FALTA UNO
Luego de conocerse la ejecutoria suprema que ha confirmado la condena contra los nueve ex funcionarios y empresarios involucrados en el caso de la “desratización”, señalamos que de esta manera se cerraba el círculo de uno de los escandalosos fraudes que delinearon la línea de conducta de quienes formaron parte de esa denominada red de corrupción. Y es que al margen que la instancia suprema haya disminuido las penas, algo realmente reprochable y discutible, lo que ha hecho la justicia es confirmar que todos los investigados se coludieron y por ello han sido condenados. En ese primer grupo de nueve solo se mencionan en la ejecutoria a ocho de ellos (Luis Arroyo Rojas, Wilmer León Portalatino, Santiago Reyes Asenjo, Luis Caipo Paredes, Yoni Benítez Saldaña, Dique Marco Vásquez Anticona, Wilmer Alcántara Huertas y Miguel León Estrada) pues en esa relación no se encuentra Jorge Meléndez Iberico, quien fue condenado en setiembre pasado a cinco años de pena efectiva y no planteó recurso de casación, por lo que la mencionada pena quedó consentida y definitiva para él. Pero paralelamente a este juicio se han venido realizando otros dos que se disgregaron del expediente principal porque los investigados fueron capturados cuando la primera carpeta se encontraba ya en juicio oral. Se trata de los casos de Binci López Sánchez, que acaba de ser sentenciado por la Segunda Sala Penal de apelaciones de Chimbote a 10 años de cárcel efectiva, y el otro es el que se realizó a los ex funcionarios subregionales Erodito Quirino Salinas Alayo y Oscar Edward Salgado Olivos, quienes el pasado mes de mayo haÂÂ sido condenados a 10 años de pena efectiva y en esa ocasión plantearon sendos recursos de nulidad, por lo que su caso se verá también en la Corte Suprema. Sin embargo, tal como están las cosas, es evidente que la instancia suprema confirmará las condenas de tal suerte que la suerte de todos los involucrados está virtualmente echada. El único que se mantiene en calidad de prófugo de la justicia hasta el momento es el empresario Tomas Edison Naucapoma Reyes, quien fungió de representante legal del consorcio Fumigaciones del Norte. A él también le espera el banquillo de los acusados para juzgarlo y condenarlo, no cabe duda que con esa deuda pendiente se cerrará el círculo vicioso de la desratización.
TRAMITE
En esta misma columna hemos dicho y sostenido que el recurso de casación es un procedimiento formal muy complicado, que requiere el cumplimiento de las estipulaciones de la ley procesal, de lo contrario se corre el riesgo de ser desestimado. Esto ha pasado por ejemplo con el abogado César Varas Rosas, sentenciado en el caso de las asesorías fantasmas de la Universidad Privada San Pedro, cuyo recurso ha sido desestimado por no cumplir con los requerimientos de la ley, por lo tanto, para él ya quedó la sentencia consentida y debe comenzar a ejecutarse. Los demás recursos de casación de los otros cinco sentenciados han sido declarados admisibles y, por lo tanto, se remitirá la carpeta a la Corte Suprema de la República, empero, esto no quiere decir que ya la sentencia será materia de revisión en casación porque aún les falta pasar el filtro más difícil, aquel de la diligencia de calificación en el que se advierte primero si existe una afectación al debido proceso que amerita que los magistrados tomen conocimiento de la carpeta y se pronuncien respecto al fallo. El camino aun es largo y habrá que esperar a saber que decide la instancia fina pues los problemas en la universidad no cesan, el último viernes los estudiantes de la facultad de derecho se agarraron a golpes con pos vigilantes. Este estado de ánimo alterado se mantendrá.
DILACION
La postergación de la sesión de consejo regional en la que debería tratarse el caso de la vacancia de Waldo Ríos el último viernes se veía venir, tal como lo dijimos en esta misma columna, ello porque el consejo regional ha dado muestras de no poder superar las exquisiteces de la ley y basta hacer un pequeño ejercicio de memoria para comprobarlo. Por ejemplo, este mismo consejo regional fue incapaz de decretar la suspensión del mismo Waldo Ríos en octubre del año pasado después de haber sido condenado. La imposibilidad de cumplir el debido proceso los había empantanado y debió ser el jurado nacional de elecciones quien decrete esa suspensión. Ahora no pueden hacer lo mismo con la vacancia y Waldo Ríos con una sola comunicación echó a todos. Si los cálculos no nos fallan la próxima sesión saldrá con otra cantaleta. Increíble, pero cierto.