PASA PIOLA
La semana pasada la Corte Superior del Santa ha condenado al ex funcionario de la Sub Región Pacífico, Yoni Rhoel Benites Saldaña a quien ha impuesto dos años y ocho meses de prisión condicional al hallarlo responsable del fraude que se elucubró para pretender quedarse con la propiedad de un inmueble de la Sub Región Pacifico. La Juez Kris Díaz Gonzales dio a conocer los lineamientos generales de su fallo, señalando que ha quedado totalmente acreditado que el ex funcionario armó todo un tinglado para apropiarse del inmueble en mérito de una serie de documentos falsos y hasta tomando el nombre y la firma de personas ajenas a estos manejos mafiosos. Lo curioso es que el condenado es el mismo ex funcionario de las canteras de la red de corrupción de Áncash, perteneció a esa pléyade de individuos que llegaron a las dependencias públicas del gobierno regional en la gestión el hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar y desde allí emprendieron una serie de maniobras para aprovecharse de los recursos y bienes regionales, uno de ellos es este caso de la vivienda de propiedad de la Sub Región. El otro caso en el que estuvo involucrado Yoni Benites Saldaña es el escándalo de la desratización, aquel proceso penal que ha finiquitado la Corte Suprema y en la cual, por extrañas razones, ha sido favorecido con la variación de la pena efectiva que le impuso la Sala Penal Liquidadora del Santa y se le aplicó solo cuatro años de pena condicional, con lo cual ha podido salir libre del Penal de Cambio Puente. Aun cuando queda con el estigma de las sentencias condenatorias que ha recibido por corrupción, es evidente que dos condenas en una sola semana no son mérito de nada, por el contrario, si se mantiene en las calles es porque el sujeto está pasando piola para la justicia y no tiene la suerte de otros que a la primera condena se quedan tras las rejas por muchos años.
BAHIA
La resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior que pone punto final al conflicto surgido sobre la propiedad del centro comercial “Bahía Center” es de suma importancia porque devuelve la tranquilidad a más de un centenar de comerciantes que puso en marcha este exitoso conglomerado comercial y que estuvieron a punto de ser desembarcados por un ex dirigente que se quiso pasar de vivo. Tal como lo han explicado ahora que cuenta con un fallo favorable en segunda instancia, este largo y oneroso juicio se inició luego que tomaran conocimiento que Edilberto Robles Ramos, un ex socio de este centro comercial, pretendió apoderarse de los dos mil metros cuadrados y todas las instalaciones que tiene este centro comercial mediante una maniobra mediante la cual hizo una transferencia de la propiedad en favor de una empresa de la cual era también el representante legal. Para esto el ex dirigente falsificó un acta de asamblea en la que aparecía recibiendo el apoyo de todos los comerciantes para extenderle un poder general con la particularidad que le otorgaban también el derecho a vender o transferir las propiedades. Los comerciantes alegaron desde un primer momento que esa acta no existía y si es que la esgrimen como elemento de prueba es solo falsa por que los demás socios aseguran no haber extendido autorización alguna. Lo cierto es que el éxito comercial de “Bahía Center” lleva a muchos a pretender sacar provecho del mismo. Lo importante es que cuando la justicia no se presta a subterfugios se obtienen estos fallos que solo responden a la expectativa de quienes se han visto perjudicados.
COMISO
Un gran labor viene realizando en nuestra ciudad el Direector de la Oficina de SUCAMEC, coronel (a) Roberto Lanatta Corcuera, quien tiene la misión de supervisar todo lo relacionado con el manejo de las armas. Hace solo unos días intervino a una empresa de seguridad que presta servicios a una importante empresa pesquera y en el mismo interior de la Planta, en donde tenían su almacén de seguridad, decomisó nada menos que 42 armas y municiones pues la empresa no contaba con autorización para el manejo del armamento. Lo que pocos saben es que estas empresas de seguridad son tercerizadoras y que los propietarios son los mismos dueños de las plantas pesqueras que para eludir cualquier situación difícil colocan al frente de las mismas a terceros. Habrá que sancionarlos con todo el peso de la ley.