AUDIENCIA
Luego que el Jurado Nacional de Elecciones, conforme al turno de llegada hizo el proveído correspondiente de acuse de recibo del escrito de apelación contra el acuerdo de Consejo Regional de Áncash, mediante el cual se declaró improcedente la vacancia del suspendido gobernador Waldo Ríos Salcedo, y ha señalado fecha para la audiencia de vista de la causa, muchos medios huaracinos se han adelantado a especular sobre una posible salida del Gobernador Luis Gamarra Alor. Es evidente la ignorancia que muestran esos portales en la medida que la audiencia fijada por el organismo electoral no establecerá la obligación de elegir a un nuevo Gobernador como se viene especulando, lo que hará el JNE es revisar el acuerdo de consejo que ha declarado improcedente el pedido de vacancia en la medida que no existe certeza que la sentencia condenatoria contra el referido haya quedado ejecutoriada en la medida que se presentó un recurso de revisión. Los magistrados del ente electoral calificarán si ello es así, sino lo es procederán a desestimar el acuerdo y ordenarán que se califique la vacancia, de lo contrario, solicitarán informes a la corte suprema y tomarán una decisión. Sin embargo, lo que se tiene que tener en cuenta que esta es la primera vez que el organismo electoral, en última instancia, revisará el caso de Áncash en donde se ha presentado una figura jurídica que nunca antes se ha configurado, como es el encarcelamiento de un gobernador y de su vice gobernador que lo remplazaba perentoriamente, de tal suerte que aquí se tiene que interpretar la ley orgánica de los gobiernos regionales en la medida que el pleno del consejo regional de Ancash ya ha elegido a un Gobernador encargado y, por lo tanto, la vacancia del primer gobernador vacado no puede dar lugar a otra elección, eso solo significaría que se genere más inestabilidad en un gobierno regional que se está poniendo en orden después de tantos desbarajustes con el encarcelamiento de sus máximas autoridades. Eso es algo que los vocales del JNE deben tener en cuenta y sobretodo, generar jurisprudencia vinculante que se debe aplicar en el futuro si se vuelven a presentar estos escenarios “sui generis”.
PISTOLEROS
No sabemos si serán los Pistoleros, los malditos o si tendrán otro nombre, pero que en la vecina provincia de Casma venía operando una organización criminal que se dedicaba al sicariato, la extorsión, el asalto y robo, la tenencia ilegal de armas y otros, esa era una verdad de Perogrullo. Y lo sabe bien la Policía, es la misma organización que, por encargo de terceros, ordenó el crimen del alcalde José Montalbán Macedo y la abogada Milagros Aponte Roque, es la misma que ordenó crímenes diversos en las calles casmeñas como consecuencia de las disputas por el chalequeo a las minas informales de la zona alta de Huanchuy. Por ello no extraña que ahora, con la intervención de la fiscalía de crimen organizado, se haya llevado adelante un megaoperativo durante toda la madrugada y con presencia de Fiscales llegados de otros puntos del país, para allanar 26 inmuebles y 14 celdas de diferentes Penales de la localidad, habiéndose detenido a 19 personas estrechamente vinculadas a esta organización delictiva. Ahora lo que se espera es que el Poder Judicial no esgrima un colador que termine liberando a la mayoría de ellos, como ha ocurrido en otros operÂÂ ativos, como el realizado con los sanguinarios de Coishco y Santa o el de “Los Orellanitas” que al final solo dejaron presos a un pequeño grupo.
EFECTIVIDAD
Cuando la justicia quiere hacer las cosas bien y con celeridad, las hace. La muestra está en el caso de los investigados por caso de Lavado de Activos que han sido juzgados en solo 5 días por los integrantes del Colegiado “A” de la Sala penal Nacional, quienes llegaron a nuestra ciudad con la finalidad de resolver exclusivamente este caso. Su presencia obedecía al hecho que siendo procesados de otros penales fueron “lanchados” a nuestro Puerto y por ello decidieron venir a Chimbote para juzgarlos, aun cuando en otros casos han apelado a la videoconferencia. En solo cinco días Joel Nique Quispe Rodríguez y Aníbal Manuel Quiroz Córdova, fueron condenados a ocho años de cárcel, tras ser hallados responsables del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, delito previsto y sancionado en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 27765. Si así pudieran resolver otros casos la justicia sería más expeditiva.