Extraña posición de Ministerio Público:
Fiscal Superior Freddy Gutierrez Crespo ayer acudió a audiencia para no acusar.
El colmo. Pasaron más de ocho meses para que la Primera Sala Penal de Apelaciones programe la audiencia de apelación de sentencia, para que el Fiscal Superior Freddy Gutierrez Crespo se presente en dicha instancia y señale que coinciden con la petición del Fiscal Provincial y se reafirman en el sobreseimiento (archivo) del delito de cohecho pasivo propio en contra del registrador público Miguel Rufino Sánchez Solórzano y diversas autoridades y funcionarios de la Universidad San Pedro, encabezados por el prófugo de la justicia, José María Huamán Ruiz.
Después de ocho meses, el Fiscal Superior Freddy Gutierrez Crespo dejó que el Procurador Anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia argumente su oposición al sobreseimiento, más allá que su condición de actor civil solo cautela los extremos de reparación civil en favor del Estado, para que haga uso de la palabra y diga que no oralizará ninguna postura, porque la Fiscalía Superior que representa está de acuerdo con la postura del Fiscal Provincial que pidió el archivo inicial y que fue admitido por el Juez de Investigación Preparatoria.
Aunque los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones escucharon a las partes procesales, resulta un imposible jurídico que puedan declarar fundada la impugnación formulada por el Procurador Anticorrupción del Santa, pues la entidad que persigue el delito es el Ministerio Público y si esta entidad, ha señalado en dos instancias que no advierte delito, no hay razón ni legalidad para seguir investigando.
“Los miembros de la Sala Penal han dicho que resolverán en el plazo de ley, pero si la Fiscalía Superior ya dijo que comparte el criterio del Fiscal Provincial para sobreseer (archivar) el caso, siendo ellos los que persiguen el delito, no veo ninguna posibilidad que se declare fundado el pedido. Más aún, si la Procuradora de Registros Públicos que impugnó esta decisión tampoco vino a sustentar su posición” cuestionó ayer muy mortificado el Procurador Anticorrupción del Santa.
A la vez, cuestionó que para la Fiscalía si existan elementos de convicción en el sentido que el Registrador Público Miguel Sánchez Cruzado habría falsificado documentos para favorecer a las autoridades de la Universidad San Pedro, sin embargo, resulta contradictorio que sostengan que ello lo hizo sin exigir nada a cambio.
Según la resolución que la Procuraduría cuestionó ayer, se declaró fundado el sobreseimiento (archivo) contra Miguel Rufino Sánchez Solórzano por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y contra José María Huamán Ruiz, Manuela Portales Pairazamán, Gilmer Díaz Tello y Leonor Baca por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.
Asimismo, se declaró fundado el sobreseimiento (archivo) en contra de la imputada Rosa Edith Carrillo Romero por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos y contra Leonor Baca por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. “Nosotros creemos que si hay elementos para acusar, pero si la Fiscalía Superior ya dijo lo contrario, cómo el colegiado podría disponer que se acuse” remarcó.
En esta carpeta fiscal se investigó el presunto accionar ilícito de las autoridades de la Universidad San Pedro quienes habrían pagado 50 mil nuevos soles de coima al registrador público Miguel Sánchez Solórzano para que finalmente inscriba, en medio de serias irregularidades, el título registral que reconocía a José María Huamán Ruiz como rector reelegido (ilegalmente) de la Universidad Privada San Pedro.