La semana pasada los periodistas de los medios de comunicación de la localidad nos quedamos en una sola pieza cuando desde la sierra de Huaraz llegó una noticia que daba cuenta nada menos que de la captura de un Fiscal Provincial por tener una doble requisitoria, habiendo sido puesto a disposición del Juzgado que lo requería.
Se trata del Fiscal Provincial de Sihuas, Víctor Reátegui Claros, quien se encontraba muy tranquilo y relajado en su Despacho hasta que llegó la Policía Judicial debido a que tenía dos órdenes de captura en su contra por igual número de procesos penales que se le sigue en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y en Cajamarca.
Obviamente, atendiendo a la investidura que ostenta y la función que realiza, el representante del Ministerio Público no opuso resistencia alguna cuando los agentes del orden le mostraron las dos requisitorias, por lo que tuvo que subir al vehículo policial en el que lo llevaron hasta la sede policial en la capital de la región Ancash donde pernoctó una noche.
De acuerdo a la información que se proporcionó en ese momento y que no ha sido ampliada probablemente por proteger al colega, Reátegui Claros arrastraba una orden de captura por delito de omisión a la asistencia familiar expedida por un juzgado penal de La Libertad, mientras que, en Cajamarca tiene otro proceso por el delito de falsedad ideológica.
Víctor Reátegui es desde el año 2014 Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ancash, en el despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Sihuas, lo curioso es que desde entonces nadie sospechaba que tenía cuentas pendientes con la justicia.
Esto es lo más extraño de esta historia, propia de una best seller, pues se supone que el Ministerio Público antes de nombrar o designar a Fiscales provisionales debe evaluar detenidamente su dicha personal y profesional, así como verificar la posible existencia de procesos penales en su contra.
Este trámite es lo más elemental que se hace cuando se postula a cualquier cargo público, con mayor razón cuando un abogado aspira a un cargo de la magistratura, pues para ese caso se requiere de profesionales que no cuenten con antecedentes policiales o penales y menos aún que arrastren procesos penales en ciernes.
Lo más delicado es que la información señala que este Fiscal tiene una orden de captura en un caso de omisión alimenticia, es decir, aquellos juicios que se plantean contra los malos padres de familia que reniegan su condición y le niegan la obligatoria asistencia que requiere su prole, es decir, los gastos elementales en vestimenta, alimentación y educación.
Si el Fiscal Reátegui Claros tiene una orden de captura por hallarse incurso en un proceso penal de omisión alimenticia, quiere decir que antes ya ha sido sometido a un procedimiento civil en el que un Juez le ha ordenado que pague una determinada pensión en favor de su descendencia, sin embargo, ha desacatado esa orden judicial y ello ha llevado a que la madre demande el pago de devengados y estos se ejecuten en la vía penal.
De allí que la pregunta que se cae de madura es ¿puede un magistrado del Ministerio Público tener un proceso penal pendiente derivado de un desacato a un mandato judicial?.
Lo más grave es que en la misma información se precisa que el mismo Fiscal Víctor Reátegui Claros tiene una segunda requisitoria, esta vez expedida por un Juzgado Penal de Cajamarca en el cual es procesado por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.
En la medida que posterior a su captura ya no se ha informado nada sobre este caso, se podría asumir que la orden de captura se deriva de una omisión a la notificación o inconcurrencia a alguna diligencia en la medida que el fiscal se encuentra trabajando en Huaraz, en una ciudad lejana a aquellas en donde tiene los antecedentes.
Sin embargo, al Ministerio Público no se le debió pasar este tema de la existencia de procesos penales de esta naturaleza al momento de entregarle la investidura de Fiscal, es evidente que este bochornoso incidente que se ha generado con la figura de un magistrado del Ministerio Público se deriva de una absoluta falta de control por parte la institución que tiene la irremisible obligación de reparar este error y entender que para avanzar e irradiar al universo litigante una mejor imagen, lo que tiene que hacer es “separar la paja del trigo”, y, tiene que hacerlo de una buena vez.
JUICIO PELIAGUDO
Aun cuando no estaban acostumbrados, los reporteros que suelen cubrir las informaciones policiales y judiciales se sorprendieron la semana pasada cuando vieron a un testigo con el rostro cubierto respondiendo los interrogatorios en el marco del juicio oral que se sigue contra el ex alcalde d nuevo Chimbote, Juan Gasco Barreto.
Se trataba de un colaborador eficaz que está debidamente reconocido y acreditado en este caso y quien dio a conocer revelaciones sorprendentes respecto a la manera como se negociaron las obras en la gestión del ex burgomaestre que a la fecha se encuentra recluido en el penal de Cambio Puente.
El testigo se presentó de esta manera en la medida que está sujeto a un régimen de protección por la valiosa información que debe haber proporcionado a la justicia para poder corroborar muchas de las imputaciones que se investigan en este caso.
Sin embargo, el abogado de la defensa técnica, Dr. Víctor Chero Maldonado, y el hijo del investigado, Juan Manuel Gasco Cruz salieron al frente de las publicaciones que dieron cuenta de la participación del colaborador eficaz y advirtieron que no ha dicho o aportado nada nuevo a lo que ya se conocía en el proceso penal durante la fase de investigación y precisan que se trata de afirmaciones que hasta el momento no cuentan con respaldo probatorio alguno, por lo que su participación en este juicio no agrava en lo más absoluto la situación jurídica del ex alcalde de Nuevo Chimbote.
Este juicio recién comienza, de allí que se espera nuevas actuaciones que permita deslindar realmente la responsabilidad de una ex autoridad más que está recluido en el penal.