La Corte del Santa condenó la semana pasada a un “colepatero” a diez años de cárcel efectiva luego de haberlo juzgado apenas un día y tras haber admitido su responsabilidad en el asalto a una joven universitaria a la que despojó de todas sus pertenencias, entre ellas el dinero que llevaba para cancelar las pensiones de estudios.
El sujeto ha sido identificado como Edgardo Alberto Pérez Delgado, quien la semana pasada fue detenido por la Policía luego que una joven estudiante universitaria llegara a la comisaría del 21 de abril para denunciar que el chofer del auto colectivo que había abordado la asaltó y le despojó de sus pertenencias.
Precisamente, se conoce como “colepatero” a esos delincuentes que se disfrazan de choferes del servicio de transporte público y que utilizan farolas de comités de colectivos autorizados por la Municipalidad Provincial del santa con la finalidad de sorprender a los pasajeros y robarles todas sus pertenencias.
Generalmente, estos delincuentes actúan con otros maleantes que viajan en el mismo vehículo para evitar que el pasajero sospeche del chofer, de tal suerte que en esos casos las víctimas son dos o tres personas que pensaban que abordaban un auto de servicio público.
En el último caso, el delincuente Edgardo Pérez Delgado no fue detenido en flagrancia de delito sino algunos minutos después que la agraviada llegara a presentar la denuncia correspondiente y como ocurre en estos casos negó tajantemente que haya asaltado a la joven universitaria pese a que esta lo reconoció en el acto.
Sin embargo, apenas fue puesto a disposición de un Juzgado Unipersonal para ser juzgado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de asalto y robo, el delincuente decidió conferenciar con el abogado de la defensoría y aceptó acogerse al principio de la terminación anticipada que le propuso la autoridad judicial, es decir, el reconocimiento de su culpa a cambio que se le reduzca un tercio de la pena que debería imponérsele por el delito cometido.
A diferencia de lo que negaba inicialmente el maleante terminó aceptando su responsabilidad porque tomó conocimiento la manera como la Policía pudo ubicarlo rápidamente y hallar en el vehículo las pertenencias de la agraviada, la cuales inicialmente adujo que fueron dejadas por otro pasajero.
En este caso la agraviada había tomado una fotografía al colectivo antes de abordarlo y decidió enviar la toma a una amiga a través de su cuenta de Facebook, informándole que era en ese vehículo que estaba dirigiéndose a su centro de estudios, una medida de seguridad que resultó providencial para la víctima y letal para el asaltante.
Ello porque apenas llegó a la comisaría la joven le confió a los efectivos que en su cuenta de Facebook se encontraba la fotografía del auto en el cual había sido asaltada y que conducía el sujeto que la amenazó con un cuchillo para despojarla de sus pertenencias, por lo que se le brindó una computadora y en cuestión de segundos la Policía ya contaba con la imagen del vehículo y la placa de rodaje, por lo que el seguimiento no se hizo complicado.
Esta imagen se convertía en la prueba fundamental que mostraba el Ministerio Público para encausar al delincuente, obviamente, acompañada de la manifestación y el reconocimiento personal que hizo la agraviada, en otras palabras, la suerte del maleante estaba echada y negarse solo representaría dilatar un poco el juicio y agravar su situación en la medida que el delito que había cometido estaba penado con 15 años de cárcel.
Por ello es que se acogió a la terminación anticipada y aceptó su responsabilidad, empero, lo importante es que este caso nos deja una importante lección de prevención y medidas de seguridad que pueden adoptar los pasajeros cuando abordan un auto colectivo pues nadie sabe a ciencia cierta quien está al volante.
Lamentablemente, las propias empresas de transporte han permitido que su servicio se desacredite al haber permitido que se infiltren delincuentes y, en otros casos, por no denunciar el uso de sus distintivos en aquellos casos que los asaltos se hayan perpetrado con el uso indebido de sus farolas. Lo cierto es que los usuarios tienen ahora una herramienta efectiva para ponerse a buen recaudo de tanta delincuencia que pulula por las calles y que expone la vida y su patrimonio.
PESQUISA NECESARIA
La Fiscalía ha acogido las denuncias públicas formuladas contra el gerente de la Red Asistencial Ancash de Essalud, Ricardo Loje Cantinet y el Comisario del 21 de Abril, comandante Luis Zevallos Saavedra, a quienes ha comprendido en una investigación preliminar para deslindar responsabilidades.
En el primer caso, Loje Cantinet será investigado por presunto delito de Negociación Incompatible luego que el secretario provincial del Movimiento “Peruanos por el Cambio”, Nilver Loyola Doroteo revelara la existencia de escandalosos manejos turbios que se venían dando en esa dependencia que había contratado ilegalmente a una empresa sin contar con registro nacional de proveedores y haber designado a la esposa de un dirigente político que lo favoreció para ser designado en el cargo sin que cuente con los requisitos que exige el cargo, en lo que comúnmente se conoce como “pago de favores”.
Entretanto, al Comisario se le investigará por un presunto delito de abuso de autoridad, luego de haber agredido por la espalda a un subalterno por una supuesta negligencia en sus funciones, como si las faltas al reglamento se sancionaran a golpes, por el contrario, estamos ante un evidente abuso de poder y posición.
En ambos casos el Ministerio Público tiene la misión de deslindar responsabilidades, más aun cuando los hechos denunciados son sumamente delicados, tienen que ver con el uso y abuso de las atribuciones funcionales y la presunta comisión de delitos dolosos que deben descalificar a cualquier en el ejercicio de una función pública. Esperemos que al agotarse el plazo de la investigación se dé cuenta a la ciudadanía del resultado del mismo.