Hasta hace unos años era usual para los chimbotanos escuchar en la radio y en la televisión al ex presidente regional César Álvarez Aguilar gritando que no tenía una sola denuncia en su contra en el Ministerio Público o el Poder Judicial, ello a despecho que se trataba de una de las gestiones públicas mas cuestionadas hasta entonces y que buscaba borrar las huellas de las acusaciones a la usanza de la red de corrupción.
Eran los tiempos en los cuales el ex presidente regional y su entorno arremetían no solo contra sus pocos opositores sino que repartían cupos a diestra y siniestra para eludir las vallas de la acción de la justicia, las denuncias públicas o eran ignoradas por fiscales venales o sencillamente terminaban archivadas, como se comprobaría tiempo después cuando se decidió revisar estos casos.
Es evidente que tras la caída de lo que la comisión Áncash del Congreso de la República calificó como la red de Corrupción, comenzaron a aparecer las pruebas y las investigaciones realizadas a todas aquellas obras e inversiones realizadas en la gestión de César Álvarez. Inclusive, se encontró un enjambre de obras paralizadas por falta de presupuesto que fue desviado para promover el inicio de otras obras que quedaron en similar situación, es decir que lo que se buscó es amasar los diezmos y dejaron que las obras queden abandonadas a su suerte.
Una de estas obras es el modulo judicial de Nuevo Chimbote, la enorme edificación que se hizo exclusivamente para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y para cuyo efecto el gobierno regional de Ancash destinó millones de soles en convenio con el entonces Presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein, dinero que fue manejado al mismo estilo de la red de corrupción.
Desde aquel entonces los medios de comunicación denunciaron las irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra, las empresas manejadas por empresarios que se prestaron a un régimen absoluto de corrupción fueron las que obtuvieron la buena pro y, como ocurrió con la mayoría, dejaron por varios años abandonada la obra cuando se encontraba con un importante avance físico.
Debieron pasar muchos años para que se concluyan los acabados y pueda ser inaugurada en una primera etapa, empero, este proyecto no solo implica la construcción de un edificio sino que tiene el complemento de su equipamiento pues se ha levantado un edifico destinado exclusivamente al funcionamiento de salas de audiencias, juzgados y salas penales, así como instalaciones para .la recepción de expedientes, la recepción de detenidos y todo aquello que requiere el nuevo modelo procesal penal.
Se estimaba que sería una de las modernas edificaciones más importantes del norte del país en lo que se refiere al servicio de administración de justicia, sin embargo, en la medida que todas las obras estuvieron sometidas a los manejos turbios de entonces, el módulo judicial quedó en las mismas condiciones y tras la caída y el encarcelamiento del ex presidente regional se pudieron hallar las pruebas de todo lo que por entonces se denunció.
Por ello son investigados desde hace unos años César Álvarez Aguilar, los ex gerentes de la Sub Región Pacífico Pamela Bermúdez Rodríguez y Juan Carlos Gallo Zegarra, así como los ex funcionarios que manejaron el comité de adjudicaciones, así como los empresarios que obtuvieron la buena pro.
Esta pesquisa ha llegado a la instancia del juicio oral, esto es lo que ha decidido la semana pasada el Juez anticorrupción Eudosio Escalante Arroyo luego de escuchar los alegatos de los abogados defensores y de rechazar los pedidos de sobreseimiento que plantearon en la peregrina idea que podían desvirtuar los cargos en esta fase del proceso, cuando ello es imposible mientras se mantengan los elementos probatorios que han llevado a las autoridades a realizar una prolija investigación en este caso.
De la misma manera, los pobladores de Chimbote y de todo Áncash no podrán olvidar este caso en la medida que es el mismo que generó una grave denuncia a nivel nacional en razón que en la época de la red de corrupción se desviaron los presupuestos destinados a la ejecución de la obra para financiar el viaje de un numeroso grupo de magistrados para capacitarse en lo que representaba el nuevo modelo procesal penal.
Desde entonces se colocó sobre todo este entuerto un justificado manto de sospecha en la medida que resulta sumamente sintomático que una autoridad que era totalmente cuestionada y que contaba con muchas denuncias por delitos contra los deberes de función se ponga al frente de una campaña para beneficiar a magistrados con cursos de capacitación que, siendo necesarios, no debieron contaminarse con el manejo dispendioso de los recursos de la región en estos menesteres.
Hubieron quejas que llegaron a la Oficina Nacional de Control de la Magistratura, los propios magistrados debieron inhibirse por decoro del conocimiento de los procesos relacionados con los ex funcionarios de la red de corrupción, aun cuando esto no era imperativo en la medida que no existía causal de por medio.
Lo cierto es que hemos llegado a la etapa final del proceso penal, el Juez ha considerado viable el juicio oral en la medida que se mantienen los cargos delictivos formulados por el Ministerio Público y se hace evidente investigar la ejecución irregular de una obra que inició hace muchos años y hasta la fecha no ha cumplido su objetivo, si bien ha sido terminada en lo que se refiere a su concepción física, no cuenta con el equipamiento correspondiente y por ello se mantiene todavía paralizado.
No se puede olvidar que en este proyecto se presupuestó más de 14 millones de soles, se desviaron fondos para la capacitación de magistrados y se desconoce si en la liquidación final se han considerado más recursos, lo cierto es que la obra se ha ejecutado en medio de un sinfín de irregularidades que la justicia tiene que calificar. En este caso un juicio más si importa para una ex autoridad que alardeaba de no tener denuncia alguna y que ahora purga carcelería por un enjambre de ellas. Veremos que sucede en el banquillo.