TARDÍA SANCIÓN

Mientras la mayoría de ancashinos nos concentramos en los procesos penales que tramita la justicia contra todos aquellos ex funcionarios que han incurrido en delitos de función y pretendieron llevarse en peso el gobierno regional, en la vía administrativa se estaba avanzando un procedimiento de carácter disciplinario que tiene por finalidad sancionar a ese mal elemento que ha traicionado la confianza que el estado depositó en su persona para administrar correctamente los recursos públicos. 

Aun cuando nadie sabía de esto, recién la semana pasada hemos podido conocer la existencia de estas actuaciones en vía administrativa que han concluido con una sanción de inhabilitación por espacio de cinco años para los llamados “ex funcionarios comandos”, aquellos que en la gestión de César Álvarez Aguilar incurrieron en malos manejos y direccionaron los procedimientos en perjuicio del erario regional

Este procedimiento disciplinario ha sido tramitado por el Órgano sancionador de la Contraloría General de la República, el mismo que ha concluido los expedientillos administrativos que se iniciaron contra 13 ex funcionarios de la Sub Región Pacífico, es decir, la unidad ejecutora que tiene el gobierno regional de Ancash en la zona costa.

Este organismo ha determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional  y la comisión de inconductas infractoras en el ejercicio de sus funciones entre los años 2011 al 2014, de los cuales datan los hechos que han sido investigados.

Uno de los funcionarios que ha sido pasible de esta sanción es el ex integrante de las comisiones de adjudicaciones de la Sub Región Pacífico, William Teddy Bejarano Rivera, quien  pese a tener esta inhabilitación se afirma que a la fecha se viene desempeñando como Gerente Regional del Gobierno Regional de Junín, lo que quiere decir que sigue en la misma actividad pública de la que ha sido descalificado, lo que representa un contrasentido que seguramente deberá ser corregido por las autoridades de esa Región.

Este personaje es el mismo al que la justicia lo viene procesando en una serie de carpetas fiscales relacionadas con los actos de corrupción registrados en la época de la red de corrupción en Ancash, no sabemos si cuenta a la fecha con alguna orden de aprehensión en la medida que son muchos los procesos en los cuales se le ha mencionado, empero, es evidente que no está incluido en estas órdenes de restricción de la libertad pues sigue trabajando en la administración pública como si no hubiera pasado absolutamente nada.

Otra de las sancionadas es la ex Gerente de la Sub Región Pacífico, Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, quien a la fecha se encuentra en condición de prófuga de la justicia y que está investigada en el Caso “La Centralita” así como en muchos otros procesos penales relacionados con los malos manejos en la gestión regional y que a la fecha vienen concluyendo en la Corte del Santa.

Un tercer ex funcionario comando que se encuentra inhabilitado por la Contraloría General de la República es Samuel Euclides Méndez Siccha, quien en estos últimos años se ha desempeñado como miembro del directorio de la empresa Sedachimbote, lo que quiere decir que ha conseguido vincularse con las nuevas autoridades regionales que llegaron a designarlo como representante en el manejo de la política de la empresa de saneamiento.

Justamente, luego que se conociera la resolución del órgano sancionador de la Contraloría general de la república, el Gobernador Regional de Ancash, Luis Gamarra Alor, no demoró un solo minuto en desafectarlo, comunicando al directorio de la empresa Seda Chimbote que el referido Méndez Siccha ha dejado su representación por hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública, medida que pinta de cuerpo entero la firme decisión de las nuevas autoridades regionales de separar de inmediato la “paja del trigo” apenas toman conocimiento de hechos irregulares.

Pero no solo ellos son personajes conocidos en el entorno de “los comandos” que hoy enfrentan las graves consecuencias de su sinuoso accionar en la época de la red de corrupción, pues en la lista proporcionada por la Contraloría General de la República también aparecen Luis Andrés Caipo Paredes y Oscar Edward Salgado Olivos, quienes desde setiembre del año pasado se encuentran presos en el Penal de Cambio Puente por el sonado caso de la Desratización y Fumigación de la Sub Región El Pacífico, inclusive, como ocurre con los antes mencionados, también se encuentran involucrados en otros juicios relacionados con el desbande de corrupción regional y que se encuentran pendiente en la Corte del Santa.

La verdad es que muchos desconocíamos que a nivel administrativo el órgano de control de las funciones del estado contaba con una dependencia que seguía un trámite disciplinario cuya secuela es la inhabilitación del funcionario o ex funcionario, muchos pensábamos que esta descalificación para poder ejercer la función pública solo se derivaba de la orden judicial que emanaba paralela a una condena penal, aquella en que se establece si el funcionario infractor debe ser también pasible de una pena accesoria de inhabilitación que no le permita volver a ejercer un cargo en la administración pública.

Pero si es así bienvenido sea, lo que llama poderosamente la atención es que tenga los mismos caracteres de un organismo burocrático, pues no es posible que venga a determinar la inhabilitación después de cinco o seis años que se han cometido los hechos que ha investigado y que vienen sancionando.

No entendemos las razones por las cuales les pueda tomar tanto tiempo, de haberse actuado con mayor diligencia se habría impedido que estos personajes que salieron del gobierno regional de Ancash con muchas denuncias y acusaciones no hubieran accedido a otros cargos públicos en los cuales, apostamos doble contra sencillo, han incurrido en hechos tan igual o más graves que aquellos.

Es importante saber que la vía administrativa cuenta con una instancia sancionadora que pone coto al desempeño de quienes han incurrido en graves infracciones en el ejercicio de una función pública, eso es indispensable ahora que los malos elementos se infiltran de un gobierno a otro y ello se podría impedir si la Contraloría actuara con mayor diligencia y no nos entregue una tardía sanción inhabilitando a destiempo a los malos elementos. Ojalá que este mecanismo se mejore para limpiar de tanto corrupto a la administración pública en general.