Que la actuación de los fiscales en Chimbote ha dejado mucho que desear, es algo que se ha dicho y repetido muchas veces, los propios magistrados del Poder Judicial los dejaron mal parados en muchísimas ocasiones, tal como obra en los archivos periodísticos y se achacaba a la falta de experiencia en muchos de ellos.
Sin embargo, cuando pensábamos que esto ya se había superado y que poco a poco los representantes del Ministerio Público habían cogido el hilo de la tramitación de las carpetas fiscales, la semana pasada dos casos volvieron a llamar poderosamente la atención y pusieron nuevamente en tela de juicio la idoneidad de los magistrados.
Un primer caso estuvo relacionado con la carpeta que investiga las irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de reconstrucción del colegio “Augusto Salazar Bondi”, caso que fue devuelto al Fiscal Roncal Cancino para que reformule su acusación y tipifique convenientemente los hechos.
Ello porque el Fiscal presentó su requerimiento mixto demandando el sobreseimiento de los cargos formulados por los investigados por delito de colusión desleal y formuló acusación contra los mismos investigados por delito de Negociación incompatible, considerando que los hechos se encuadran dentro de esta figura delictiva.
Sin embargo, tras un encendido debate, el Juez le hizo saber al representante del Ministerio Público que si se sustentan los cargos en que se haya licitado la obra sin que se cuente con las bases, ello implica un acto colusorio que no puede quedar sin castigo, allí hay de por medio una concertación de voluntades entre los funcionaros de la repartición pública con los empresarios que se adjudicaron la obra y quienes conocían de antemano esta tamaña irregularidad.
Por ello es que el juez le ha solicitado al Fiscal que analice cuidadosamente la carpeta fiscal y reformule su postulación a efectos de remitir a Juicio oral estos hechos con figuras delictivas que se encuentren convenientemente tipificadas a los efectos que el acusador sustente las pruebas que corroboran cada una de las conductas delictivas.
El Juez le dio cinco días de plazo para cumplir con este cometido, empero, no ha sido el único Fiscal que ha recibido un buen café aprovechando esta ola de frio, por el contrario, el Fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, ha sido también el depositario de los agrios cuestionamientos del mismo Juez Escalante Arroyo.
Ello porque en el caso de los donantes del millón de soles para beneficiar a Waldo Ríos en el pago de una reparación civil que no le permita ejercer un cargo público hasta que se rehabilite, se ha puesto en evidencia que se han cometido otras y muy graves infracciones a la ley.
Y es que en el extremo de la acusación que se formula contra el empresario José Serval Chocano y el economista Gonzalo Alegría Varona, el Fiscal los ha acusado por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y ha dispuesto el archivo de los cargos contra los mismos delitos de lavado de activos.
El Fiscal es consciente que él no puede formular una requisitoria escrita contra dos personas que no han sido investigadas por otro delito diferente al que aparece en la disposición fiscal, en otras palabras está formulando acusación por un delito que no ha considerado en el auto admisorio de la investigación y ha solicitado que se archiven los actuados por otro delito que si está siendo investigado en la carpeta fiscal.
Por ello es que los afectados emprendieron la semana pasada una ofensiva contra el Fiscal que los acusó sin fundamentos, demandando a la propia Fiscalía de la Nación que intervenga en este caso en el que ha existido una flagrante violación a las normas de procedimiento, inclusive, señalaron que el magistrado del Ministerio Público solo los había incluido en este caso en venganza.
Sin embargo, pese a las públicas advertencias de la prensa y de los propios investigados, el Fiscal se mantuvo en sus trece y pretendió fundamentar su escrito de acusación en las condiciones que lo había elevado al Juzgado, cuyo Juez volvió a arremeter contra el documento del fiscal.
El magistrado se vio precisado a tener que ilustrar al Fiscal también en este tema y exhortarlo a que se pronuncie de una manera coherente, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas pruebas que sostienen esta acusación y que ellas han trascendido a la prensa.
No se puede olvidar que este caso comienza a investigarse tan pronto como los medios de comunicación pusieron al descubierto que nueve personas aparecen en una escritura pública firmando por la generosa donación que le hicieron por más de un millón de soles a pesar que muchas de ellas siendo empresarios o profesionales, no estaban en condiciones de demostrar el origen de los dineros entregados a Waldo Ríos.
Pero en el ínterin el Fiscal decidió incluir en la pesquisa a Servat y Alegría, pero los comprendió como presuntos responsables de asociación ilícita para delinquir más no como lavado de activos.
Al final el Fiscal terminó haciendo una lamentable mezcolanza entre los ilícitos que se han formulado en la medida que muchos no coindicen con aquellos en los cuales ha dispuesto el inicio de la investigación preparatoria, un craso error que solo redunda en la dilación de este proceso penal.
El Juez le ha otorgado un plazo de cinco días al Fiscal Añanca para que reformule los cargos que se han dictado contra los donantes y emita nueva disposición en ese extremo y sustentando las razones por las cuales acusará por un delito había cometido,
No falta a la verdad el juez cuando le devuelve la carpeta fiscal con la finalidad que reformule su postulación criminal, de allí que la Junta de Fiscales debe llamar al orden a los magistrados, especialmente aquellos que deberían conocer las normas pero que demuestran que están para otras cosas.