada uno de los intervenidos, más aun cuando por intermedio de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, algunos esgrimieron las posturas de inocencia o de hallarse totalmente al margen de las actividades delictivas de la banda.
De allí que algunas de las investigadas admitió que se dedican al meretricio clandestino y que merodeaban en los establecimientos nocturnos porque lo consideran su centro de trabajo, pero trataron de tomar distancia de los integrantes de la banda, especialmente del sujeto que es sindicado como el cabecilla.
Sin embargo, esos testimonios no desvirtuaron las condiciones que tenían de antemano el magistrado que pudo evaluar detenidamente este caso cuando la Fiscalía le solicitó la detención preliminar de 15 días, es en ese momento que ya el Juez entra en contacto con el expediente de tal suerte que cuando llegaron a la diligencia de prisión preventiva ya el juez de la causa conocía no solo los antecedentes de esta organización delictiva sino la participación que tuvieron cada uno de ellos, entre los cuales se encontraban estas mujeres que trataban por todos los medios de alegar libertad.
Lo cierto es que el magistrado no de dejó llevar las alegaciones de los detenidos y, especialmente, por las lágrimas que derramaban los familiares de los detenidos en la medida que era consciente que el fiscal estaba planteando un pedido sumamente severo como es la privación de libertad por espacio de 36 meses.
Por lo menos en nuestro medio de comunicación ya habíamos adelantado esta secuela procesal al señalar en este mismo espacio que era pertinente que la justicia no muestre debilidad frente al accionar delictivo de esta gente, y, lo hicimos no porque fuéramos adivinos o tengamos alguna bola de cristal, sino por la gravedad de los hechos que son materia de investigación.
Ello porque los Fiscales están tomando estos hechos como simples casos de asaltos al paso y extorsiones, más no consideran los verdaderos efectos que genera el accionar de las peperas, de quienes las dirigen y de sus cómplices.
Ello en virtud que el delito que perpetran estas mujeres suele tener consecuencias que van más allá de sus reales designios y que son capaces de llevar a la muerte a cualquier persona que resulte sorprendida por la colocación de sedantes o pastillas en su bebida para dormirlos y proceder a desvalijarlos.
Esto lo hacen sin conocer realmente la capacidad de respuesta de su víctima, sin saber si aquellos padecen de un cuadro clínico que les pueda provocar la muerte, como ha ocurrido en algunos casos que han enlutado a varias familias.
Por ello es que se tenía que ser drásticos y contundentes con gente que ha menospreciado la vida de los demás y que no ha escatimado esfuerzo alguno para exponer la vida de sus potenciales víctimas, cuando debieron tener por lo menos la certeza que colocar pastillas en la bebida de una persona podría ser una mortal.
Así las cosas no nos sorprende a quienes seguimos de cerca estos casos que la Policía y la Fiscalía de crimen organizado hayan conseguido dar el golpe perfecto a una organización delincuencial que estaba sembrando las calles de miedo y temor y que la justicia haya respondido sin vacilaciones, con la firme decisión de dejar sentado un mensaje a la ciudadanía para que no se vuelva acometer esta clase de delitos porque también se castigan con todo el peso de la ley. Esperemos que en el plazo de tres años que le queda a la Fiscalía se puedan recopilar todas las pruebas pertinentes.