Hace un año la Universidad Nacional del Santa debió hacer frente a una crisis institucional debido a la presencia de dos autoridades que reclamaban los mismos derechos y atribuciones como máxima autoridad de la institución, lo que dio lugar a que por un tiempo esta casa universitaria contará con dos rectores.
Solo la expedición de un fallo del Tribunal Constitucional pudo convencer a la ex rectora América Odar Rosario que tenía que dejar el cargo, que su designación a cargo del consejo universitario ya había caducado por mandato de la ley universitaria y que por ello se convocaron a elecciones internas en lad que, por mucho que se cuestione el procedimiento, resultó electo Sixto Díaz Tello, quien estaba legalmente facultado para remplazarla.
Lamentablemente esto no lo entendió así la Dra. América Odar y por esa razón la UNS debió desempeñarse con dos autoridades, algo que en cualquier lugar del mundo resulta pernicioso al margen de lo bochornoso que es para la imagen de la institución y para la estabilidad que requiere cualquier entidad para un manejo responsable.
Pese a lo perjudicial que resultó todo esto para la UNS el mismo escenario se avizora en la Universidad Privada San Pedro, claustro universitario que alberga a cientos de estudiantes y que está ingresando a una nueva crisis como consecuencia de la precariedad legal de su rector José María Huamán Ruiz, quien ha sido condenado por la justicia.
Ello porque la semana pasada ya la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, (SUNEDU) ha comunicado que se ha denegado al docente principal José María Huamán el registro de firma para la validación de los grados y títulos porque consideran que es una autoridad que ha vacado en el cargo de rector, que está legalmente desautorizado para ejercerlo, y, por ende, para dicha instancia administrativa no es el rector.
Este pronunciamiento fue rechazado por Huamán Ruiz de inmediato por medio de un comunicado en el que repite su ya conocida posición relacionada con la sentencia condenatoria expedida en doble instancia en su contra, precisando que aquella se encuentra impugnada al haberse interpuesto recurso de casación, de tal suerte que mientras no se pronuncie la Sala Penal de la Corte Suprema no se puede ejecutar ni se consolida la causal de vacancia que prevé la ley universitaria y el reglamento interno de la propia Universidad.
En otras palabras, José María Huamán no tiene la menor intención de dar dar un paso al costado y cederle el sillón de rector a Gilmer Díaz Tello, como ocurrió en julio pasado cuando la Sala Penal de Apelaciones de nuestra ciudad revocó la sentencia de pena efectiva que dictó en su contra un Juzgado Unipersonal y decidió que la pena sea condicional, es decir que cumpa la condena en libertad.
En esa ocasión todos deben recordar que el rector (e) Gilmer Díaz no necesitó que se reúna el consejo o la asamblea universitaria para que deje sin efecto su mandato, como correspondía, por el contrario, apenas vio la figura de Huamán acercándose al despacho se puso de pie y se apuró en salir junto a funcionarios de su corta gestión.
Así las cosas, dudamos que el rector (e) Gilmer Díaz Tello se atreva a ingresar a despachar, seguramente que tendrá sus propias oficinas y hará un despacho paralelo, con el handicap que cuenta con es respaldo de la autoridad que controla y supervisa el sistema universitario del país; como es la SUNEDU.
Nuevamente, entonces, quien pierde en todo este conflicto no son las autoridades que disputan el máximo cargo, tampoco los docentes que no pueden distraerse de la marcha académica en medio de todas estas escaramuzas, por el contrario, los grandes perdedores son, como no podría ser de otra manera, los estudiantes, especialmente aquellos que han concluido exitosamente sus estudios y se encuentran en fase de graduación y titulación.
Ellos no tienen protección alguna frente a estos incidentes publicados ente autoridades, solo les queda esperar alguna salida legal o Judicial a efectos que sus documentos finales no vayan a ser desconocidos o desautorizados al culminar la carrera universitaria, no quisiéramos estar en su pellejo habida cuenta que debe ser muy complicado concluir una larga carrera de largos años de formación académica y se encuentren de pronto con que sus documentos para su titulación pueden ser rechazados sino llevan las rúbricas y firmas que corresponden.
Lamentablemente esto era previsible, desde el mes de agosto que se revisó el retorno de José María Huamán al cargo después de haberse mantenido como prófugo de la justicia durante cuatro meses, oportunidad en la que se advirtió la precariedad legal que ostentaba, se sabía perfectamente que esta situación perjudicaría nuevamente a la Universidad, como que ya viene ocurriendo.
En esa ocasión no hubo nadie quien le salga al paso, por ello es que hoy, después de tres meses seguimos como al principio; con un rector cuestionado y descalificado para el cargo aunque con la diferencia que esta vez no solo lo dicen los medios de comunicación, los estudiantes o los egresados, ahora quien lo sostiene es nada menos que la máxima autoridad que gobierna el sistema Universitario del país y ella si es palabra autorizada.
No sabemos que podría pasar con la universidad San Pedro, la pertinacia y la ambición domina a sus autoridades y advierte que ellas serán los principales ingredientes de un nuevo enfrentamiento en todos los ámbitos, por lo menos hasta que a la Corte Suprema se le ocurra poner punto final pronunciándose finalmente respecto a la sentencia condenatoria que se le ha impuesto al rector José María Huamán.
La incertidumbre nuevamente se apodera de la comunidad universitaria, todo indica que nos hallamos frente a dos rectores otra vez, una misma universidad con dos cabezas que no darán su brazo a torcer y, mientras tanto, nadie se percata que los estudiantes están en el medio y no conocen que es lo que pasará mañana o más tarde.