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FISCAL SUPERIOR PIDE INCLUIR A LA EMPRESARIA DE OBRA DE CASCO URBANO

Por escandalosa colusión:

• Sala Penal escuchó ayer alegatos ante impugnación de resolución de Juez que extrañamente separó a la Gerente de Consorcio involucrado.
• Sala tiene 20 días hábiles de plazo para resolver.

20-junio-fiscal

Audiencia ayer para definir inclusión en juicio oral de empresaria Luz Oliveros Basauri.

Al voto. En veinte días hábiles como máximo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, determinará si la empresaria constructora Luz Oliveros Basauri es incluida o no en el juicio oral del sonado caso por las irregularidades en la ejecución de las veredas del casco urbano, ejecutado durante la gestión municipal del ex alcalde Luis Arroyo Rojas.

Los vocales Frey Tolentino Cruz (ponente), Olga Vanini Chang y Raúl Justiniano Romero (quien reemplaza a José Manzo Villanueva por vacaciones) decidirán si aceptan o no el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, luego que el Juez de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, decidiera sobreseer (archivar) la acusación por colusión que pesaba contra Luz Oliveros Basauri, dueña de la empresa contratista Consorcio Casco Urbano II.

La mañana de ayer, durante la audiencia de apelación de resolución de sobreseimiento (archivo), el Fiscal adjunto Superior, Fredy Gutiérrez Crespo solicitó que se incluya a la investiga Oliveros Basauri como imputada en el juicio oral, debido a que en su condición de representante legal, se habría coludido con la exgerente de la MPS, Roxana Palacios Alí en la etapa de ejecución de obra para beneficiarse con los pagos irregulares y adelantos de hasta 4 valorizaciones en la obra “Mejoramiento de Pistas y Veredas del Casco Urbano de Chimbote”.

Fundamentó su pedido en el ilegal pago de valorizaciones con inusitada celeridad, pues en los primeros cinco días de inicio de la obra ya se habría hecho un adelanto de 1 millón 10 mil 844. 84 soles, mientras que en los siguientes 30 días se efectuó otro adelanto de 3 millones 279 mil 830 soles. “Es decir, durante los primeros cuatro meses se pagó el 90 por ciento del valor total de la obra”, indicó Gutierrez Crespo.

“El Juez no ha valorado los elementos de convicción que presentó la Fiscalía, pues el día 24 de setiembre del 2012 se firmó el contrato suscrito para ejecutar la obra por el monto de 5 millones 519 mil soles por un plazo de 7 meses, pero en 35 días ya había recibido el pago del 90% del total del valor de la obra, a pesar de que los trabajos estaban defectuosos se autorizó el pago de la primera valorización y así tenemos más documentos y peritajes efectuados que confirman que la obra no cumplió los requerimientos técnicos de calidad”, anotó.

Mientras se espera la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones, otros imputados si irán a juicio oral por este sonado caso de las veredas del casco urbano. Estos son la exgerenta municipal Roxana Palacios Alí, Teófila del Pilar Desposorio Chasín, apoderada de la empresa BEREA Contratista Generales y los ingenieros que dirigieron y supervisaron la ejecución de la obra, Juan Carlos Lima Leandres, Ricardo Elías Villafana Espichán y Jaime Alexis Marín Vilchez.

La Fiscalía ha solicitado se le imponga 4 años y 10 meses de prisión efectiva a la exgerente municipal Roxana Palacios Alí en calidad de autora. Además, ha solicitado 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Teófila del Pilar Desposorio Chasín y el ingeniero Juan Carlos Lima Leandres en calidad de cómplice primario así como 4 años y 3 meses de prisión efectiva para el ingeniero Ricardo Elías Villafana Espichán y el arquitecto Jaime Alexis Marín Vílchez, todos ellos en calidad de cómplices primarios.

Según la teoría del caso, los actos colusorios en la obra de mejoramiento de veredas del casco urbano en el año 2012 se iniciaron en la etapa de la ejecución contractual, donde hubo celeridad para el pago de valorizaciones por 4 millones 280 mil soles, entre otras irregularidades como la presentación de documentos fraguados y declaraciones falsas de los profesionales que ejecutaban los trabajos y quienes no cumplían con las exigencias técnicas de las bases del proceso, según control posterior.