La semana pasada la Policía y el Ministerio Público pensaron que habían conseguido aprehender y descubrir a una organización que había hecho del mal uso de las aplicaciones informáticas una herramienta para cometer delitos a través de la sustracción de fuertes sumas de dinero luego de haber sustraído las claves de cuentas bancarias y efectuar transferencias ilegales.
Estábamos ante un típico caso de delito informático cuyas connotaciones no tienen arraigo en la praxis jurídica porque son modalidades nuevas de uso delictivo, por ello es que la Fiscal Angélica Bayes Antúnez planteó su teoría del caso a partir del hallazgo de una organización criminal que estaba defraudando mediante el uso de los aplicativos informáticos en perjuicio de empresas o personas naturales y de entidades financieras.
Esto fue posible luego que se detuviera en la ventanilla de un Banco local a Jeyson Anthony Ramos Pereda cuando trataba de retirar nada menos que 59 mil soles de su cuenta personal y cuyos montos fueron transferidos de la cuenta corriente de una empresa local que había formulado un reparo ante la entidad financiera.
La observación que hiciera la empresa al advertir en su estado de cuenta que se había extraído una fuerte suma de dinero sin estar autorizada por algún representante de ella, puso en alerta a la entidad financiera que detectó hacia donde se había desviado el dinero y se dio con la sorpresa que esa trasferencia estaba siendo retirada en una de sus agencias, por lo que de inmediato se dio aviso a la Policía y luego al Ministerio Público.
Lo cierto es que el detenido sindicó a Elvis Francisco Saldaña Carranza, conocido como el “anonymous Chimbotano”, es decir una suerte de “hacker” que hace uso ilícito de las aplicaciones informáticas y quien habría sido el responsable del desvío de los fondos que su cómplice trataba de retirar hasta que fue sorprendido por los funcionarios del Banco.
Esto fue posible porque estos sujetos que saben manejar a la perfección los sistemas informáticos pero para delinquir, habían hallado un programa que era capaz de sustraer la clave de las cuentas corrientes de empresas o personas naturales a través de la pulsación del teclado, sea un cajero automático u en otro servicio que ofrece la entidad financiera a sus clientes, de esta forma consiguieron las claves secretas y proceden a realizar trasferencias a cuentas de terceros cómplices que, luego, retiran el dinero, cobran su comisión y se consuma el delito informático.
Pese a que la Fiscal Provincial consiguió sustentar la existencia de esta organización criminal y pudo establecer la gravedad que implica que estos malos elementos que se valen de los usos informáticos para delinquir sigan libres y al acecho de nuevas víctimas, la Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Gabriel Saavedra de la Cruz, consideró que estos argumentos no implican graves fundamentos de convicción contra el investigado, por ello procedió a dictarle solo una medida de comparecencia con restricciones y le exigió el pago de 3 mil soles como caución, una suma realmente pobre en relación al monto que prensaban retirar y otros que ya han cometido.
Justamente, parte del fundamento de la Fiscalía se sostiene en el hecho que este no ha sido el primer caso que han cometido los investigados, por el contrario, la unidad especializada en la investigación de estos delitos ya está determinando cuantas otras transferencias ilegales han podido efectuar y cuánto dinero se han llevado mediante esta modalidad de fraude, pues esta gente no hace todo un montaje delincuencial para llevarse solo una cifra pequeña, por el contrario, se enriquecen con esta modalidad.
Por ello es que la Fiscal ha apelado de inmediato esta medida porque, en realidad, no responde a un escenario delictivo que es sumamente grave y delicado a estas alturas, una herramienta delincuencial que tiene mucho efecto en otras figuras delictivas.
Esto es lo que no parece haber ponderado detenidamente la juez de la causa, pues estamos en la era de la tecnología, en tiempos en los cuales el uso de los sistemas informáticos ha rebasado nuestra capacidad de imaginación y sigue avanzando día a día, al extremo que presenta nuevas herramientas que los exponen a la comisión de un delito.
Muchos deben recordar los casos de trata de personas, de explotación de menores que son ultrajadas y luego obligadas a prostituirse luego de ser captadas a través de la red social, por intermedio de emboscadas informáticas que permiten a estos expertos en el manejo de los programas persuadir y sorprenden a sus víctimas.
Pero así como el uso de los medios informáticos se hizo latente en la explotación de las menores de edad poco a poco se fue advirtiendo que estaba incursionando en los delitos patrimoniales y una de las modalidades ha sido, precisamente, en la captura y sustracción de claves de usuarios de las entidades financieras para vaciar cuentas.
Esto se hizo latente en los cajeros automáticos, en donde los maleantes han apelado a una serie de artificios para poder sustraer las claves de los usuarios y con ello efectuar retiros de dinero, por ello es que desde hace ya algunos años se insistió en la necesidad de legislar sobre esta modalidad delictiva y se implementó una unidad de investigación especializada de alta tecnología para tratar estos casos.
Sin embargo, si la memoria no nos traiciona, hasta la fecha no habíamos registrado un caso de fraude informático al interior de una entidad financiera, siempre pensamos que el mismo personal de la entidad financiera debería estar relacionado con alguna acción fraudulenta, empero, en esta oportunidad nos hallamos ante un grupo de maleantes que desde afuera y haciendo uso de los medios electrónicos e informáticos ha conseguido realizar transferencias ilícitas de dinero.
Si bien es cierto que la medida de prisión es la última rattio del derecho penal, no se puede soslayar que en varios casos hay que prevenir que una liberación no implica un serio riesgo y peligro, pues con esta gente en la calle se pueden eliminar los rastros del delito, se puede entorpecer el avance de nuevas investigaciones y se puede impedir que se determine la real dimensión del perjuicio en este caso. Esperemos que ante la apelación de la Fiscal provincial, la Sala Penal de Apelaciones evalué detenidamente este caso, como usuarios del sistema bancario no quisiéramos vernos perjudicados por la presencia de esta gente peligrosa en las calles. Salvo mejor parecer.