CARABINA
Aun cuando muchos entienden que debe ser bien complicado, la Alcaldesa Provincial Victoria Espinoza García ha debido ensayar su mejor sonrisa y morderse la lengua para recibir a casi medio millar de pobladores de los pueblos jóvenes ubicados en las 217 hectáreas. Ello porque al ritmo que se desenvuelven las cosas se estaba quedando como la “mala de la película”, como la única autoridad que estaba a favor del desalojo violento, por mucho que luego haya tratado de dorar la píldora señalando que primero propugna el diálogo. Lo cierto es que nadie de su entorno advirtió que ella era la única que estaba nadando sobe una piscina sin agua pues mientras todos reconocen que es imposible un acto de desalojo de los pueblos levantados en esos predios, la alcaldesa insistía que se trataba de un tema estrictamente legal y que correspondía resolver al gobierno regional, soplándole la pluma a su correligionario Luis Gamarra Alor, con quien se ve y saluda todos los domingos cuando van a estadio a ver a jugar a Gálvez, pero tal parece que no tocan temas relacionados con la política. Tratándose de la primera autoridad de la provincia, era poco elegante que la única autoridad que no se entrevistaba con los dirigentes y los propios pobladores resulte siendo la alcaldesa provincial por ello es que la burgomaestre convocó a sus funcionarios y promovió una tertulia en la que, tal como era previsible, salieron a la luz muchos temas en los que coincide con los posesionarios de los predios de Chinecas. Uno de ellos, quien sabe el más peliagudo, es el relacionado con el tráfico de terrenos, en el que ambos bandos coincidieron en hallar la manera de desterrarlo y por ello señalaron la necesidad de terminar con los enormes corralones que se ven en muchos sectores, en donde los especuladores de terreno se han reservado miles de metros cuadrados a la espera que se los adjudiquen. Por allí empezará la cosa, por identificar cuáles son esos terrenos en donde no existe necesidad de vivienda sino ambición de lucro para acaparar terrenos. Veremos qué es lo que sucede más adelante.
ABSURDO
La Presidenta de la Junta de Fiscales Cecilia Zavaleta Corcuera, debe pegarle su jalón de orejas al sistema de seguridad que tiene su institución porque el último viernes, por poco, permiten que un ciudadanos que se estaba poniendo a disposición y que, por ende, contaba con una requisitoria, pudo haberse retirado sin que nadie lo impida. Esto ocurrió cuando el ciudadano casmeño, Luis Chiroque Chero quien se encuentra involucrado en la investigación realizada por la Fiscalía de crimen organizado y que permitió la captura de 19 personas vinculadas con la banda criminal conocida como “Los Pistoleros de Casma” llegó a la sede de la Fiscalía. El ciudadanos sostenía que estaba en la relación que dio a conocer la justicia y lo consideraban como prófugo de la justicia, razón por la cual, quería ponerse a disposición porque estaba dispuesto a que se determine su absoluta inocencia con respecto a estos hechos, no quería vivir a salto de mata porque no ha hecho absolutamente nada malo y entienden que la Fiscalía ha trabajado un mal dato. Sin embargo, los vigilantes parece que no entendían que se trataba de una persona que buscaba ponerse a derecho y en la medida que llegó la hora de salida y el Fiscal no anunciaba nada, optaron por pedirle al hombre que espere afuera del edificio, ni siquiera le ofrecieron que se mantenga en el hall interior hasta que salga el Fiscal. Y si el ciudadano se marchaba?
INEFECTIVO
A propósito de esta actitud firme y decidida del poblador casmeño que está dispuesto a ser privado de su libertad hasta que se esclarezca los cargos que se imputan en su contra, así como los vigilantes de la Fiscalía, también en la Policía Judicial son otros. Ellos fueron los que recibieron primero a Luis Chiroque y le informaron que no existía en el sistema alguna requisitoria en su contra. ¿Cómo puede ser eso posible si el Fiscal obtuvo 22 órdenes de captura de las 36 solicitudes que hizo al Juzgado anticorrupción y entre ellas se encontraba la orden contra el referido ciudadano?. Se trataba de órdenes de detención preliminar que estaban sujetas a la captura de los investigados hasta que el representante del Ministerio Público formalice la prisión preventiva o los deje en libertad. Al final el ciudadano investigado sabía más que las Policía Judicial y el propio Fiscal sobre su situación jurídica.