Uno de los casos más escandalosos registrados en nuestra ciudad tuvo como protagonistas a personal del Ministerio Público del Santa, específicamente a su ex administrador Gino Reyes Roggero y su ex jefe de la caja chica de la misma institución, Fernando Soto Valenzuela, y otros que resulten responsables del desfalco descubierto en esta entidad mediante el pago de servicios fantasmas y la clonación de comprobantes de pago.
Este hecho fue denunciado por el mismísimo Fiscal de la Nación en una intervención que llamó poderosamente la atención en la medida que las autoridades y órganos de control de la Fiscalía en Chimbote no observaron nada irregular sino hasta cuando llegaron los altos funcionarios de la sede central en Lima para denunciar estos hechos.
Como consecuencia de ello el ex administrador Gino Reyes fue preso al penal de Cambio Puente mientras que su co investigado Fernando Soto Valenzuela tuvo el tiempo necesario para esconderse y eludir la orden de captura al merecer, igualmente, una orden de prisión de 18 meses por parte de la autoridad judicial.
Hasta allí todo bien, la opinión pública chimbotana aplaudió la reacción de las autoridades para sancionar uno de los tantos casos de delincuencia de “cuello y corbata” como se le conoce a esta clase de malos manejos, de allí que a nadie le quepaba duda alguna que este proceso continuaría no solo hasta descubrir a otras personas o funcionarios de la entidad que estuvieron involucrados, sino con la sentencia correspondiente.
Sin embargo, de manera sorpresiva los medios de comunicación se han encontrado con un enfrentamiento lamentable en el desarrollo de esta pesquisa y se ha generado nada menos que con el Fiscal que lleva esta causa, Felipe Elías Silva y el Juez anticorrupción Eudosio Escalante Arroyo, quienes se supone deben trabajar en estrecha coordinación y en clima de armonía para poder sancionar el delito.
Empero, en la última audiencia los periodistas se encontraron con un serio intercambio de palabras entre Juez y Fiscal, repentinamente este último solicitó la inhibición por decoro del magistrado aludiendo a una presunta presión que estaría ejerciendo sobre uno de los investigados con la finalidad que cambie su versión y que esto lo haría en base a la amistad que tiene con un abogado cuya esposa labora en la Corte del Santa, incluso, se revelaron los nombres de todos los que participarían en esta suerte de componenda,
Se trata, sin lugar a dudas, de una denuncia sumamente grave que, aparentemente, ya se había deslizado con antelación, tanto así que ha sido el propio Juez Eudosio Escalante Arroyo quien decidió levantar un acta con estas menciones y remitirla a la ODECMA con la finalidad que investigue en la medida que ha rechazado de manera tajante estas versiones que las califica como un infundio y contra las cuales ha reaccionado porque un representante del Ministerio Público no puede respaldarse en subjetividades para sustentar un pedido que trata de apartar del caso a un magistrado.
Sumamente contrariado, el Juez respondió al Fiscal rechazando su inhibición no solo por tratarse de un recurso legalmente improcedente, pues en todo caso el cuestionamiento a la imparcialidad de un Juez se traduce en una recusación, sino porque consideraba que los recursos no se pueden fundamentar en esta clase de versiones sin respaldo probatorio.
En la misma audiencia el Juez declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva del investigado Fernando Soto Valenzuela, el recurso que aparentemente el Fiscal temía que se revoque en mérito de estas versiones que dice haber recogido del testimonio de uno de los investigados, Germán Julca Orrillo, quien es considerado el intermediario entre los funcionarios desfalcadores del Ministerio Público con proveedores a los cuales exigían comprobantes de pago en blanco como condición para que les otorguen y cancelen sus servicios y de esta manera ellos contaban con los documentos que servirían luego para justificar el egreso ilegal de miles de soles en la Fiscalía.
Infortunadamente, uno de los casos emblemáticos que se tramitan en nuestra ciudad y sobre el cual la expectativa de la población siempre se mantiene, ha ingresado a un escenario de disputa entre los operadores del proceso penal, entre el Juez y el Fiscal que tienen que deslindar la responsabilidad de cada uno de ellos y establecer las bases para que se desarrolle un juicio que determine la sanción que corresponde.
No se sabe en qué momento se iniciaron estas escaramuzas, lo cierto es que el Juez Eudosio Escalante Arroyo ha reaccionado con indignación frente a lo que califica de insinuaciones maliciosas y por ello es que ha remitido copias certificadas de este incidente no solo a la Oficina de Control del Ministerio Público sino a la Fiscalía Superior coordinadora de los casos de corrupción así como a la Fiscalía de la Nación porque no pretende que estas acusaciones en su contra se queden en nada.
De la misma manera, se desconoce cuál ha sido el sustento que ha esgrimido el Fiscal Felipe Elías Silva para sostener esta grave acusación contra el juez y traducirla en un pedido de inhibición en su contra, pues si el juez afirma que la queja o denuncia que existe en la ODECMA ha sido planteada por su persona, quiere decir que no existe un cargo específico en su contra por parte de terceros.
Siendo esto así, el Fiscal habría recogido un chisme para descalificar al Juez de la causa, lo cual deja mucho que desear en la medida que los cuestionamientos en la judicatura se apoyan en hechos que tienen respaldo probatorio y que estos no se limiten únicamente a la versión de un investigado, pues quien tiene una grave acusación en su contra es capaz de urdir una patraña con la finalidad de perjudicar a quienes lo juzgan.
Confiamos en que finalmente las aguas de calmen en este caso emblemático, quienes seguimos de cerca el trabajo de la administración de justicia en nuestra ciudad, entendemos que las partes en conflicto, el Juez Eudosio Escalante Arroyo y el Fiscal Felipe Elías Silva, son magistrados destacados y muy calificados en cada una de sus instituciones, de allí que a estas alturas del proceso es absolutamente preocupante que nos encontramos con estas diferencias lamentables entre ambos, un hecho que a la larga podría perjudicar la secuela de este proceso y en la drástica sanción que espera la comunidad chimbotana para quienes esquilmaron de la peor manera los recursos de una entidad de vanguardia en la persecución del delito.