Como confirmando aquel adagio popular que dice que “el crimen nunca paga”, cuatro ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa han sido acusados por el Ministerio Público y probablemente en el curso de las próximas semanas deberán sentarse en el banquillo de los acusados y responder por los manejos turbios detectados en la administración de los recursos públicos.
Se trata del ex gerente de obras e infraestructura, Rafu Aguirre Escobar y los ex miembros del comité de adjudicaciones José Barreto Rojas, José Luna Méndez y Froilán Arellano López, para quienes se está solicitando se les imponga una pena de cinco años de prisión efectiva por la comisión del delito de Negociación Incompatible en agravio de la Comuna Provincial del Santa.
Junto a ellos también ha sido acusada Merly Cruz Valladares, la esposa del empresario prófugo de la justicia Jack Castillo Castillo, quien deberá responder por el delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso y para quien se ha solicitado la pena de dos años de prisión suspendida.
Los acusados responden a los cargos formulados por el Ministerio Público luego de haber investigado por espacio de varios años la ilegal adjudicación que se hiciera de la obra de Mejoramiento de Pistas y Veredas del A.H. “Esperanza Baja”, la misma que fuera abandonada por los encargados de la misma.
De acuerdo a lo que ha conseguido corroborar la Fiscalía los ex funcionarios ediles convocaron a licitación esta obra valorizada en casi cuatro millones de soles, sin embargo, al no existir postores fue declarada desierta, por lo que debieron remitir un informe al titular del pliego a efectos que se disponga la reprogramación de la misma.
Sin embargo, festinando trámites, el ex gerente y los ex integrantes del comité procedieron a convocar un proceso de selección por adjudicación directa con la única finalidad de entregar esta obra al consorcio Esperanza Baja, sin verificar el cumplimiento de los requisitos, por lo que se colige que esta acción estaba dirigida y responde a los típicos contubernios por los cuales se reserva una determinada obra a una empresa que ha pagado un diezmo por ella.
Empero, en este caso no existen pruebas de este acuerdo bajo la mesa, solo se ha investigado los extraños movimientos realizados por los funcionarios y el hecho pasado por alto que el Registro Nacional de Proveedores de la empresa que se adjudicó la obra, que es un requisito indispensable para suscribir cualquier contrato, estaba vencido.
Siendo esto así, es evidente que ha existido un direccionamiento de la obra en perjuicio de otras empresas que estaban interesadas en poder competir por la buena pro, con el agravante que finalmente esta obra fue abandonada y después de muchos años se volvió a licitar en el tramo que se encontraba pendiente con el perjuicio que ello ha irrogado a la Municipalidad por los malos manejos registrados en aquella ocasión.
Por ello es que ahora el Ministerio Público está llevando a los presuntos responsables al banquillo de los acusados, busca sancionar los conciliábulos a los que se acostumbraba en aquellos tiempos en donde no existía un solo proyecto o consultoría que se ponga a caminar si es que de por medio no existía alguna gratificación ilegal, tal como lo demuestra la gran cantidad de denuncias que se han sustanciado con esta misma modalidad.
Esto pone de manifiesto, una vez más, que no existe delito perfecto, que siempre quedarán en el camino las pistas de los manejos turbios y que ella en algún momento llegarán a manos de las autoridades que terminarán sancionando los ilícitos, como en este caso que se remonta a tres años atrás, a las típicas componendas de un régimen que nos legó una muletilla como la región más corrupta del país pero cuyos promotores ahora están en el banquillo de los acusados.
Recién el fin de semana este caso ha pasado por el control de acusación y seguramente en las próximas semanas se deberá definir el camino que seguirá, es la suerte de quienes se prestaron al juego sucio de la componenda y los acuerdos bajo la mesa. Ahora es el turno de la justicia, nada más.
MINANDO A LA AUTORIDAD
El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Luis Pérez Granados, ha dispuesto la semana pasada la liberación de un joven que fue detenido luego de haber sido sorprendido manejando en estado de ebriedad y agredir al efectivo que lo persiguió hasta su propio domicilio.
Los cargos formulados por el Ministerio Público en contra de Christian Salcedo García estaban relacionados con los delitos de peligro común y desobediencia y resistencia a la autoridad, los cuales representaban la conducción de vehículo en estado de ebriedad, fuga y persecución y agresión al oficial interviniente, una figura sumamente grave que llama la atención que pueda merecer solo una medida restrictiva.
Esta noticia fue presentada a los medios de comunicación como la fuga de Salcedo García tras ser sorprendido manejando ebrio, su persecución desde Villa María hasta la Florida Baja y la agresión al Sub Oficial César Castillo Cribillero, a quien le provocó un corte en el rostro del cual manaba abundante sangre.
El magistrado se ha justificado en la medida de comparecencia en el hecho que el investigado tiene arraigo familiar y que no se puede imputar un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad porque el investigado “huía de su propia detención y eso no es delito”. No sabemos si la ciencia jurídica ha cambiado en los últimos tiempos pero eso de sostener que cualquiera puede huir lícitamente de una persecución policial es restarle y desmerecerle autoridad a la Policía Nacional.
Peor aun cuando el Juez se encuentra con un chofer que estaba al volante con 1.40 gr/ lt de alcohol en la sangre, es decir, estaba completamente borracho, por lo que lo único que ha conseguido es premiarlo frente a cargos sumamente delicados. Si queremos una sociedad justa y ordenada hay que comenzar por sancionar semejante irresponsabilidad y temeridad.