De manera sorpresiva y sumamente sospechosa, la semana pasada la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de la República, que preside el juez supremo César San Martin Castro, ha modificado la ejecutoria suprema que dos semanas antes había dictado en el escandaloso caso conocido como “Desratización” ya ha reducido la pena impuesta al condenado Santiago Humberto Reyes Asenjo de seis años de cárcel efectiva a cuatro años de prisión condicional, con lo cual el sujeto salió en libertad.
Decimos que esta decisión se ha adoptado de una manera sospechosa en la medida que se ha expedido a través de una suerte de “fe de erratas”, después que se emitiera la ejecutoria suprema que puso fin a la instancia y dejando por los suelos el principio de seguridad jurídica que rige en el país.
Lo que tenemos que recordar es que este caso de la “desratización” es uno de los escándalos que nos dejó la red de corrupción en Áncash, fue un escandaloso fraude que se perpetró como consecuencia del concierto delincuencial de ex funcionarios de la Sub región Pacífico con empresarios que se prestaban para esta clase de corruptelas por la cual convinieron en ejecutar un programa de fumigación y desratización en la provincia del Santa y finalmente no hicieron nada pero cobraron más de 3 millones de soles.
Todo este escándalo quedó al descubierto en su debida oportunidad, estalló gracias a la intervención de la prensa que desnudó no solo la manera oscura como se tramitaban los procesos de selección sino porque en este caso se estableció que el veneno que supuestamente se había utilizado no fue adquirido al único importador que existe en el país, de tal suerte que se utilizó un producto que no corresponde o sencillamente no se hizo nada, como finalmente se comprobó.
Todo ello fue materia de un prolongado juicio en el que la justicia estableció de manera fehaciente la responsabilidad de los investigados y los condenó a penas efectivas, en setiembre del año pasado una docena de efectivos de la Policía Judicial rodearon a los procesados que estaban en el banquillo de los acusados y escucharon la condena que obligó a que los trasladen al penal de Cambio Puente.
Sin embargo, hace dos semanas atrás la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió la casación planteada por los sentenciados y ratificó en parte la condena dictada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa con la diferencia que decidió, bajo criterios que nadie llega a comprender, reducir las penas establecidas para cada uno de los sentenciados, al extremo que dos de ellos consiguieron salir en libertad.
Así por ejemplo al ex alcalde Luis Arroyo Rojas le redujeron la pena de 15 a 12 años, al empresario Wilder León Portalatino de 15 a 10 años, a los ex funcionarios Luis Caipo Paredes y Dique Vásquez Anticona de 10 a 7 años y así a todos los involucrados que deberían permanecer purgando su condena, con excepción de Yoni Benites Saldaña y Wilmer Alcántara Huertas a quienes le convirtieron la pena efectiva de 5 y 3 años en pena condicional, con lo cual quedaron en libertad.
Con esta decisión se cerraba definitivamente este caso y estaba pendiente la revisión de la condena que se ha impuesto a otros sentenciados capturados posteriormente y cuyo trámite también debe haber llegado a la misma instancia de la Corte Suprema.
Sin embargo, de manera sorpresiva la semana pasada la misma Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha remitido una nueva ejecutoria en la que se desdice de la pena impuesta al condenado Santiago Humberto Reyes Asenjo, a quien ya había rebajado su sanción de 7 a 6 años, empero, en esta oportunidad comunica que en realidad le corresponde la pena de 4 años de prisión condicional, con lo cual salió en libertad.
¿Es posible que una Sala Penal de la Corte Suprema pueda modificar su ejecutoria a través de una suerte de fe de erratas? ¿Puede aceptarse como un “error” la modificación de una pena efectiva de seis años a una condena de cuatro años de prisión condicional? ¿Qué manejos desconocidos hay detrás de todo esto que enturbia una vez más la majestad de la administración de justicia?
Y es que no puede ser menos evidente que no puede calificarse como un error la variación de la pena en la manera como lo ha hecho la Corte Suprema de la República, no hay que hacer mucho esfuerzo para convenir que allí existe gato encerrado.
Esto es más cierto aun si se tiene en cuenta que en la ejecutoria suprema que expidió la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando redujo la pena de Santiago Reyes Asenjo de 7 a 6 años de cárcel efectiva, señaló de manera expresa y taxativa que su castigo concluiría el 12 de septiembre del 2022, lo que quiere decir que los magistrados fueron conscientes de la pena que estaban dictando en ese momento existe lugar a pensar que existe un margen de error o una confusión que puede dar lugar a cambiar la sentencia final.
De la misma manera, se tiene que tener en cuenta que cuando una ejecutoria suprema se notifica a las partes consolida un caso de cosa juzgada, una resolución que no puede ser modificada o desacatada por ninguna entidad o autoridad, sin embargo, que la propia instancia lo haga significa que puede corregirla solo por algún error material pero no para desnaturalizarla como lo ha hecho de manera escandalosa la Sala Penal Suprema.
El procurador anticorrupción Richard Asmat ha remitido un informe a sus superiores de la procuraduría nacional anticorrupción para que se investigue a los jueces supremos en la medida que se trata de un caso escandaloso, inclusive, cuestiona el hecho que al fijar la reparación civil hayan establecido que será cubierta “de acuerdo a las posibilidades de los sentenciados”, lo cual es un despropósito que deja margen a un escenario en el que todos los sentenciados eludan el resarcimiento por el delito cometido.
En realidad no hay que ser ni siquiera entendido en leyes como para colegir que en este caso hay gato encerrado, que ni siquiera una ejecutoria suprema es capaz de determinar seguridad jurídica y nos lleva a interrogarnos si la justicia está realmente a merced del mejor postor, pues se cambian las penalidades de manera temeraria y descarada. Esto no puede permitirse y esperamos que el procurador anticorrupción insista en su pedido para que se investigue que es lo que ha pasado en este caso que se ha permitido que algunos de los que se llevaron en peso los recursos de la región sigan paseando en las calles y no paguen sus culpas como corresponde.